El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha determinado que leyes nacionales como la francesa, que imponen cargos mínimos al envío de libros comprados en plataformas digitales cuando el pedido no supera los 35 euros, influyen en el acceso a publicaciones desde otros países miembros y afectan la competencia entre librerías físicas y tiendas virtuales. Esta decisión incide directamente en la normativa aprobada por Francia en abril de 2024, la cual establecía un coste de entrega a domicilio de tres euros para los pedidos de libros considerados de bajo importe. Según consignó el medio que cubrió la sentencia y tal como detalló el TJUE, este tipo de medidas constituye una restricción a la libre circulación de mercancías en la Unión Europea.
La sentencia, según publicó la plataforma informativa, surge tras el recurso presentado por Amazon EU, que reclamó la anulación de la disposición francesa al entender que contradice varias directivas comunitarias, incluyendo las referentes al comercio electrónico y al principio de libre circulación de bienes entre países miembros. Dentro del recurso, la empresa argumentó que el cargo adicional impuesto por Francia no solo afecta al precio final de los libros, sino que también representa un obstáculo para los consumidores que desean acceder a obras distribuidas desde otros estados.
Francia, por su parte, defendió la regulación argumentando que el objetivo de la medida era salvaguardar la diversidad editorial y cultural. De acuerdo con las argumentaciones recogidas en la información difundida, el gobierno francés expuso que garantizar la diversidad en el mercado del libro justifica excepciones a las reglas tradicionales del mercado interno europeo. No obstante, el TJUE subrayó que la Unión Europea carece de competencias explícitas en materia de diversidad cultural, motivo por el cual el fallo no entró a valorar la finalidad proclamada por las autoridades galas.
El pronunciamiento judicial, según reportó la fuente, recuerda que el derecho comunitario general prohíbe todas las medidas que impliquen, de forma directa o indirecta, real o potencial, una restricción a la importación y, en consecuencia, obstaculicen la circulación de mercancías entre los Estados miembros. El tribunal enfatizó que cualquier disposición nacional que altere el precio global de los libros afecta la libre competencia y el comercio, aunque las tasas vayan dirigidas formalmente a minoristas y no a los consumidores finales.
Por otra parte, la sentencia del TJUE adquiere relevancia más allá de Francia dado que genera jurisprudencia aplicable a iniciativas similares en otros países europeos. En este sentido, la resolución declara que la medida francesa no puede quedar fuera del alcance de las reglas europeas sobre la libre circulación de bienes, estableciendo un precedente sobre futuras normativas nacionales que busquen añadir costes a las ventas transfronterizas al consumidor.
En su fundamentación jurídica, según destacó el medio que dio cuenta del fallo, el tribunal precisó que los Estados miembros no pueden introducir tarifas mínimas al envío de libros como medio para proteger a los libreros minoristas frente a la competencia de grandes plataformas de comercio online. El texto judicial indica que, aunque las disposiciones busquen beneficiar a ciertos actores dentro del mercado cultural, su impacto se traduce en una restricción comercial para todos los operadores económicos implicados en la venta y distribución de libros.
A la luz de este dictamen, cualquier legislación de países miembros que pretenda restringir o encarecer la entrega de libros adquiridos en tiendas electrónicas debe ajustarse a los principios comunitarios, de modo que no se produzca una diferencia de trato que altere el acceso igualitario a obras literarias procedentes de cualquier parte del mercado interior de la Unión. Con este argumento, el TJUE buscará preservar la homogeneidad normativa dentro del territorio europeo y evitar distorsiones en el comercio de bienes culturales entre países que integran el bloque comunitario.
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