El Gobierno prorrogó por 30 días calendario, a partir del 21 de diciembre de 2025, el estado de emergencia declarado en Lima Metropolitana y el Callao para enfrentar el crecimiento de la criminalidad y otras situaciones de violencia.
La medida se formalizó mediante el Decreto Supremo N° 140-2025-PCM, publicado en la edición extraordinaria del boletín de Normas Legales de El Peruano, y fue refrendada por el presidente José Enrique Jerí Oré junto al Consejo de Ministros.
De acuerdo con la Constitución Política del Perú, esta medida implica la restricción o suspensión de ciertas libertades constitucionales, como la inviolabilidad del domicilio, la libertad de tránsito y la seguridad personal. Según el artículo 137, este mecanismo se adopta ante graves circunstancias que afectan la vida nacional, y su prórroga requiere un nuevo decreto.
Durante la vigencia de la norma, la Policía Nacional del Perú (PNP) mantiene el control del orden interno y determina, con apoyo de las Fuerzas Armadas, las zonas prioritarias de intervención. Para ello se emplean herramientas de inteligencia, indicadores, estadísticas y mapas del delito, lo que permite focalizar las acciones en los sectores más afectados de Lima y Callao.
La decisión de prorrogar el estado de emergencia fue recomendada por la Comandancia General de la Policía Nacional, respaldada en informes que documentan el incremento de homicidios, sicariato, extorsión y otros delitos en ambas jurisdicciones.
Los reportes de la Dirección Nacional de Orden y Seguridad, la Región Policial Lima y la Región Policial Callao detallan la creciente perturbación del orden interno, lo que motivó la continuidad de esta medida excepcional.
El decreto dispone que las Fuerzas Armadas apoyen a la Policía Nacional en el control del orden interno, de acuerdo con los procedimientos y principios estipulados en las normas que regulan el uso de la fuerza y la intervención conjunta, garantizando la proporcionalidad, legalidad y el respeto a los derechos fundamentales.
Durante la extensión del estado de emergencia, toda actividad religiosa, cultural o deportiva de carácter masivo requerirá autorización de las autoridades competentes, conforme al Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones. Las actividades no masivas podrán desarrollarse sin necesidad de permiso previo.
El decreto también refuerza la protección a mujeres y personas en situación de vulnerabilidad durante las intervenciones policiales y militares, siguiendo protocolos específicos para evitar afectaciones a sus derechos.
Además, se ajusta la conformación del Comando de Coordinación Operativa Unificada (CCO), presidido por el Comandante General de la Policía Nacional e integrado por altos funcionarios de defensa, inteligencia, economía y autoridades locales, a fin de fortalecer la articulación en la respuesta estatal.
Al término de la prórroga, el CCO deberá presentar un informe sobre los resultados obtenidos a las máximas autoridades nacionales. La ejecución de estas acciones se financia con los presupuestos asignados y recursos adicionales autorizados por el Ministerio de Economía y Finanzas. Mientras dure la prórroga, se mantienen vigentes las disposiciones de los Decretos Supremos N° 124-2025-PCM y N° 127-2025-PCM, que establecieron el marco legal inicial para el estado de emergencia en estas jurisdicciones.
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