Registran el domicilio de la ministra de Cultura francesa por un presunto caso de corrupción

Las sospechas sobre las transferencias económicas realizadas por Renault-Nissan a favor de Rachida Dati durante su etapa como eurodiputada se encuentran en el centro del análisis judicial, en un contexto donde las autoridades examinan la naturaleza real de esos pagos y su correspondencia con servicios jurídicos efectivamente prestados. Según informó TF1, la actual ministra de Cultura de Francia recibió 900.000 euros de dicho consorcio automovilístico entre los años 2010 y 2012 bajo el concepto formal de asesoría legal. Los investigadores exploran si estas sumas respondieron en realidad a actividades de lobby para influir en decisiones del Parlamento Europeo y otras instancias, en medio de sospechas de corrupción y tráfico de influencias.

La cadena TF1 reportó que el domicilio particular de Dati, junto a la sede del Ministerio de Cultura y las oficinas del Ayuntamiento del VII distrito de París, fue objeto de registros judiciales simultáneos ejecutados por la Oficina Central de Lucha contra la Corrupción y los Delitos Financieros y Fiscales (OCLCIFF), en el marco de una causa dirigida por la Fiscalía Nacional Financiera (PNF). Estas actuaciones buscan determinar la legalidad de los pagos efectuados por compañías como Renault-Nissan y Engie y su posible vinculación con actividades de presión o intervención sobre organismos europeos.

Según detalló TF1, la investigación formal comenzó en octubre, con la apertura de un expediente en la Fiscalía Nacional Financiera centrado en la documentación de transferencias bancarias que Dati percibió mientras ocupaba una banca en el Parlamento Europeo entre los años 2009 y 2019. Parte de la pesquisa se enfoca en los pagos de GDF Suez —actualmente Engie— quienes abonaron un total de 299.000 euros a un despacho de abogados parisino asociado a la ministra bajo la justificación de asesoría. Los fiscales examinan si el destino real de esos fondos consistió en procurar ventajas para el grupo energético en las instituciones de la Unión Europea.

El canal de televisión francés consignó que estas actividades han motivado a Engie a iniciar una revisión interna mediante su comité de ética, con el propósito de esclarecer la transparencia y la legalidad de los servicios jurídicos que sustentaron la relación contractual con Dati. TF1 amplió que la auditoría interna de Engie busca certificar si existió algún tipo de conflicto con la normativa corporativa y si los vínculos establecidos pudieron acarrear consecuencias legales o daños reputacionales para la empresa.

La jueza encargada del caso evalúa si los honorarios recibidos de Renault-Nissan y Engie guardan una relación proporcional con el trabajo declarado por Dati y, de no ser así, investiga si esas transacciones ocultaron actos de lobby dirigidos desde el sector privado hacia la política europea. Al respecto, TF1 publicó que otra línea de investigación se conecta con Carlos Ghosn, expresidente del conglomerado Renault-Nissan. Ghosn figura como protagonista en varios procesos judiciales internacionales por delitos económicos, y reside en Líbano desde 2019 tras eludir a la justicia japonesa, mientras enfrenta una orden de detención emitida por Francia en abril de 2023.

Además de los registros domiciliarios y de oficinas oficiales, los agentes judiciales buscan obtener documentos y testimonios que permitan reconstruir el flujo de dinero y la finalidad última de las consultorías. Según publicó TF1, la PNF ahonda en la revisión de cómo interactuaron funcionarios públicos de alto rango con grandes corporaciones, repelando posibles formas de corrupción o tráfico de influencias derivadas del cruce de intereses público-privados.

En el plano político, la situación legal de Rachida Dati adquiere mayor notoriedad dada su condición de ministra de Cultura, su presencia en el gabinete del gobierno francés, y su postulación para las próximas elecciones municipales en París, previstas para marzo de 2026. El medio TF1 precisó que la ministra permanece en funciones, mientras la instrucción judicial avanza y recaba indicios para establecer la existencia de responsabilidades penales o administrativas que pudieran derivarse de las actividades analizadas.

TF1 agregó que hasta la fecha no se han formulado cargos formales contra Dati ni se ha emitido resolución judicial sobre la validez o ilegalidad de los pagos investigados. Las pesquisas continúan con la recopilación de material probatorio y el análisis de los posibles efectos de estos movimientos financieros sobre la legislación y la ética institucional en Francia. La cobertura mediática y la repercusión de la causa reflejan la magnitud de la atención que despiertan los vínculos entre personajes políticos de alta visibilidad y actores económicos influyentes. Según reiteró TF1, la Fiscalía Nacional Financiera mantiene abierta la indagación, con el objetivo de asegurar que la relación entre el sector público y privado se ajuste al marco legal y a los principios de la probidad administrativa.