El jefe de la GSI (Oficina de Seguridad Institucional, por sus siglas en portugués), el general Augusto Heleno, dijo que una eventual incautación del teléfono celular del presidente Jair Bolsonaro podría tener “consecuencias impredecibles”.
En una nota publicada el viernes por la tarde en su cuenta de Twitter, el ministro criticó a Celso de Mello, del Supremo Tribual Federal, quien remitió las solicitudes de los partidos de oposición y parlamentarios a la PGR (Oficina del Fiscal General) para que el celular del presidente sea incautado y examinado.
En la nota, Heleno consideró la solicitud de “inconcebible” e “increíble”. Para él, añadió, “sería una afrenta a la máxima autoridad del Poder Ejecutivo y una interferencia inaceptable de otro Poder, en la privacidad del Presidente de la República y en la seguridad institucional del país”.
“La Oficina de Seguridad Institucional de la Presidencia de la República alerta a las autoridades constituidas de que tal actitud es un intento evidente de comprometer la armonía entre los poderes y podría tener consecuencias impredecibles para la estabilidad nacional”continúa el texto, que fue interpretado como una dura amenaza.
De acuerdo con el diario Folha de S. Paulo, la carta fue criticada por líderes políticos y representantes de la sociedad civil. El presidente del Colegio de Abogados de Brasil, Felipe Santa Cruz, señaló el anacronismo y dijo que el ministro debería irse de 1964, en referencia al año del golpe militar.
“Las instituciones democráticas rechazan el anacronismo de su nota. Salga del 1964 e intente contribuir al 2020, si puede. Si no puede, #QuedeseEnCasa”, escribió Santa Cruz.
Los pedidos de informes criminales enviados a la Corte Suprema también incluyen la incautación del teléfono de uno de los hijos del presidente, el concejal Carlos Bolsonaro, además de exigir la recolección del testimonio del presidente.
La Corte Suprema recibió esas solicitudes poco después de que Sergio Moro renunciara como ministerio de Justicia y Seguridad Pública el 24 de abril pasado, haciendo serias acusaciones contra Bolsonaro.
Según el ex juez de Lava Jato, el presidente lo presionó para cambiar a la conducción de la policía federal de Río de Janeiro, en un acto de interferencia en el trabajo de la corporación, lo que viola la autonomía de la institución prevista por la ley.
Según Celso de Mello, corresponde a la oficina del fiscal analizar los cargos presentados. El decano de la STF declaró que es deber del Estado determinar “la autoría y la materialidad de los hechos criminales narrados por cualquier persona del pueblo”.
Citado por el diario O Globo, el ministro de la Casa Civil, Walter Braga Netto, negó más temprano la posibilidad de que el Gobierno diera un golpe militar, cuando fue consultado en una audiencia virtual con diputados y senadores.
“Es un gobierno democrático, es un gobierno de centroderecha. Esa es una teoría conspirativa que no existe”, dijo Braga Netto.
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