Más de un centenar de militares y policías congoleños comparecen ante un tribunal por entregar Uvira al M23

El juicio militar que examina la retirada de fuerzas gubernamentales en Uvira ha llamado la atención internacional, mientras organismos multilaterales y gobiernos extranjeros, como Estados Unidos, exigen la salida inmediata de los rebeldes del Movimiento 23 de Marzo (M23) y la creación de una zona de amortiguamiento de 75 kilómetros. Según consignó Radio Okapi, este proceso judicial ha adquirido relevancia fuera de las fronteras de la República Democrática del Congo, ya que la comunidad internacional vincula el resultado del juicio con la estabilidad en la región oriental y la capacidad institucional para responder a las amenazas armadas.

La apertura de este proceso judicial en Kalemie ha reunido por primera vez a 124 miembros de las fuerzas armadas y policiales congoleñas ante un tribunal militar, con el objetivo de precisar la dimensión del abandono de la ciudad de Uvira y sus consecuencias sobre el avance del M23, según publicó Radio Okapi. Los acusados incluyen a sesenta y ocho militares, señalados oficialmente de deserción, y a cincuenta y seis policías, que enfrentan cargos de abandono del servicio. Esta distinción responde a las funciones y responsabilidades operativas de cada grupo durante la retirada en esa localidad de la provincia de Kivu del Sur, próxima a la frontera con Burundi.

De acuerdo con la cobertura de Radio Okapi, el tribunal militar bajo la presidencia del coronel Désiré Dionda Mukolee ha insistido en la relevancia de que todo accionar de las fuerzas de seguridad se base exclusivamente en órdenes superiores. El tribunal argumentó que la desobediencia dentro de la línea de mando compromete directamente la capacidad estatal para defender su territorio y mantener el orden interno. Durante las primeras audiencias, el coronel enfatizó la necesidad de sancionar cualquier autonomía operativa que no haya seguido el conducto regular de mando, al considerar que tal comportamiento fue decisivo para la caída de Uvira sin resistencia significativa ante la milicia M23.

El episodio bajo examen se originó en un contexto de creciente inseguridad en Kivu del Sur, provincia que convive con la presencia de múltiples grupos armados no estatales que disputan recursos y poder territorial. Según lo explicitó Radio Okapi, la vulnerabilidad estatal se manifestó no solo en la respuesta táctica, sino también en la estructura de mando y el nivel de coordinación de las fuerzas de seguridad, que debían resistir la ofensiva insurgente. Para el Gobierno, la entrega de Uvira representó una infracción grave y no una sencilla maniobra militar, postura que contrasta con la narrativa de la milicia M23, la cual sostuvo que su ocupación tenía carácter estratégico pero carecía de objetivos hostiles permanentes.

Radio Okapi detalló que la comunidad nacional e internacional observa minuciosamente el juicio, considerándolo sin precedentes en la historia reciente de la República Democrática del Congo por el número de imputados y la magnitud de las acusaciones. Naciones Unidas y otros actores multilaterales han incrementado el seguimiento tras el inicio de las audiencias, evaluando las posibles implicancias para la paz y la seguridad en otras localidades expuestas a conflictos armados similares. El gobierno de Estados Unidos, a su vez, exigió la pronta creación de una zona de contención que neutralice la influencia del M23 cerca de áreas urbanas de importancia estratégica, una recomendación que se suma a la presión internacional para que se fortalezcan las estructuras de control estatal.

En las declaraciones recogidas por Radio Okapi, el coronel Dionda Mukolee remarcó que la obediencia estricta a la cadena de mando constituye una base irrenunciable para la defensa de la integridad y la autoridad estatal. Según los argumentos presentados ante el tribunal, la desobediencia no solo facilitó el avance del M23 en Uvira, sino que también debilitó la moral y el sentido de cohesión dentro de las fuerzas del orden. Este juicio, según las autoridades, busca sentar precedente sobre la necesidad de evitar decisiones independientes entre los funcionarios armados ante contextos de presión o amenaza.

El caso Uvira ha intensificado el debate sobre la capacidad de las instituciones congoleñas para mantener el control territorial y la confianza pública. Radio Okapi reportó que muchos han interpretado la caída de la ciudad como un reflejo de dificultades organizativas de fondo y problemas constantes para sostener la disciplina interna en zonas marcadas por enfrentamientos continuos. Además, la cobertura del juicio destaca que la reacción de las autoridades incluye la revisión de protocolos de comando y la introducción de factores de supervisión adicionales, con el objetivo de evitar nuevas entregas de posiciones estratégicas sin resistencia.

La importancia de este proceso también radica en el impacto que tendrá en la preparación y la estructura interna de las fuerzas armadas y policiales del país. Radio Okapi mencionó que las sanciones que apliquen el tribunal y las posibles reformas derivadas de este caso podrían modificar los estándares de disciplina y respuesta en futuras crisis armadas. El tribunal militar de Kalemie indicó que toda pérdida de cohesión amenaza no solo la autoridad del Estado, sino la legitimidad de su propio aparato de seguridad nacional.

La situación de Uvira se enmarca en un ambiente donde las comunidades locales experimentan tensiones permanentes debido a la disputa entre el Estado y actores armados no estatales. De acuerdo con lo consignado por Radio Okapi, la vigilancia gubernamental sobre el comportamiento del M23 y otros grupos insurgentes mantiene la atención pública enfocada en la defensa de centros urbanos fundamentales y en la restauración de la moral en las filas estatales.

La examen público de la actuación de los acusados pone en evidencia la atención que asignan tanto las autoridades como organismos internacionales a la disciplina y la reacción de las fuerzas locales frente a crisis. Radio Okapi precisó que el caso coloca a la República Democrática del Congo ante el desafío de fortalecer la cadena de mando y evitar repeticiones de episodios similares en otras regiones donde la presión de actores armados sigue vigente.

Asimismo, el seguimiento internacional sobre las consecuencias y las medidas institucionales aplicadas tras la pérdida de Uvira apunta a reforzar el compromiso del gobierno con el restablecimiento de la autoridad estatal y la prevención de futuras entregas territoriales. Radio Okapi indicó que el desarrollo de este juicio podría establecer un nuevo precedente en materia penal y disciplinaria para funcionarios armados en el país, a la vez que servir de ejemplo para el manejo de crisis en contextos de inseguridad persistente.

Las declaraciones que surgieron durante las audiencias iniciales en el tribunal militar de Kalemie consolidan la idea de que la autoridad y la disciplina dentro de las fuerzas armadas y policiales serán objeto de un control más estricto, según recogen los testimonios atribuidos por Radio Okapi. La evolución del proceso sigue estando bajo observación de la opinión pública nacional, que espera conocer las consecuencias disciplinarias para los responsables directos e indirectos de la retirada en Uvira, y de la comunidad internacional, interesada en que el caso contribuya a frenar nuevas expansiones de las milicias insurgentes en el este nacional.