El observatorio independiente Urnas Abiertas informó este viernes que la oleada de nicaragüenses que han decidido migrar de Nicaragua hacia otros países resta condiciones para las elecciones del 7 de noviembre próximo, en las que el presidente Daniel Ortega busca su tercera reelección consecutiva.
“La violencia política y la persecución judicial ha generado una nueva ola de desplazamiento y migración forzada, y también un absoluto rechazo internacional al Gobierno de Nicaragua. Esta situación desemboca en un proceso sin condiciones mínimas para ser justo, creíble, legítimo, transparente y libre”, señaló Urnas Abiertas, en una cronología sobre incidentes políticos.
Organizaciones como Nicaragüenses en el Exterior (NEEM) o la Iglesia Católica han señalado que la oleada de personas que buscan salir de Nicaragua, una parte huyendo de la cascada de arrestos en contra de opositores, se han vuelto a incrementar conforme se acerca el día de las elecciones.
“La estrategia represiva ha tenido por objetivo eliminar la competencia electoral, utilizando especialmente el derecho penal del enemigo”, resaltó Urnas Abiertas.
Según la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), desde el estallido social de 2018 hasta 2020 más de 108.000 personas abandonaron su Nicaragua como producto de la crisis sociopolítica.
En informes anteriores Urnas Abiertas señaló otros elementos que restan condiciones para las próximas elecciones de Nicaragua, como el establecimiento de leyes restrictivas, el nombramiento de jueces electorales afines a Ortega, la eliminación de partidos de oposición, o el arresto de 35 líderes opositores y profesionales, incluyendo siete aspirantes a la Presidencia por la disidencia.
En el marco del proceso electoral, las autoridades nicaragüenses han arrestado a 33 aspirantes presidenciales opositores, entre ellos, a Cristiana Chamorro, Arturo Cruz, Félix Maradiaga, Juan Sebastián Chamorro, Miguel Mora, Medardo Mairena y Noel Vidaurre, investigados por supuesta traición a la patria, así como a otros dirigentes políticos y profesionales independientes.
Semanas atrás, Ortega justificó su accionar diciendo que los opositores detenidos buscaban una nueva “oleada de terrorismo” en las elecciones de noviembre. Según él, un primer intento de retirarlo del poder ocurrió en abril de 2018, durante las manifestaciones contra su gobierno reprimidas por la policía, que según organismos de derechos humanos dejaron un saldo de más de 300 muertos.
Pero la “amnistía” que en 2019 sacó de la cárcel a cientos de manifestantes detenidos durante los disturbios “no les bastó y siguieron conspirando y apostando a otra oleada de terrorismo de cara a las elecciones, descalificando las elecciones manejados por los yanquis”, sostuvo el gobernante.
La seguidilla de arrestos a opositores le ha costado a Ortega un aumento de sanciones de Estados Unidos y la Unión Europea, que le reclaman liberar a los detenidos y permitir elecciones libres y justas.
Durante una ceremonia militar, flanqueado por los jefes del ejército y la policía, el gobernante insistió en que quien “comete un crimen tiene que ser investigado y luego juzgado y castigado conforme la ley”.
Daniel Ortega, un ex guerrillero sandinista próximo a cumplir 76 años y que retornó al poder en 2007 tras coordinar una Junta de Gobierno de 1979 a 1984 y presidir por primera vez el país de 1985 a 1990, busca su quinto mandato, cuarto de forma consecutiva, y segundo con su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo.
(Con información de EFE y AFP)
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