La titularidad de diputado en Les Corts de Carlos Mazón determina que cualquier investigación judicial en su contra dependa directamente del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV). Según informó el TSJCV a través de su cuenta en la red social X, la magistrada responsable de la instrucción sobre la tragedia del 29 de octubre de 2024 en Valencia ha remitido una exposición razonada ante la Sala de lo Civil y Penal de dicho tribunal, con el propósito de solicitar que se analice la posible responsabilidad de Mazón en la gestión de la emergencia. La catástrofe, provocada por intensas lluvias, causó la muerte de 230 personas y ha despertado amplias demandas de esclarecimiento sobre el manejo de la situación por parte de las autoridades autonómicas.
El medio TSJCV detalló que la magistrada de Catarroja toma esta decisión en el marco de la investigación sobre la gestión política y administrativa de las riadas que afectaron gravemente a la provincia de Valencia. La exposición razonada constituye un paso formal para que el tribunal superior valore si procede abrir una investigación formal contra quien hasta hace poco ostentó el cargo de president de la Generalitat.
En este procedimiento judicial continúan como investigados la exconsellera de Justicia e Interior Salomé Pradas y su entonces secretario autonómico, Emilio Argüeso. Tal como publicó el TSJCV, estos dos responsables ocupaban cargos clave en la estructura del Govern valenciano durante los días críticos en los que se produjeron las riadas.
La competencia sobre Mazón recae en el TSJCV debido a su escaño en Les Corts, pese a haber dejado la presidencia de la Generalitat. Este estatus le otorga el fuero especial ante el citado tribunal, lo que obliga a la jueza instructora a elevar la causa para que el órgano judicial superior decida sobre su posible implicación y, en su caso, tome decisiones sobre la continuación de las indagaciones.
La investigación, activa desde poco después de la tragedia, se ha centrado en analizar la actuación institucional, las decisiones adoptadas ante las alertas meteorológicas y la gestión de los recursos de emergencia. Según consignó el medio TSJCV, la jueza ha venido recopilando pruebas documentales y testimonios, así como analizando protocolos de actuación y coordinación entre las distintas áreas de la administración autonómica y local.
En el contexto de las diligencias, el papel desempeñado por Pradas y Argüeso ha sido objeto de especial escrutinio, dado que desde las áreas de Justicia e Interior se coordinan tanto los cuerpos de seguridad como los servicios de emergencia y protección civil. La investigación pretende determinar si existieron omisiones, retrasos o fallos que hayan podido contribuir al elevado número de víctimas mortales.
De acuerdo con el TSJCV, al elevar la exposición razonada la magistrada cumple el procedimiento establecido cuando existe un posible aforado en la causa. Este trámite no implica una acusación formal, sino que abre la vía para que la Sala de lo Civil y Penal del tribunal analice los hechos y valore si existen indicios suficientes para una investigación penal.
Conforme avance la causa, el TSJCV irá trasladando nuevos detalles sobre la decisión del tribunal respecto a Mazón y sobre la posible ampliación de responsabilidades. Por el momento, la instrucción mantiene como imputados a Pradas y Argüeso, mientras el foco se traslada hacia una posible vinculación de Mazón con las decisiones tomadas durante la catástrofe del 29 de octubre, cuyas consecuencias siguen bajo examen judicial.
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