El Parlament aprueba regular el alquiler de temporada y de habitaciones

El Consell de Garanties Estatutàries (CGE) validó la constitucionalidad de la nueva normativa sobre alquiler de temporada en Cataluña, según detalló el medio El País. No obstante, el órgano planteó dudas respecto a la prórroga automática de las viviendas de protección oficial (VPO) en municipios designados como zonas tensionadas. Esta valoración formó parte del proceso previo a la aprobación, este jueves, por parte del Parlament de una ley impulsada por la Conselleria de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica, que establece nuevas limitaciones y controles sobre los contratos temporales y los arrendamientos por habitaciones, amplía la capacidad de intervención pública, y modifica aspectos clave del marco legal sobre vivienda en la comunidad autónoma.

De acuerdo con El País, el pleno del Parlament dio luz verde al proyecto de ley con el respaldo de varios grupos y tras la inclusión de enmiendas propuestas por Junts, PP y Vox, mientras que PSC-Units, ERC y Comuns presentaron modificaciones conjuntas a la versión revisada por el CGE, instancia a la que Junts y PP solicitaron consulta. El texto aprobado contempla una serie de medidas urgentes en materia de vivienda y urbanismo, afectando tanto a la regulación de la obra pública como a los procedimientos administrativos y urbanísticos implicados en la gestión residencial catalana.

El núcleo de la reforma reside en la declaración de que en los municipios afectados por una alta y verificada demanda residencial, la utilización principal de las viviendas recaerá sobre la residencia habitual y permanente. Asimismo, El País publicó que el arrendamiento de temporada queda condicionado a la existencia de un plan especial que justifique su interés público y social, así como la idoneidad de su ubicación, y determina la fijación de criterios específicos sobre las condiciones de acceso y la duración limitada de estos contratos.

En cuanto al alquiler por habitaciones, la nueva normativa introduce límites en los precios, estipulando que la suma de las rentas de cada habitación no debe superar el precio del arrendamiento total del inmueble. El objetivo, según El País, es garantizar que estos contratos temporales y parciales no se conviertan en un mecanismo para eludir las restricciones establecidas para el alquiler de toda la vivienda, además de reforzar la protección del mercado residencial frente a prácticas especulativas.

Otra novedad significativa de la ley es la creación de un registro de grandes tenedores de vivienda, gestionado por la Agència de l'Habitatge de Catalunya. Esta medida busca mejorar la identificación y control sobre los actores principales en el mercado del alquiler. Además, se establece una comisión encargada de la supervisión de los contratos de arrendamiento de vivienda, y se reconoce formalmente a los inspectores como agentes de la autoridad, especificando sus funciones y capacidades para la fiscalización y control del cumplimiento normativo.

El medio El País también informó que la nueva legislación clarifica el destino de las fianzas retenidas por el Institut Català del Sòl, destinando estos recursos a fortalecer la financiación pública para la construcción de vivienda protegida. El texto amplía, igualmente, el ámbito de actuación administrativa en el ejercicio de los derechos de tanteo y retracto, dotando a la Generalitat y a los entes locales de mayores herramientas legales para adquirir inmuebles y destinarlos a oferta de vivienda social en situaciones donde se detectan necesidades agudas de abastecimiento residencial.

El instrumento legislativo aprobado también introduce cambios en las leyes ya existentes relacionadas con el derecho a la vivienda, el urbanismo y la mejora integral de barrios y municipios, y modifica varios decretos ley que regulan la movilización de viviendas provenientes de ejecuciones hipotecarias y las actuaciones urgentes para optimizar el acceso a la vivienda.

La consellera Sílvia Paneque fue la encargada de exponer los detalles del proyecto en el pleno, subrayando el trabajo de negociación y la integración de propuestas provenientes de distintos grupos parlamentarios. El proceso puso de manifiesto las diferencias sobre determinados aspectos, como la extensión de los beneficios de la prórroga automática para las VPO en zonas tensionadas, aspecto que, según El País, continuará generando debate político y jurídico.

La normativa, que adopta medidas que afectan tanto a los particulares como a los operadores institucionales, pretende responder a la situación de emergencia habitacional declarada en numerosos municipios catalanes y ajustar los mecanismos de intervención del sector público para mejorar la oferta y accesibilidad a la vivienda. Según consignó El País, la ley forma parte del paquete de respuestas que el Govern considera necesarias para enfrentar la presión inmobiliaria y la escasez de vivienda asequible en un contexto marcado por la demanda creciente y las limitaciones estructurales de suelo y recursos para nuevas promociones.

El texto aprobado se enmarca en los intentos de adaptar la regulación autonómica a los requerimientos sociales y jurídicos planteados en los últimos años, buscando tanto la protección de los inquilinos como la promoción de un mercado más transparente y equitativo. Entre los retos señalados durante el debate parlamentario, destacó la necesidad de compatibilizar la seguridad jurídica de los propietarios con las exigencias de acceso justo y asequible a la vivienda impuestas por la realidad demográfica y económica de Cataluña.