
El Gobierno francés estima que las regulaciones que penalizaban el aborto y la difusión de información relacionada ocasionaron fallecimientos y daños tanto físicos como morales en miles de mujeres durante más de un siglo. Sobre esa base, la nueva legislación aprobada en el Parlamento busca reparar el perjuicio causado a más de 11.000 personas que fueron condenadas en Francia entre 1870 y 1975 por abortar o participar en la práctica, según reportó BFM TV. El Parlamento francés aprobó de forma definitiva una ley que exime de responsabilidad penal y otorga mecanismos de reparación a todas aquellas personas sancionadas antes de la promulgación de la Ley Veil, en 1975, que despenalizó el aborto en el país.
Según consignó BFM TV, la ley establece de forma explícita que las normativas anteriores no solo castigaban la interrupción voluntaria del embarazo, sino que también obstaculizaban el acceso y el derecho a la información sobre salud sexual y reproductiva. El texto indica que dichas restricciones representaron un ataque a la integridad física y psicológica de las mujeres y atentaron contra sus derechos sexuales y reproductivos. La ministra para los Derechos de las Mujeres, Laurence Rossignol, sostuvo que el Estado tiene la “responsabilidad de reparar a estas mujeres”, subrayando la importancia de proteger la salud femenina y reconocer el daño generado por la criminalización del aborto, tal como recogió BFM TV.
La repercusión de la medida fue respaldada abiertamente por organizaciones feministas y defensoras de los derechos humanos, quienes, según detalló BFM TV, consideraron la decisión parlamentaria como un acontecimiento de alcance histórico. Colectivos especializados remarcaron la culminación de un proceso de movilización y de exigencia de reconocimiento para quienes sufrieron persecución bajo las normativas previas a 1975. El acto legislativo, señalaron estos colectivos, representa un precedente en Europa en materia de reconocimiento y reparación por vulneraciones de derechos reproductivos.
La ministra delegada para Género e Igualdad, Aurore Bergé, respaldó la iniciativa, describiéndola como un acto necesario de justicia para quienes padecieron la aplicación de legislaciones consideradas injustas. Según BFM TV, Bergé también remarcó la urgencia de reparar los efectos negativos y advirtió sobre los ataques que todavía enfrentan las mujeres que buscan ejercer su derecho al aborto en diversas partes del mundo. La funcionaria insistió en la necesidad de permanecer alerta ante los riesgos de retroceso y de mantener políticas públicas que garanticen la protección de los derechos reproductivos.
El texto legal aprobado contiene un reconocimiento del daño moral y social sufrido, así como de las implicancias negativas para la protección de la autonomía y la dignidad de las mujeres. De acuerdo con la información recabada por BFM TV, el Parlamento remarcó que la represión histórica del aborto privó a miles de personas del acceso a la información y de recursos médicos adecuados, provocando consecuencias irreversibles en su vida y en su salud. La legislación facilita el acceso a mecanismos de reconocimiento formal por parte del Estado, a través de un marco legal de reparación.
La aprobación de la nueva ley requirió un proceso legislativo que, según reportó BFM TV, obtuvo el apoyo unánime tanto en el Senado como en la Asamblea Nacional. El respaldo transversal del arco político fue destacado por el gobierno francés como una señal de unidad frente a la necesidad de proteger la igualdad jurídica y corregir el impacto de disposiciones reconocidas hoy como contrarias a los derechos humanos fundamentales.
El alcance del dispositivo legal no se limita únicamente a un acto simbólico; el texto incluye la posibilidad de ofrecer asistencia concreta a las personas que fueron objeto de persecución y condena en virtud de la legislación anterior a 1975. Las autoridades han reiterado su compromiso con el restablecimiento de los derechos y la restitución del reconocimiento a quienes vieron comprometida su autonomía reproductiva debido a procesos judiciales y penas impuestas bajo el antiguo régimen legal.
Desde que la Ley Veil fue promulgada hace aproximadamente 50 años, Francia experimentó un cambio legal relevante en materia de derechos reproductivos, al despenalizar el aborto y establecer garantías para su práctica segura. Según BFM TV, organizaciones internacionales han valorado el nuevo paso de Francia como un ejemplo de política pública orientada a corregir las consecuencias negativas de la criminalización, al tiempo que reforzaron la necesidad de mantener abierta la vigilancia contra eventuales retrocesos.
El debate sobre la interrupción voluntaria del embarazo continúa vigente en el escenario internacional, y las responsables gubernamentales francesas destacaron, según recogió BFM TV, el impacto de la decisión como mensaje a otras naciones donde las restricciones y penalizaciones aún dificultan el acceso a este derecho. Laurence Rossignol y Aurore Bergé recalcaron la importancia de mantener y fortalecer la vigilancia sobre la protección de los derechos reproductivos, así como de alertar frente a la persistencia de obstáculos legales o amenazas contra quienes procuran interrupciones de embarazo seguras.
La nueva normativa aprobada por el Parlamento francés recoge de manera explícita la necesidad de reparar el daño causado durante más de un siglo por leyes que penalizaban tanto la práctica del aborto como la información vinculada. Este reconocimiento supone la apertura de una vía legal para que quienes fueron condenadas puedan acceder no solo a la exoneración penal, sino también al desagravio moral y social, en un contexto de reafirmación de los valores de igualdad y protección de derechos fundamentales que el Estado francés declara como prioritarios.