Al menos seis soldados muertos y casi 30 heridos en un ataque contra una base militar en el este de Colombia

El gobierno colombiano puso en marcha un fondo estratégico estatal de un billón de pesos, el equivalente a unos 221 millones de euros, para dotar a las fuerzas de seguridad de tecnología capaz de detectar y neutralizar drones armados, dando respuesta al ataque con explosivos en Aguachica, Cesar, donde seis soldados murieron y cerca de 30 resultaron heridos. Esta nueva asignación presupuestaria apoyará un programa nacional enfocado en el avance de sistemas para contrarrestar aeronaves no tripuladas equipadas con artefactos explosivos, según detalló la prensa local tras el atentado ocurrido el 18 de diciembre.

De acuerdo con la información publicada por los medios, la medida surge como reacción directa al incidente atribuido al Ejército de Liberación Nacional (ELN). El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, afirmó que el uso de drones con cargas explosivas constituye una amenaza en crecimiento, obligando a profundizar los métodos de prevención estatal y a robustecer la capacidad de anticipación frente a nuevos atentados. Sánchez expuso, según la prensa, que cerca del 95% de los intentos de ataques con drones para fines ilícitos logró frustrarse en 2025, aunque resaltó que la sofisticación de estos dispositivos y su uso por grupos armados evoluciona rápidamente.

El ataque en la base militar de Aguachica generó el despliegue inmediato de unidades de inteligencia y operativos conjuntos en áreas consideradas vulnerables, con el objetivo de localizar y capturar tanto a los ejecutores materiales como a los responsables intelectuales de la agresión, informó la prensa local. Estas acciones incluyeron la movilización integral de las capacidades estatales bajo una estrategia que combina acciones penales y de prevención.

En paralelo, el gobierno anunció una recompensa de hasta 200 millones de pesos, equivalentes a aproximadamente 44.200 euros, destinada a ciudadanos que proporcionen información útil para anticipar ataques con drones y facilitar la detención de los involucrados. Según lo reportado por la prensa, este sistema de incentivos busca fortalecer la cooperación con la ciudadanía y ampliar la inteligencia preventiva, con el propósito de aumentar la efectividad de los operativos activos.

Pedro Sánchez, en declaraciones recogidas por la prensa, subrayó los cambios en los métodos empleados por los grupos armados ilegales, mencionando el crecimiento del uso de tecnología avanzada en acciones hostiles. El ministro explicó: “El uso de esta tecnología se ha expandido exponencialmente y a una velocidad muy rápida”. Los datos oficiales presentados por Sánchez muestran que, a pesar del éxito en evitar la mayoría de los atentados con drones, la amenaza obliga al Estado a acelerar la modernización de sus sistemas de defensa.

Entre las acciones propuestas se incluyen la implementación de sistemas de monitoreo más sofisticados y la respuesta policial inmediata, acompañadas de una mejora significativa en las labores de inteligencia para detectar, interceptar y desactivar drones antes de que estos ataquen. El despliegue logístico de nueva generación y la coordinación reforzada entre fuerzas armadas, policía y población civil conforman la base del plan preventivo para contener la expansión de este tipo de violencia.

Según lo consignado por la prensa, la inversión estatal respaldará la primera etapa de este proyecto nacional, asegurando recursos para dotar a las autoridades de herramientas específicas para confrontar la amenaza de drones empleados por grupos armados ilegales como el ELN. Esta organización permanece como uno de los principales focos de riesgo para la seguridad del país, sobre todo en zonas limítrofes y regiones con alta vulnerabilidad.

El ministro Sánchez enfatizó la urgencia de desmantelar por completo la estructura de dicho grupo y reducir el potencial peligro que la adquisición y utilización de tecnología avanzada representa para la población. El acompañamiento estatal se extiende a los militares heridos y a las familias de los fallecidos, integrando atención médica y soporte psicológico y social, según informaron la prensa y los propios comunicados oficiales.

Las autoridades reiteraron la importancia de la colaboración civil y la denuncia oportuna para anticipar y evitar ataques similares, al considerar que la participación ciudadana es clave en la red de prevención y en la identificación temprana de amenazas. El gobierno señaló que la respuesta integral ante la agresión sufrida en Aguachica articula el fortalecimiento de la vigilancia, la persecución judicial y el desarrollo de capacidades tecnológicas, con el objetivo de evitar que el uso de drones armados se consolide como una modalidad recurrente de ataque en el país.

La estrategia estatal, de acuerdo con la información difundida por la prensa local, se orienta a frenar de forma sólida la capacidad ofensiva de los grupos armados ilegales y a reducir el impacto de la violencia tecnológica, priorizando tanto la resiliencia operativa como la atención humana a los afectados por este nuevo escenario de conflicto.