Feijóo deberá acudir a los juzgados de Catarroja a testificar por la dana el 9 de enero

La decisión de programar una confrontación judicial entre la exconsellera de Justicia e Interior, Salomé Pradas, y José Manuel Cuenca, exjefe de gabinete del expresidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, refleja la relevancia de clarificar las discrepancias surgidas en relación a la gestión de la riada que tuvo lugar el 29 de octubre de 2024 en la provincia de Valencia y que ocasionó la muerte de 230 personas. Este careo, que se celebrará el 12 de enero, fue aprobado por la jueza responsable de la investigación tras una petición de Acció Cultural del País Valencià, que actúa como acusación popular, después de que Cuenca señalara en sede judicial que los mensajes de WhatsApp presentados por Pradas, su exsuperior, estaban “descontextualizados”. En palabras de la magistrada, según reportó el medio, la finalidad de esta diligencia es cotejar la congruencia de las declaraciones de ambas partes con las pruebas presentadas, lo que resulta fundamental para el avance de la causa penal.

A este procedimiento se suma la citación del presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, quien deberá comparecer como testigo el 9 de enero a las 9:30 de la mañana en los juzgados de Catarroja (Valencia). Según informó el medio, esta decisión de la jueza ocurre tras la solicitud de comparecencia planteada por la Asociación de Víctimas Mortales Dana 29-0, que representa la acusación particular. La presencia del líder del PP reviste especial interés porque la magistrada considera que Feijóo podría clarificar los comentarios que Carlos Mazón, expresidente autonómico, realizó el 29 de octubre de 2024 al recibir información en tiempo real de la evolución de la emergencia, tal como el propio Feijóo manifestó públicamente. Al respecto, la jueza recordó la afirmación hecha por Núñez Feijóo: “El president de la Generalitat, desde el pasado lunes, me ha venido informando en tiempo real”.

Durante la fase actual de la investigación, se encuentran dos personas imputadas por su gestión durante la catástrofe: Salomé Pradas, entonces consellera de Justicia e Interior, y Emilio Argüeso, quien ocupaba el cargo de alto funcionario bajo el mando de Pradas. Según consignó el medio, ambas personas están sujetas a investigación judicial debido a sus responsabilidades ante la gestión y coordinación de las acciones vinculadas a la emergencia que se desencadenó a raíz del fenómeno meteorológico conocido como DANA (Depresión Aislada en Niveles Altos), que afectó con severidad distintas localidades valencianas.

El proceso judicial, según detalló el medio, obtuvo un impulso adicional tras la petición de la acusación particular para que se citara a Feijóo. La jueza explicó que el testimonio del presidente del PP podría aportar información relevante para reconstruir la cadena de decisiones y comunicaciones mantenidas durante las horas más críticas de la riada. En su resolución, la magistrada puntualizó que, mientras en otros casos se había partido de probabilidades basadas en documentos, la citación de Feijóo descansa en la existencia de declaraciones públicas del dirigente político sobre su contacto constante con Mazón, lo que otorgó un fundamento distinto a la diligencia solicitada.

La investigación sigue el criterio establecido previamente por la Audiencia de Valencia, que ya ordenó en una ocasión la declaración como testigo de la periodista Maribel Vilaplana, quien compartió un encuentro con Mazón durante las jornadas investigadas. En ese caso, según consignó el medio, se partió de una carta abierta de la periodista en la que negaba poseer conocimiento directo de los comentarios realizados por el exmandatario autonómico. La jueza explica que, para la citación de Feijóo, la fundamentación es más sólida debido a las manifestaciones públicas del presidente popular.

La instrucción acerca de la catástrofe natural y su gestión institucional busca delimitar las posibles responsabilidades administrativas y penales de los distintos actores implicados en la dirección y toma de decisiones durante el estado de emergencia. Los procedimientos en marcha incluyen tanto la recogida de testimonios como el análisis de pruebas documentales – entre ellas, mensajes de texto y otras comunicaciones electrónicas – que han sido aportadas al juzgado por las partes investigadas y los testigos.

El señalamiento del careo entre Pradas y Cuenca tiene como objetivo analizar, ante la autoridad judicial, la coherencia de las declaraciones entre la exconsellera y quien fuera el jefe de gabinete del líder autonómico. Según publicó el medio, este acto procesal pretende esclarecer diferencias esenciales en los relatos, especialmente en lo concerniente a las órdenes, instrucciones y flujos de información durante la jornada de la riada.

En relación con Pradas y Argüeso, ambos exfuncionarios autonómicos han sido objeto de indagación debido a los cuestionamientos sobre la información que manejaron, las instrucciones que transmitieron y la toma de decisiones en un contexto de alarma provocado por el temporal. Según detalló el medio, las pesquisas incluyen el análisis de la secuencia con la que se gestionaron tanto la comunicación interna como la toma de medidas de protección civil y emergencia.

Por su parte, Feijóo ha sido emplazado como testigo tras evidenciarse su participación indirecta por medio de los contactos que mantuvo con el presidente autonómico durante el desarrollo de los hechos. La jueza, en su auto, afirma que esta comparecencia permitirá “dar razón de los comentarios” que Carlos Mazón pudo “haber hecho” en esos momentos, en función de las conversaciones mantenidas entre los distintos responsables políticos y el entorno de la Generalitat Valenciana.

El proceso judicial avanza con la sucesión de estas diligencias, que buscan esclarecer las circunstancias que rodearon la gestión institucional durante uno de los episodios de desastre natural más graves en la provincia de Valencia en los últimos años. La resolución final del caso dependerá de la valoración de testimonios, confrontación de pruebas y verificación de las responsabilidades o exculpaciones correspondientes, conforme a las actuaciones judiciales en curso.