La Unión Europea ha prorrogado seis meses más, hasta julio de 2026, las sanciones comerciales y económicas que el bloque impuso gradualmente al Gobierno de Vladimir Putin desde 2014 por las sucesivas acciones para desestabilizar Ucrania, desde la anexión de Crimea hasta la invasión del país en febrero de 2022.
Se trata de distintas medidas coercitivas sobre un amplio espectro de sectores, desde restricciones al comercio hasta medidas sobre la energía y las finanzas, pasando por acciones que afectan a la industria tecnológica, a los bienes de doble uso civil y militar, el transporte y los bienes de lujo.
Asimismo, hay sanciones dirigidas a prohibir las importaciones o transferencia de petróleo crudo y ciertos productos petrolíferos transportados por mar desde Rusia a la UE, así como la desvinculación de varios bancos rusos del sistema SWIFT.
Por último, el paquete prorrogado también abarca la suspensión de las actividades de difusión y las licencias en la Unión Europea a varios medios de desinformación respaldados por el Kremlin y medidas específicas para contrarrestar desde la UE la elusión de sanciones.
En un comunicado, el Consejo de la UE (gobiernos) advierte de que mientras persistan las "acciones ilegales" por parte de Rusia que violan las normas fundamentales del Derecho Internacional, la UE continuará considerando pertinente mantener en vigor "todas las medidas" adoptadas por el bloque, que tomará decisiones "adicionales", "si es necesario".
REPRESIÓN EN RUSIA
En otra decisión adoptada este lunes, el Consejo también ha incluido los nombres del juez Dimitri Gordeev y la fiscal Liudmila Balandina en la lista de sancionados por su vinculación con violaciones de Derechos Humanos y ser cómplices de la represión en Rusia.
La Unión Europea considera que con sus reiteradas acciones, ambos han contribuido a la represión de la sociedad civil y a silenciar a la disidencia, con el objetivo de "legitimar" la narrativa del Kremlin que equipara las crítica a la invasión rusa de Ucrania o las críticas al Ejecutivo de Putin a acciones terroristas o extremistas.
Las sanciones suponen la congelación de los activos que estos dos individuos tengan en territorio comunitario y prohíben, además, toda transferencia con ellos o apoyo financiero por parte de ciudadanos o empresas de la Unión. Además queda prohibida la entrada, tránsito o salida de suelo europeo del juez y la fiscal.
En concreto, la Unión considera al magistrado del Tribunal Municipal de Moscú, Dimitri Gordeev, responsable de reiteradas sentencias con motivos políticos contra figuras de la oposición y defensores de Derechos Humanos.
Por ello, el Consejo de la UE le reprocha haber demostrado un "desprecio sistemático por los estándares fundamentales de justicia imparcial", por ejemplo por negarse de manera sistemática a examinar pruebas exculpatorias y aceptar del mismo modo informes policiales no verificados o copiados de sus antiguos colegas. Estas prácticas, consideran los europeos, "revela parcialidad, conflicto de intereses y falta de independencia judicial".
En el caso de la fiscal Liudmila Balandina, las medidas responden a graves violaciones de los Derechos Humanos y la represión contra personas críticas con las autoridades rusas o que apoyan a Ucrania.
Según la Unión Europea, Balandina ha "abusado sistemáticamente de su cargo como fiscal del Estado para presentar cargos con motivaciones políticas, empleando una retórica ideológica alineada con la propaganda del Kremlin y buscando castigos excesivos por actos de expresión pacíficos".
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