La Asamblea Nacional (Parlamento) de Nicaragua anunció este jueves que reformará la Ley Electoral, una demanda de la oposición y de la comunidad internacional, ante la sangrienta crisis que vive el país.
El anuncio lo hizo el presidente del Legislativo, Gustavo Porras, miembro del oficialista Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), que goza de una amplia mayoría en la Asamblea Nacional nicaragüense.
Las reformas a la Ley Electoral buscarán “fortalecer el voto popular, el sistema de partidos políticos, la organización electoral y el sistema técnico electoral”, agregó Porras, al presentar la agenda anual del Parlamento, durante la Sesión Solemne para la apertura de la XXXVI Legislatura.
El presidente de la Asamblea Nacional, quien desde 2019 tiene sanciones internacionales por promulgar “leyes represivas”, no brindó detalles sobre el proceso de reformas electorales, frente a unos comicios previstos para noviembre de 2021.
Las reformas electorales son una antigua demanda de la oposición y de la comunidad internacional, debido a que supuestos fraudes dirigidos por el Consejo Supremo Electoral han permitido reelecciones continuas del presidente Daniel Ortega y de las autoridades del FSLN, desde que este volvió al poder en 2007.
El anuncio no ha garantizado cambios profundos, ya que las reformas únicamente serán consultadas entre los partidos políticos tradicionales, según el antiguo diputado opositor y actualmente sandinista Wilfredo Navarro.
“Aquí no vamos a traer a lesbianas, a gays, para que hablen de cuestión de elecciones”, dijo Navarro, al referirse, de manera despectiva, a los movimientos opositores creados durante el levantamiento popular contra Ortega en abril de 2018, y que consideran a los políticos tradicionales como colaboradores del FSLN.
Las reformas que demandan la oposición y la comunidad internacional son unas que permitan el adelanto de las próximas elecciones, y que estas sean “libres, justas, transparentes y observadas”, sin opción de reelección.
Los opositores sostienen que el anticipo de las elecciones de 2021 es urgente, ya que el Gobierno de Ortega supuestamente continúa realizando ejecuciones selectivas de disidentes, sobre todo campesinos.
También alegan que desde la vuelta de Ortega al poder no se divulgan los resultados totales de las elecciones, los padrones sufrieron alteraciones, se prohibió la observación electoral, se expulsaron a los fiscales no oficialistas, se eliminaron posibles electores, y aparecieron difuntos entre los votantes.
Además creen que Ortega podría dirigir un fraude electoral sin problemas, ya que este, además de presidir el Ejecutivo, controla los poderes Electoral, Judicial y Legislativo, la Policía, el Ejército, las alcaldías y algunos partidos opositores.
En los últimos 20 meses la crisis sociopolítica ha dejado al menos 328 muertos en Nicaragua, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh), que responsabilizan al Gobierno por la violencia.
Aunque organizaciones locales cuentan hasta 651 víctimas, Ortega reconoce 200, y explica que se defiende de un “golpe de Estado fallido”.
Nicaragua no vivía una crisis similar desde los años 1980 a 1990, también con Ortega como presidente.
(Con información de EFE)
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