El Senado de Brasil aprueba la ley que reduce las penas para los condenados por el intento de golpe de Estado

En las sentencias a los implicados en los hechos del 8 de enero de 2023 en Brasilia, algunas personas recibieron condenas que superan los 27 años de cárcel, una situación que impulsó la presión social y política para revisar la proporcionalidad de los castigos asignados a quienes participaron en los disturbios que se interpretaron como un intento de golpe de Estado. Según publicó Globo, el Senado brasileño aprobó una reforma legal que introduce cambios significativos en la dosimetría de las penas para una parte de los condenados, al establecer que cumplirán poco más del 16% de sus sentencias en prisión antes de optar a regímenes alternativos, en contraste con la normativa anterior.

El medio Folha detalló que la nueva legislación contempla un modelo escalonado para el régimen de cumplimiento de condenas, en el que factores como la reincidencia, la gravedad del delito y los antecedentes del acusado determinan el porcentaje de la pena a cumplirse en reclusión. La ley fija una horquilla que va del 20% hasta el 70% por ciento de la condena en prisión, variando según la naturaleza de la participación y si existieron vínculos con organizaciones delictivas. Este cambio normativo, impulsado desde el Senado por Esperidiao Amin, circunscribe la reducción de penas exclusivamente a quienes formaron parte de los hechos ocurridos contra las instituciones democráticas durante 2023 en Brasilia.

Durante la sesión de debate en la cámara alta, la propuesta recibió el respaldo de 48 senadores, mientras que 25 se opusieron y uno se abstuvo, lo que puso de manifiesto la persistencia de divisiones marcadas en la clase política respecto a la gestión judicial de crímenes que atentan contra los poderes del Estado. De acuerdo con reportes de la agencia Senado, el proyecto conocido como “ley de dosimetría” fue presentado por Amin, quien argumentó que la finalidad principal consistía en corregir lo que consideró distorsiones en la imposición de penas derivadas de los juicios por el 8 de enero. Aclaró además que esta reforma no representa una amnistía y expresó que se trata de una respuesta a la situación particular, aunque algunos legisladores sostuvieron durante el debate que la medida podría tener implicancias en futuras decisiones sobre beneficios penales más amplios.

Globo consignó que uno de los temas más discutidos en el proceso de aprobación fue el riesgo de que la reducción de penas se aplicara indiscriminadamente a otros delitos violentos ajenos al contexto institucional. Para limitar este efecto, el texto final propuesto por Amin excluyó expresamente la posibilidad de aplicar este beneficio a crímenes como el feminicidio o a hechos delictivos ajenos a las protestas de enero del año pasado, límite que el plenario reafirmó en distintas ocasiones, según relatos de Folha y de la agencia Senado.

El panorama político actual en Brasil, de acuerdo con la cobertura de Globo y Folha, se ha visto marcado por la polarización y por el debate en torno a cómo el sistema judicial equilibra las garantías procesales para los acusados con la necesidad de prevenir nuevos embates contra la institucionalidad democrática. Defensores de la reforma han insistido en la necesidad de adaptar las penas a las circunstancias personales y a la responsabilidad de cada individuo, evitando tanto la generalización punitiva como la percepción de impunidad. En sentido contrario, los críticos han advertido que suavizar las sanciones podría debilitar el efecto disuasorio del Estado frente a futuras amenazas de igual índole.

Según lo consignado por la agencia Senado, la decisión definitiva sobre la entrada en vigor de la ley depende del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, quien posee la facultad de promulgarla, vetarla completamente o rechazar algunos de sus artículos. En caso de que opte por el veto, sea total o parcial, el Congreso Federal podría decidir si mantiene dicha objeción o si revierte la decisión presidencial para restablecer el contenido de la ley tal como fue aprobada inicialmente en el Senado, lo que mantiene activo el debate constitucional y político en todas las esferas del poder federal.

Folha argumentó que la reforma aprobada busca individualizar acciones y castigos, lo que se traduce en que la responsabilidad penal por los hechos del 8 de enero podrá analizarse caso por caso, evaluando diferentes agravantes o atenuantes como la ausencia de antecedentes o la pertenencia a organizaciones. Esta disposición, según la agencia Senado, pretende evitar castigos idénticos ante conductas y grados de participación disímiles, en línea con demandas expresadas desde organizaciones defensoras de derechos y algunos sectores académicos.

El desenlace legislativo y político de esta ley podría influir en la interpretación de futuras sanciones aplicables frente a otros crímenes de contenido político o de ataque al funcionamiento regular de los tres poderes del Estado, han comentado tanto Folha como Globo. Ambos medios subrayaron que el paso de la reforma por el Senado reavivó debates históricos sobre la proporcionalidad de las penas y la respuesta estatal frente a desafíos institucionales, en un contexto donde la percepción ciudadana sobre la justicia y la efectividad del sistema penal se encuentra particularmente sensible tras la crisis política experimentada por Brasil durante y después de enero de 2023.

La agencia Senado añadió que la tramitación y aprobación del proyecto conocido como “ley de dosimetría” refleja la dificultad de conciliar exigencias de justicia proporcional con la necesidad de blindar el régimen democrático ante riesgos de nuevos episodios violentos, evidenciando una vez más las divisiones y consensos precarios que emergen en las discusiones sobre seguridad y protección institucional en el Parlamento de Brasil.