La resolución judicial que permite a Jeanette Vizguerra, defensora de los derechos de los inmigrantes y reconocida como una de las cien personas más influyentes según la revista Time en 2017, presentar argumentos ante un juez migratorio tras nueve meses bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), ha generado atención tanto por la duración de su privación de libertad como por los fundamentos legales en los que se apoya la decisión. Según reportó EFE, la jueza federal Nina Y. Wang, perteneciente a la Corte de Distrito en Denver, determinó que la prolongada detención de Vizguerra en el centro de inmigración de Aurora, en las afueras de Denver, contraviene la Quinta Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, que consagra el derecho al debido proceso.
En el fallo de 38 páginas, la magistrada instruyó la realización de una audiencia de fianza a más tardar el 24 de diciembre, afirmando que la retención de Vizguerra sin dicho procedimiento judicial resulta irrazonable. EFE informó que Wang tomó en consideración varios elementos fundamentales a favor de la activista mexicana, entre ellos el tiempo ya transcurrido bajo custodia federal, la posibilidad de que este período se extienda aún más, y el carácter punitivo de las condiciones en el centro de detención de Aurora.
El medio EFE detalló también que la jueza Wang subrayó la competencia de los tribunales federales para revisar detenciones migratorias prolongadas, independientemente de que ya exista una orden final de deportación. En su resolución, quedó recogida la capacidad del tribunal para analizar la alegación de la defensa sobre una presunta motivación de represalia por el activismo público de Vizguerra en favor de los derechos de los inmigrantes. Si bien la jueza no emitió una sentencia sobre este alegato concreto, consideró que se trata de “circunstancias excepcionales” que respaldan la aplicación del derecho al debido proceso según la Constitución estadounidense, informó EFE.
Vizguerra, de 53 años, fue arrestada el 17 de marzo por agentes de ICE al sur de Denver, según publicó EFE, cuando se encontraba cerca de su lugar de trabajo. Desde entonces, sus abogados han recurrido al habeas corpus para impugnar la legalidad del arresto. La abogada principal de la detenida, Laura Lichter, declaró a EFE: “Esta decisión deja claro que la detención migratoria no está fuera del escrutinio constitucional”, haciendo hincapié en que ahora ICE deberá justificar la continuación de la detención en la audiencia de fianza ordenada por la corte.
La trayectoria de Vizguerra incluye su llegada a Estados Unidos desde Ciudad de México en 1997 y el salto a la notoriedad pública al buscar santuario en iglesias de Denver, intentando evitar así una deportación. Desde entonces, su activismo en defensa de los migrantes la llevó a figurar en la lista de la revista Time de las cien personas más influyentes del mundo en 2017, recordaron las agencias.
El pronunciamiento judicial coincidió, según detalló EFE, con una manifestación organizada por colectivos judíos y aliados frente al centro de detención de Aurora. En la vigilia celebrada con motivo de Janucá, decenas de participantes exigieron la inmediata liberación de Vizguerra y denunciaron lo que denominan persecución de tipo político por parte de las autoridades migratorias.
El expediente permanece abierto mientras el tribunal continúa examinando las denuncias de represalias y otros asuntos constitucionales relacionados con el arresto. EFE enfatizó que la decisión de la jueza Wang podría marcar un precedente sobre la supervisión judicial de las detenciones migratorias extensas, especialmente en casos que los abogados defensores consideran motivados por el activismo de los afectados. El futuro de Vizguerra depende ahora del resultado de la inminente audiencia, en la que ICE tendrá que aportar fundamentos para mantenerla en detención o, de lo contrario, permitir su liberación bajo fianza.
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