
El Senado de Chile aprobó este lunes la conocida como ley antisaqueo, impulsada tras los desórdenes públicos vividos durante las manifestaciones que desde octubre se vienen sucediendo en contra del Gobierno del presidente, Sebastián Piñera, y que es considerada desde la oposición como “un pretexto para crear un marco legal” con el que “sancionar y evitar cualquier forma de manifestación social”.
“El camino a la paz social se logra con una agenda social, no con más policías o más sanciones. La protesta social hay que protegerla, pues hoy una minoría la está afectando”, ha señalado el senador del Partido Por la Democracia (PPD) Felipe Harboe.
El proyecto de ley, que tendrá que ser ratificado en el Congreso, no ha sufrido modificaciones desde que fue presentado en el Senado y con él se busca incluir un nuevo artículo en el Código Penal con que sancionar de manera especial los delitos de saqueo con hasta cinco años de cárcel, entre otras cuestiones.

En ese sentido, el texto también ha tipificado como delito la construcción de barricadas, la obstrucción al tránsito y el lanzamiento de objetos contundentes, acciones que no alcanzarían en el peor de los casos los dos años de prisión, según ha detallado el periódico chileno La Tercera.
Sin embargo, una de las polémicas del proyecto es aquella que considera como un acto delictivo una suerte de piquete conocido como ‘el que pasa baila’, en el cual las personas obstruidas pueden tener libre circulación una vez hayan bailado con los manifestantes. Los penas para este nuevo delito alcanzarían el año de prisión.
El presidente de Chile, Sebastián Piñera, ha celebrado la aprobación de la norma en el Senado y ha subrayado la importancia de recuperar la seguridad y la paz social. “Valoro el acuerdo que permitió la aprobación de la necesaria Ley antisaqueos, encapuchados y barricadas hoy en el Senado. Recuperar la seguridad de las familias y la paz social requiere una fuerte voluntad de nuestros parlamentarios y un compromiso con la paz que debe convocarnos a todos”, afirmó en Twitter.

Por su parte, el ministro del Interior, Gonzalo Blumel, ha destacado la “amplia mayoría” con la que el Senado ha aprobado la norma, que ahora deberá ser ratificada en la Cámara Baja, y ha recalcado que “el resguardo del orden público es una garantía democrática”.
Para la oposición, el problema con la norma antisaqueos radica en ver “cómo se llevan a cabo las manifestaciones”, pues en un principio el proyecto, han dicho, “atenta contra el legítimo derecho a la protesta”, y es inútil, pues “las figuras que se dicen querer implantar ya existen en el Código Penal”, por lo que se pretendería “aumentar una aparente sensación de seguridad a la población”.
Desde el Partido Socialista se ha defendido que si bien ellos votarán a favor de castigar los saqueos, “no se puede considerar como protesta social hechos delictivos que sí deben ser sancionados”.
Por su parte, desde la bancada oficialista, el senador de Evolución Política Felipe Kast ha criticado la “falta de seriedad tremenda” de la oposición por “oponerse a cualquier tipo de reforma que busque garantizar el orden público”, pues, ha explicado, les estarían haciendo “una campaña de rechazo” a la nueva Constitución, cuyo plebiscito será el próximo 26 de abril.
(Con información de Europa Press)
MÁS SOBRE ESTOS TEMAS:
Últimas Noticias
Chile impulsa un proyecto de cable submarino con China que pone en alerta a la región
El plan despertó dudas sobre la aplicación de la Ley de Ciberseguridad china y el posible acceso de servicios de inteligencia a datos regionales

Luis Arce dice que vienen “tiempos difíciles” y ya pide prepararse para “salir a las calles”
A menos de dos meses de culminar su gestión, el jefe de Estado boliviano pidió unidad a las organizaciones sociales para “empezar la lucha”

Referéndum en Ecuador: el correísmo no podrá hacer campaña
El partido del ex presidente Rafael Correa quedó excluido porque su postura no fue definida por la Convención Nacional

Crisis en el periodismo nicaragüense bajo la dictadura de Ortega: “Es un genocidio informativo”
La Fundación por la Libertad de Expresión y Democracia presentó un informe en el que detalla cómo el aparato gubernamental ha convertido la libertad de prensa en un objetivo a erradicar
