La administración venezolana sostiene que la confiscación de un buque petrolero y la desaparición de la tripulación no constituyen incidentes aislados, sino que son parte de medidas sistemáticas que afectan tanto la navegación marítima como el tráfico aéreo vinculado a sus rutas comerciales. El gobierno de Caracas sostiene que estas acciones forman parte de una estrategia de presión internacional más extensa, con la finalidad de transferir el control de las reservas energéticas nacionales y afectar la soberanía económica, según informó Europa Press.
Tal como consignó Europa Press, Venezuela ha solicitado una reunión urgente del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas, justificando la petición en lo que califica como una “agresión abierta y criminal” proveniente de Estados Unidos. En la carta enviada por el embajador venezolano Samuel Moncada al secretario general de la ONU, António Guterres, el gobierno denuncia la confiscación del petrolero y la desaparición de su tripulación como parte de una “expoliación internacional” que, según el texto oficial, busca facilitar el traspaso del control estratégico de la industria petrolera venezolana.
Según el contenido de la misiva reproducida por Europa Press, la administración de Nicolás Maduro argumenta que, hasta el presente periodo, ninguna administración extranjera había procedido a tomar el control directo de activos estratégicos o porciones del territorio nacional venezolano. En la documentación difundida por el ministro de Exteriores, Yván Gil, y citada por Europa Press, se señala que la combinación de sanciones sostenidas y bloqueos, aplicados de manera unilateral por Estados Unidos y gobiernos aliados, ha provocado un deterioro significativo en la economía interna y la estructura social del país.
De acuerdo con Europa Press, la carta remitida a Naciones Unidas alerta de que las sanciones y la suspensión del espacio aéreo —dispuesta a finales de noviembre— han tenido efectos directos sobre sectores determinantes para Venezuela, especialmente en la industria petrolera, así como en la paralización del tráfico civil y las operaciones comerciales. El gobierno atribuye la responsabilidad de estos impactos a la administración estadounidense, que, según el texto recogido por Europa Press, habría incrementado la presión con el propósito de condicionar decisiones de política interna, utilizando un enfoque comparado con prácticas coloniales orientadas a restablecer la influencia extranjera en la gestión de recursos naturales clave.
La misiva presentada por Moncada, y citada por Europa Press, sostiene que las acciones estadounidenses persiguen transferir el manejo de las reservas energéticas venezolanas a otros Estados o empresas transnacionales, como una respuesta a la negativa venezolana de aceptar injerencias externas en sus decisiones soberanas. Asimismo, el documento describe un bloqueo total de embarcaciones relacionadas con el comercio exterior, lo que limita aún más la capacidad operativa de Venezuela en el escenario internacional.
En el mismo texto, la representación venezolana rechaza la justificación del gobierno estadounidense, que encuadra las sanciones y maniobras militares en el Caribe y el Pacífico dentro de una política antidrogas. Según la información recogida por Europa Press, Venezuela sostiene que tales operaciones militares han provocado más de noventa muertes, con base en cifras oficiales, y presenta esta situación al organismo internacional como demostración de una presión que, considera, trasciende el ámbito diplomático y económico, implicando acciones militares en áreas de interés venezolano.
El llamamiento realizado por la cancillería venezolana ante Naciones Unidas, consignado por Europa Press, advierte sobre el riesgo de que la ausencia de una respuesta clara por parte de la comunidad internacional normalice este tipo de medidas unilaterales. El documento sostiene que omitir una reacción ante las circunstancias actuales pondría en cuestión la validez del derecho internacional, al tiempo que debilitaría los principios y mecanismos que se desarrollaron después de la Segunda Guerra Mundial para evitar crisis globales de amplia escala.
El gobierno venezolano insiste en que la institucionalización de estos mecanismos, si no se adoptan decisiones inmediatas en el seno del Consejo de Seguridad, comprometería no solo la soberanía y la independencia política de Venezuela, sino que establecería un precedente con impacto potencial en cualquier país objeto de presiones externas similares en el futuro. Europa Press destacó que el representante venezolano enfatizó la urgencia de preservar la integridad del sistema colectivo de seguridad y los marcos legales fundacionales de Naciones Unidas, orientados a proteger a los Estados de acciones unilaterales de carácter económico o militar.
En conclusión, la comunicación oficial del gobierno venezolano insta al Consejo de Seguridad de la ONU a implementar medidas que restauren y protejan el sistema de garantías internacionales que emergió tras la Segunda Guerra Mundial. En este sentido, la petición venezolana subraya la importancia de coordinar respuestas inmediatas por parte de la comunidad internacional ante situaciones que, según afirma el documento transmitido por Europa Press, ponen en riesgo el equilibrio, la estabilidad y la seguridad del sistema interestatal contemporáneo.
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