Líderes de la UE se enfocan en usar activos rusos para Ucrania mientras la Comisión negocia con Bélgica

El diseño de mecanismos específicos para proteger a Bélgica frente a posibles litigios internacionales, debido a la custodia en su territorio de activos rusos congelados por la entidad Euroclear, se ubicó en el centro de las negociaciones entre los Estados miembros de la Unión Europea para liberar fondos que resultan decisivos para la estabilidad económica de Ucrania. Según detalló el medio, los líderes reunidos en Bruselas abordan la búsqueda de garantías legales que permitan emplear cerca de 90.000 millones de euros en activos rusos bloqueados como respaldo de un préstamo urgente al gobierno de Kiev, sin que esa operación exponga jurídicamente a las autoridades belgas ni a otras capitales europeas a eventuales acciones judiciales impulsadas por Moscú.

De acuerdo con lo consignado por la fuente, la Comisión Europea mantiene conversaciones técnicas con el gobierno belga, centradas en la elaboración de instrumentos jurídicos que protejan a Bélgica de las implicaciones legales asociadas al uso de los activos rusos retenidos en cuentas europeas bajo sanciones internacionales. El primer ministro belga, Bart De Wever, expuso reservas fundamentales acerca de la viabilidad de la propuesta, la cual implica un esquema financiero que, según sostuvo, podría dejar al país particularmente expuesto por la presencia de la infraestructura de Euroclear en su territorio.

Durante las sesiones de la cumbre en Bruselas, las delegaciones nacionales analizaron las alternativas para construir un marco legal sólido que garantice que el nuevo préstamo para Ucrania no traslade de manera desigual los riesgos legales entre los socios del bloque. El medio señaló que el diseño de una fórmula consensuada que combine viabilidad legal con el aseguramiento financiero exigió que el debate colocara el foco tanto en la protección frente a reclamaciones jurídicas futuras como en el sostenimiento económico inmediato de Kiev ante el impacto de la ofensiva militar rusa.

La propuesta bajo evaluación pretende crear un esquema de préstamo garantizado por los ingresos o intereses generados por los cerca de 90.000 millones de euros de activos rusos congelados. Según publicó el medio, esta herramienta se perfila como un recurso fundamental para cubrir necesidades presupuestarias ucranianas a lo largo de los próximos dos años. El carácter estratégico de la medida fue subrayado por la Comisión Europea, que busca habilitar un acceso fluido a fondos y asegurar la continuidad estatal y la reconstrucción en Ucrania.

El proceso de negociación se tropezó con diferentes preferencias y visiones entre los Estados miembros. Bélgica, según subrayó la fuente, manifestó originalmente la postura de que era preferible recurrir a la emisión de deuda respaldada por el presupuesto conjunto de la Unión Europea, solución que permitiría distribuir de modo equitativo tanto los riesgos legales como fiscales entre los veintisiete miembros. Este planteamiento perdió respaldo durante las discusiones, lo que incrementó la presión sobre los representantes belgas, quienes advirtieron acerca de la vulnerabilidad legal directa que podría resultar de la utilización de los fondos custodiados por Euroclear.

Según el medio, la falta de una postura consensuada respecto a cómo administrar estos activos obstaculizó la adopción inmediata de una estrategia común, lo cual derivó en que los equipos técnicos se enfocaran en el análisis jurídico de la viabilidad del préstamo y en la creación de salvaguardas legales convincentes. Los especialistas exploran instrumentos legales que permitan blindar a los países particularmente expuestos, como Bélgica, frente a posibles reclamaciones de Rusia u otras partes afectadas.

El medio precisó que los debates técnicos se articulan en dos frentes: por un lado, la validación jurídica de la operación sobre los activos rusos bloqueados; por el otro, la negociación de cláusulas adicionales de protección orientadas a reducir el temor a litigios internacionales. Esta doble vía busca tranquilizar a las autoridades belgas y a otros gobiernos que enfrentan riesgos derivados de sus propias infraestructuras financieras.

António Costa, presidente del Consejo Europeo, declaró a este respecto: “Las conversaciones continuarán hasta que podamos garantizar toda la seguridad para Bélgica”, enfatizando que la concesión de garantías jurídicas robustas se erige como condición indispensable para avanzar hacia un acuerdo. La integración de cláusulas de protección específicas para aquellos países con mayor exposición, como propone la Comisión Europea, se perfila como pieza necesaria para destrabar la negociación y sumar voluntades al texto final.

Mientras tanto, el contexto de urgencia financiera para Ucrania mantiene alta la presión en las conversaciones institucionales. Las necesidades inmediatas de Kiev incluyen fondos para la gestión estatal, el financiamiento de reformas y la restauración de infraestructuras dañadas desde el inicio de la ofensiva rusa, cifras que, según el medio, explican la relevancia estratégica que la Unión Europea otorga a este nuevo mecanismo de respaldo económico.

El Consejo Europeo tiene encomendado encontrar una solución que respete el equilibrio entre el respaldo a Ucrania y la mitigación del riesgo legal para los países custodios de activos sancionados. El análisis del esquema propuesto involucra la distribución de los beneficios financieros derivados de los activos y la definición de las responsabilidades en caso de litigios internacionales. El medio indicó que expertos de la Comisión, el gobierno belga y el Consejo de la UE valoran diferentes alternativas para garantizar que ningún Estado miembro soporte de modo desproporcionado el peso de eventuales procedimientos judiciales.

La divergencia de posturas técnicas y jurídicas entre los Estados miembros, observada tras la primera jornada de negociación, pone de relieve la necesidad de introducir garantías concretas y operativas para consolidar un acuerdo de conjunto. Para avanzar en la agenda común, los líderes de la UE deben sortear tanto las barreras legales como aquellas derivadas de la arquitectura institucional europea.

El medio insistió en que el resultado final del instrumento en discusión depende de la capacidad de la Comisión Europea y del Consejo para modular el diseño con suficiente flexibilidad, permitiendo la incorporación de las salvaguardas exigidas por Bélgica y otros países. Ante la combinación de presiones externas y las cuestiones internas de seguridad jurídica, los trabajos en Bruselas prosiguen con el objetivo de delinear la arquitectura definitiva del esquema financiero de asistencia a Ucrania, en el marco de los equilibrios jurídicos y políticos que marca el juego comunitario actual.