El Gobierno aprobará previsiblemente mañana en el último Consejo de Ministros del año los criterios de aplicación de la prórroga para 2026 de los Presupuestos Generales del Estado de 2023, que son los que actualmente están en vigor ya que en 2024 y en 2025 no se han aprobado unas nuevas cuentas públicas.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 134.4 de la Constitución Española, "si la Ley de Presupuestos no se aprobara antes del primer día del ejercicio económico correspondiente, se considerarán automáticamente prorrogados los Presupuestos del ejercicio anterior hasta la aprobación de los nuevos".
No obstante, el Gobierno tiene que aprobar a finales de año los criterios de aplicación para la prórroga presupuestaria en caso de no contar con unas nuevas cuentas públicas. Este trámite se suele abordar y aprobar en el último Consejo de Ministros del año.
Así, los Presupuestos Generales del Estado (PGE) del año 2023 se prorrogarán automáticamente por tercera vez el próximo 1 de enero, a la espera de que a lo largo de la primera parte del año el Gobierno de Pedro Sánchez presente y saque adelante en las Cortes Generales un nuevo proyecto para las cuentas públicas de 2026.
Se trata de la undécima prórroga presupuestaria de la democracia, ya que sucedió anteriormente con las cuentas de 1978, 1982, 1995, 2011, 2016, 2017, en dos ocasiones los de 2018 y ahora por tercera vez con las de 2023.
Ante un arco parlamentario tan fragmentado, especialmente tras la ruptura definitiva anunciada por Junts, el Ejecutivo tendrá que esforzarse por recabar los apoyos suficientes para que puedan ver la luz unas nuevas cuentas públicas en España.
Lo que ya tiene listo el Ejecutivo es el límite de gasto no financiero, conocido como 'techo de gasto', del Presupuesto del Estado para 2026, que se eleva a la cifra récord de 216.177 millones, así como la senda de déficit y deuda para las administraciones públicas, pese al rechazo del Congreso.
Ya que la senda de déficit fue rechazada por la Cámara Baja, entrará en vigor la plasmada en el plan fiscal estructural a medio plazo remitida el año pasado a Bruselas, que deja menos margen de gasto a las comunidades autónomas y otorga mayor flexibilidad a la Administración Central.
El déficit fijado para el conjunto de las administraciones públicas bajará desde el 2,1% en 2026, al 1,8% en 2027 y al 1,6% en 2028. Por el lado de la deuda pública, el Gobierno ha situado el objetivo para las administraciones públicas en el 100,9% del PIB en el 2026, en el 100% en el 2027 y en el 99,1% en el 2028.
La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ya ha adelantado que los Presupuestos de 2026 van a ser "expansivos y responsables" y ha asegurado que ya está trabajando para que sean percibidos por la mayoría de los grupos políticos como una "necesidad" que trasladar a los hogares.
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