El Tribunal Constitucional (TC) de Perú ha declarado improcedente e infundada la demanda de 'habeas corpus' presentada por la defensa del expresidente Pedro Castillo, con la que se solicitaba su excarcelación provisional para ser sometido a una cirugía cardíaca y la sustitución de la prisión preventiva por detención domiciliaria.
De acuerdo con la resolución, recogida por la agencia Andina, el TC ha declarado improcedente la demanda, considerando infundado el recurso al determinar que no se ha demostrado la vulneración de los derechos fundamentales a la salud ni a recibir un trato razonable y proporcional respecto a las condiciones en las que el exmandatario viene cumpliendo su detención.
La solicitud se sustentaba en un informe médico y en el historial clínico del exmandatario, documentos con los que se argumentaba la necesidad de una intervención quirúrgica, en el contexto de los procesos penales que enfrenta por presuntos delitos como rebelión, conspiración, abuso de autoridad, colusión simple, organización criminal, entre otros.
La demanda incluía también el requerimiento de que Castillo Terrones fuera trasladado a un centro hospitalario especializado y que, tras la operación, pasara a cumplir su condena en régimen de arresto domiciliario bajo la supervisión de profesionales sanitarios y al cuidado de sus familiares.
Asimismo, la defensa del exjefe de Estado planteó asimismo el pago de una indemnización en caso de un eventual fallecimiento o de un agravamiento de su estado de salud durante su reclusión.
Esta resolución llega después de que el Congreso peruano no lograse finalmente sacar adelante a principios de este mes la propuesta para inhabilitar durante diez años al expresidente y otros implicados en la trama autogolpista de finales de 2022, todo ello apenas una semana después de que fuera condenado a once años de cárcel por delitos de rebelión por aquellos hechos.
Castillo se encuentra en prisión preventiva por acusaciones de rebelión y abuso de autoridad tras el fallido autogolpe del 7 de diciembre de 2022, cuando anunció la disolución del Congreso y la instauración de un gobierno de excepción. Su decreto, que no recabó ningún apoyo, terminó por llevar al Parlamento a apoyar una moción de censura en su contra.
Su mandato fue un fiel reflejo de lo que es la política peruana, una inestabilidad que quedó manifiesta en los cinco equipos de gobierno --con más de 70 ministros-- que tuvo en solo 16 meses. Incapaz de dotar de estabilidad y rumbo al país, tuvo que vérselas además con un Congreso hostil, perdiendo incluso el apoyo de su propio partido, Perú Libre.
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