
La estrecha diferencia registrada entre Nasry Asfura, del Partido Nacional, y Salvador Nasralla, candidato del Partido Liberal, se ha convertido en el epicentro de la tensión durante el recuento de actas especiales en la sede del Instituto Nacional de Formación Profesional (INFOP), en Tegucigalpa. Según informó El Heraldo, el margen de 1,32 puntos porcentuales otorgó un 40,52% de los votos a Asfura y un 39,20% a Nasralla, en un contexto donde 2.794 actas, equivalentes al 99,4% del escrutinio nacional, presentan irregularidades pendientes de resolución. Este ambiente de incertidumbre ha desencadenado demandas de transparencia por parte de actores nacionales e internacionales, mientras la presión sobre las autoridades electorales alcanza niveles inéditos en Honduras.
El Heraldo detalló que la presidenta Xiomara Castro realizó un llamado público a la movilización ciudadana. Su mensaje apeló a la defensa activa de la justicia electoral y a la conmemoración de quienes han sido víctimas de la violencia política en el país. “En Honduras no permitiremos ni golpes ni fraudes nunca más”, declaró Castro, exigiendo total apertura en el proceso de validación de resultados y la vigilancia del pueblo y la comunidad internacional para evitar cualquier forma de desconocimiento de la voluntad popular. La mandataria enfatizó la importancia de la transparencia y la fiscalización minuciosa como herramientas clave para reenfocar la confianza en el sistema democrático hondureño.
La crisis de confianza se agudizó cuando se detectaron disturbios y enfrentamientos entre seguidores de distintas fuerzas políticas en las inmediaciones del INFOP, reportó El Heraldo. Ante este panorama, se desplegaron efectivos policiales y militares, cuyo objetivo consiste en proteger tanto al personal técnico encargado del recuento como la documentación electoral crítica. Además del refuerzo en la vigilancia de las instalaciones, el resguardo institucional busca prevenir posibles intentos de manipulación y transmitir garantías a todas las partes involucradas.
La intervención internacional ha cobrado relevancia en el desarrollo del escrutinio. El medio El Heraldo informó que la Organización de Estados Americanos (OEA) solicitó al gobierno hondureño priorizar la integridad de los centros donde se realiza la revisión de actas y asegurar la neutralidad de las fuerzas del orden público. La OEA recomendó canalizar cualquier impugnación a través de los mecanismos institucionales, enfatizando la necesidad de preservar la democracia y evitar un agravamiento de la polarización política.
En el ámbito bilateral, la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del gobierno de Estados Unidos publicó un comunicado, reproducido por El Heraldo, en el que exhortó a iniciar de inmediato el escrutinio especial. El documento advierte que cualquier obstáculo al trabajo del Consejo Nacional Electoral (CNE), o falta de transparencia en el proceso, podría acarrear consecuencias, lo que refleja el seguimiento y la seriedad con la que se observa el proceso hondureño desde el exterior.
Ana Paola Hall, presidenta del CNE, solicitó medidas adicionales de protección policial y militar, según consignó El Heraldo. Hall argumentó que resulta fundamental salvaguardar tanto la integridad de los funcionarios y observadores internacionales como la custodia de los documentos clave y las instalaciones donde se desarrolla el recuento. Su llamado responde a la prioridad de garantizar un ambiente seguro y controlado, que brinde certeza a todos los actores del proceso electoral.
La demanda de transparencia y de acceso público irrestricto a los resultados ha sido unánime entre referentes de distintas tendencias políticas. María Antonieta Mejía, candidata a la vicepresidencia por el Partido Nacional, declaró a El Heraldo que la presencia de fuerzas armadas y observadores internacionales es esencial para recuperar la credibilidad en el desenlace de la contienda. Esta apreciación fue compartida por otros portavoces de partidos políticos, quienes hicieron hincapié en la necesidad de publicitar sin excepciones todos los resultados que surjan del recuento y mantener una vigilancia exigente sobre las actas y al equipo responsable.
El escrutinio de las 2.794 actas permanece bajo observación nacional e internacional directa, confirmó El Heraldo. Participan en este monitoreo la OEA, medios de comunicación locales y observadores externos invitados, con el objeto de legitimar el proceso y blindar los resultados contra cualquier cuestionamiento sobre su validez. Las autoridades hondureñas han dispuesto medidas extraordinarias para blindar tanto a los trabajadores electorales como a los documentos fundamentales para la confirmación o rechazo de los resultados.
El mismo medio explicó que la reciente escalada de disturbios en torno al INFOP influyó directamente en la adopción de medidas preventivas por parte de los encargados del proceso electoral. El enfoque en la protección y en el respeto estricto del marco legal se consolidó como prioridad, según se evidencia en el refuerzo de los controles y en el llamado a operar exclusivamente dentro del marco de los procedimientos institucionales estipulados.
De acuerdo con la información facilitada por El Heraldo, tanto el CNE como la OEA insistieron en dirigir toda protesta o desacuerdo hacia los canales legales establecidos, descartando categóricamente cualquier recurso fuera del marco jurídico con la finalidad de evitar una escalada de la tensión y contribuir al sostenimiento de la estabilidad institucional. El despliegue de fuerzas de seguridad en las inmediaciones del INFOP persigue no solo el disuasivo de nuevas confrontaciones, sino reforzar el respaldo a la labor de técnicos, veedores y testigos partidarios comprometidos con el desarrollo del escrutinio.
El resguardo institucional responde a la preocupación ciudadana y partidaria por proteger la integridad de los resultados obtenidos. Hacerlo se considera un requisito ineludible para el reconocimiento nacional e internacional del proceso, según publicó El Heraldo. Las expectativas de la ciudadanía, partidos y observadores internacionales se concentran ahora en la conclusión del recuento especial, cuyas etapas finales estarán marcadas tanto por la cobertura mediática nacional como por el escrutinio de la comunidad internacional.
La divulgación puntual de los resultados y el acceso abierto a información relevante conforman, según consignó El Heraldo, los pilares esenciales para el sostenimiento de la legitimidad y confianza en las instituciones electorales. La presión se mantiene sobre el cierre del proceso, con la aspiración compartida desde distintos sectores de que no quede sin resolver ningún elemento que pueda suscitar sospechas de irregularidad o fraude. La convergencia de cobertura periodística, control internacional y demandas de máxima apertura se expresa en una exigencia sostenida para que el desenlace electoral refleje estrictamente la legalidad y la robustez institucional requeridas por la sociedad hondureña y la comunidad internacional.
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