Paz levanta el subsidio al combustible en Bolivia y aumenta un 20% el salario mínimo

El incremento del salario mínimo nacional hasta 3.300 bolivianos, cifra equivalente a 407 euros según el tipo de cambio oficial, comenzará a regir a partir de enero de 2026 y se suma al incremento de la “renta dignidad”, que alcanzará un máximo mensual de 500 bolivianos, poco menos de 60 euros, dirigido a incrementar el poder adquisitivo de los sectores más vulnerables y a amortiguar el impacto de la eliminación de subsidios a los combustibles. Estos ajustes, descritos como parte de un proyecto integral para enfrentar el deterioro prolongado de las reservas internacionales y el desbalance de las cuentas públicas, forman el núcleo del programa anunciado oficialmente mediante el “Decreto por la Patria”, tal como publicó El Deber.

Según consignó el medio boliviano El Deber, la decisión central consiste en levantar, de manera inmediata, el subsidio estatal a los hidrocarburos y transferir directamente los fondos derivados a gobiernos departamentales y municipales. Estas administraciones subnacionales recibirán los recursos para destinarlos a prioridades como hospitales y centros educativos, según los criterios propios de cada territorio. El presidente Rodrigo Paz argumentó que la reforma marca un fortalecimiento del proceso de descentralización y otorga a las autoridades locales el protagonismo en la administración autónoma de los nuevos recursos fiscales que antes financiaban los subsidios.

La reforma económica fue dada a conocer en el contexto de la declaración de emergencia económica y social. El Deber reportó que el gobierno atribuye la actual crisis al agotamiento de reservas internacionales y al aumento de los déficits fiscales, fenómeno que el Ejecutivo relaciona con la gestión previa del Movimiento al Socialismo (MAS), particularmente bajo la presidencia de Luis Arce. De acuerdo con lo detallado por El Deber, el mandatario Rodrigo Paz mantiene que durante años el subsidio a los combustibles resultó un factor clave en la disminución de los activos internacionales y en la limitación de la capacidad estatal para cubrir necesidades sociales y energéticas.

La nueva política lleva también aparejada una serie de incentivos fiscales. Según detalló El Deber, el gobierno estableció la exención total de impuestos para los capitales bolivianos que sean repatriados y canalizados hacia inversiones productivas locales. El fin de esta medida es facilitar el retorno de fondos que se encuentran en el exterior, con la condición de que sean invertidos en actividades que fortalezcan la base productiva nacional. Esta iniciativa busca frenar la salida de capital y propiciar la generación de empleo y el dinamismo económico interno.

En el plano administrativo, el paquete de reformas introduce el principio de “silencio administrativo positivo”. Según explicó El Deber, esta disposición implica que toda solicitud presentada ante la administración pública será considerada aprobada en caso de no recibir respuesta en el plazo legal establecido. Con ello, el gobierno pretende desmontar trabas burocráticas tradicionales, agilizar trámites y facilitar el desarrollo de proyectos tanto económicos como sociales.

El rediseño del sistema económico y administrativo, según publicó El Deber, contempla un viraje estructural en los esquemas de subsidios, redistribución fiscal y simplificación de procedimientos estatales. El Ejecutivo justificó las iniciativas aludiendo al desafío de reconstruir la economía nacional y mejorar la equidad en la supervisión y asignación de recursos, señalando la necesidad de enfrentar el fenómeno del “Estado tranca”, término utilizado para referirse a los obstáculos que históricamente han dificultado la gestión y modernización del sector público boliviano.

El Deber detalló que el nuevo sistema de asignación de recursos a gobiernos locales contempla la implementación de mecanismos robustos de control y fiscalización, a fin de garantizar la eficiencia y la transparencia en el uso de fondos. El presidente Paz expresó que “el esfuerzo de todos se convertirá en mejores hospitales, escuelas y servicios para cada boliviano”, subrayando que las decisiones presupuestarias se tomarán en función de las necesidades regionales, evitando la politización de los procesos y priorizando la rendición de cuentas.

La aprobación automática de solicitudes por vía del “silencio administrativo positivo” supone un cambio relevante en la relación entre los ciudadanos y la administración pública. Según informó El Deber, esta modificación busca proyectar una imagen de mayor apertura y responder a las críticas históricas sobre lentitud y falta de eficiencia en la gestión estatal boliviana.

En cuanto a la repatriación de capitales, la política define esta acción como un pilar para la recuperación económica, alentando la recolocación de recursos financieros en actividades que generen valor dentro del país. El Deber explicó que la exención tributaria está condicionada a que las inversiones resultantes se orienten al desarrollo de sectores productivos estratégicos, de modo que contribuyan tanto a la generación de empleo como al fortalecimiento de la economía interna.

La eliminación de subsidios impactará en el costo de los hidrocarburos y modificará los precios de referencia para numerosos servicios estratégicos, con consecuencias directas en rubros como el transporte, la producción y el consumo energético. Tal como destacó El Deber, este ajuste en la política de precios implicará un nuevo equilibrio de costos para la ciudadanía y las empresas, que deberán afrontar los cambios como parte de la transición estructural planteada por el Ejecutivo.

El anuncio formal de las reformas se realizó a través de la red social X, según indicó El Deber, y ha provocado un amplio debate público sobre la pertinencia de eliminar los subsidios, la reasignación de fondos y la transformación del aparato administrativo. Desde la perspectiva gubernamental, estas decisiones buscan corregir los desequilibrios acumulados y orientar a Bolivia hacia una etapa de estabilidad financiera, descentralización y modernización estatal.

El Deber enfatizó que todo el proceso de reformas se fundamenta en la transparencia, la descentralización y la eficiencia, con el propósito de consolidar una gestión pública renovada que responda a los desafíos actuales. La implementación del nuevo esquema anticipa cambios sustantivos, tanto en la prestación de servicios públicos como en la dinámica financiera nacional, según las autoridades que defienden el enfoque del Ejecutivo para evitar la repetición de crisis similares en el futuro.