Líderes UE abordan este jueves la urgencia de Ucrania sin resolver aún las diferencias sobre el uso de activos rusos

Presión creciente en Bruselas para liberar los recursos retenidos destinados a Kiev, mientras el gobierno belga exige garantías jurídicas plenas ante posibles litigios, generando divisiones entre los países miembros sobre la protección legal y la asistencia financiera

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La insistencia de Bélgica en obtener garantías jurídicas totales antes de aprobar el uso de activos rusos congelados domina la discusión en la Unión Europea en relación a la ayuda financiera destinada a Ucrania. Esta postura, según reportó Europa Press, surge ante el temor de Bruselas a enfrentarse a demandas legales sin protección compartida, en un momento en el que el grueso de los recursos sancionados bajo control comunitario se encuentra gestionado por Euroclear, cuya sede está en la capital belga. El centro del debate, que se intensificó tras la última visita de Volodímir Zelenski a Bruselas, gira en torno a los cerca de 210.000 millones de euros en activos rusos paralizados desde el inicio del conflicto, cuyo uso se plantea como un mecanismo clave para reforzar el apoyo económico que Ucrania demanda de sus aliados europeos.

Según detalló Europa Press tras la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de la UE, las negociaciones se mantienen estancadas a raíz de la negativa belga a avalar el mecanismo impulsado por la Comisión Europea. Esta fórmula busca limitar la responsabilidad jurídica a una cuantía y vigencia concretas, ciñéndose únicamente a los fondos bajo administración de Euroclear, y prevé la toma de decisiones por mayoría cualificada. No obstante, el gobierno belga reclama una cobertura jurídica absoluta, incondicional y permanente para la totalidad de los recursos depositados en sus entidades, argumentando que cualquier exposición a litigios debería absorberse de forma colectiva entre todos los socios del bloque.

Las diferencias de enfoque respecto a la distribución del riesgo legal obstaculizan la convergencia entre los veintisiete Estados, según confirmó Europa Press. Representantes diplomáticos explicaron que la inquietud belga radica en no asumir en solitario la defensa frente a potenciales reclamaciones provenientes de actores rusos afectados por la medida, dado el peso que Bélgica concentra en la administración de los fondos. Aunque las normas europeas permiten avanzar mediante mayoría cualificada, fuentes citadas por el medio subrayaron que ningún acuerdo será políticamente viable sin una participación activa de Bélgica, teniendo en cuenta que el grueso del dinero bloqueado se halla bajo su regulación.

El plan de la Comisión Europea limitado en garantías, valorado como insuficiente por las autoridades belgas, pretende acotar la exposición a posibles efectos jurídicos negativos derivados del desbloqueo de los activos. La presidencia del Consejo Europeo, bajo la dirección de António Costa, explora fórmulas que puedan atender simultáneamente la demanda belga y la urgencia de acelerar la respuesta financiera al gobierno ucraniano. Europa Press indicó que, a pesar de la presión de Kyiv y de los avances en las discusiones internas, los Estados miembros no presentaron avances concretos al cierre de la última ronda de negociaciones, manteniendo el escenario de bloqueo y las posiciones encontradas.

Europa Press consignó que, entre las ideas barajadas para incrementar la capacidad de asistencia a Ucrania, varios países han planteado emitir deuda conjunta europea como herramienta para conceder préstamos a Kyiv. Italia, Malta, Bulgaria y República Checa figuran entre los partidarios de esta iniciativa, que exige unanimidad en el Consejo Europeo para su aprobación. Hungría sostiene una posición contraria, vetando esa fórmula y consolidando el desacuerdo en la búsqueda de una vía alternativa. Algunas delegaciones han puesto sobre la mesa la posibilidad de recurrir a excepciones legales contenidas en los tratados comunitarios, opción que podría abrir disputas judiciales prolongadas y modificar el equilibro institucional del bloque, dada la sensibilidad financiera y normativa.

Los contactos bilaterales de las últimas semanas han reflejado el grado de polarización interna. Bart de Wever, primer ministro del gobierno belga, mantuvo reuniones con su homóloga alemana, Friedrich Merz, y con Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, centrando el diálogo en la robustez legal de los diferentes mecanismos propuestos y evidenciando la falta de consenso respecto al nivel de protección jurídica que debe exigirse para proceder con el desbloqueo de activos. Según Europa Press, estas conversaciones personales apenas han logrado distender las posturas, y el Consejo Europeo sigue sin lograr una fórmula que concilie la protección de los Estados temerosos del riesgo jurídico y la celeridad que demanda la administración ucraniana.

La magnitud de los recursos bloqueados bajo jurisdicción belga incrementa la presión sobre Bruselas en el plano político. Europa Press explicó que si bien es posible activar la decisión por mayoría cualificada, la relevancia de la posición de Bélgica y la escala de los activos inmovilizados impiden considerar realista la adopción de medidas de ayuda sin su aval. La propuesta de garantías restringidas propuesta por la Comisión limita la cobertura a los fondos gestionados directamente por Euroclear y fija una duración determinada de la protección, insuficiente a juicio del Ejecutivo belga, que sostiene la necesidad de blindaje integral y compartido contra cualquier eventual acción judicial futura.

El debate sobre la asistencia a Ucrania comparte la escena con otro asunto de largo recorrido: la ratificación del acuerdo comercial entre la Unión Europea y los países del Mercosur, pendiente desde hace cerca de veinticinco años. Europa Press informó que el auge de las preocupaciones del sector agrícola de varios Estados miembros, principalmente Francia e Italia, ha frenado la posibilidad de alcanzar un consenso para la firma definitiva del tratado. Estos países, así como Polonia, Bélgica, Irlanda y Países Bajos, han tratado de articular una minoría de bloqueo para demorar el proceso.

Los líderes europeos abordaron también la posible repercusión de la demora en la ratificación del pacto comercial. La presidencia brasileña del Mercosur ha anunciado la organización de una ceremonia de firma del acuerdo, con la participación de Ursula von der Leyen y António Costa, aunque la entrada en vigor del tratado sigue condicionada a la obtención de una mayoría cualificada en la Unión Europea, según publicó Europa Press. En tanto, ante la incertidumbre europea, los países del Mercosur han mostrado disposición a explorar otros socios comerciales internacionales.

En respuesta a la inquietud de los agricultores de la región, el Parlamento Europeo aprobó recientemente nuevas medidas de salvaguarda con el objetivo de proteger la producción agrícola ante la apertura del mercado europeo a los países del Mercosur. Estas reformas tratan de aminorar la resistencia de los sectores más expuestos al potencial impacto competitivo derivado del acuerdo, abordando directamente uno de los focos de crítica que más complican la ratificación del tratado, indicó Europa Press.

La Comisión Europea decidió mantener su estrategia de no remitir el acuerdo a votación formal hasta contar con el respaldo suficiente, evitando así provocar un rechazo cuyas consecuencias políticas y económicas podrían ser serias, según la información transmitida por Europa Press. Este planteamiento busca preservar la unidad y la estabilidad dentro del bloque, mientras continúan las negociaciones orientadas a salvar los obstáculos que han mantenido el acuerdo paralizado.

Las dificultades surgidas en torno a la liberación de fondos para Ucrania y la falta de consenso sobre Mercosur exponen las diferencias de fondo que atraviesan la política común europea, especialmente en lo que respecta a la gestión de riesgos, la solidaridad ante amenazas legales y la definición de intereses sectoriales frente a los acuerdos externos. Europa Press identificó a Bruselas como el epicentro de estas deliberaciones, que ponen a prueba tanto la cohesión como la capacidad de acción colectiva de la Unión, en un contexto internacional marcado por la guerra en Ucrania y la competencia comercial global que desafía la política exterior, de seguridad y de desarrollo económico del bloque.