El juez del 'caso Begoña Gómez' acata la orden de la Audiencia y archiva para delegado del Gobierno en Madrid

La Audiencia Provincial de Madrid abordó en un reciente auto la cuestión de la legalidad del nombramiento de Cristina Álvarez como asistente de la esposa del presidente del Gobierno, determinando que dicho nombramiento se encontraba “fuera de toda duda”. A partir de esa base, la Audiencia fijó los márgenes de la investigación respecto de los cargos públicos implicados y resolvió que no existían indicios para seguir un proceso penal contra Francisco Martín Aguirre, hasta entonces delegado del Gobierno en Madrid, por lo que el magistrado Juan Carlos Peinado procedió a archivar el caso para Aguirre. Según informó Europa Press, esta decisión se formalizó este jueves en el Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid.

El archivo de la causa ocurre tras la intervención de la Audiencia Provincial, que había estimado los recursos presentados por la Fiscalía y la Abogacía del Estado. Ambas instituciones impugnaron la imputación de Martín Aguirre, defendiendo que su inclusión como investigado se basaba únicamente en conjeturas carentes de pruebas fehacientes. El medio Europa Press detalló que, luego de este análisis, la Audiencia determinó que Martín Aguirre no conocía que Álvarez estuviera actuando fuera de sus propias funciones a indicación de Begoña Gómez, y señaló que la querella sostenía acusaciones sin respaldo de indicios sólidos de responsabilidad penal.

La decisión de archivar la investigación para Martín Aguirre surge después de que, en mayo, el juez Peinado admitió a trámite una querella del partido político Vox. Esta acusación sostenía que Aguirre, desde su función de secretario general de la Presidencia del Gobierno en julio de 2021, habría intervenido en la contratación de Álvarez para que ejerciera labores en beneficio de Gómez. Europa Press informó que, tras la estimación de los recursos y el nuevo análisis de la Audiencia, el juez instructor reconoció como plenamente acreditado que Aguirre no participó en un delito de malversación de caudales públicos. El auto judicial acordó así el sobreseimiento libre respecto al delegado del Gobierno en Madrid.

Europa Press reportó que los jueces de la Audiencia Provincial subrayaron la inexistencia de pruebas que vincularan a Martín Aguirre con conductas contrarias a la legalidad. El tribunal detalló que no consta que Aguirre supiera de ninguna extralimitación en funciones de Álvarez ordenada por Gómez, ni existía elemento alguno que sustentara las sospechas expuestas en la querella actuada. En el auto también recordaron que ya en junio el tribunal se había pronunciado sobre los límites de la investigación, recalcan que la atención debía centrarse en si Álvarez había actuado fuera de su marco funcional para favorecer un supuesto plan delictivo relacionado con Gómez.

La Audiencia Provincial insistió en que las funciones de Cristina Álvarez como asistente de la esposa del presidente se limitaban a gestionar la agenda, administrar el correo y brindar soporte de seguridad y protocolo en los desplazamientos, reuniones o intervenciones de Gómez; tareas consideradas dentro del marco administrativo regular del puesto. Europa Press citó que la resolución judicial valoró que sólo es responsable ante la ley quien emplea un cargo público en beneficio personal, o bien quien, superando su propio cometido, colabora de forma directa en actividades particulares ajenas a su función. El tribunal desestimó, en ese sentido, la viabilidad de que recayera responsabilidad penal sobre Aguirre en su rol fiscalizador, por falta de indicios.

El proceso que llevó a este archivo se dio tras la petición expresa de la Fiscalía, que consideró “incomprensible” la continuidad de la investigación contra Martín Aguirre después de que el juez Peinado exonerara a la secretaria general de Presidencia, Judith González, sucesora de Aguirre, al no hallarse elementos incriminatorios en su contra. El medio Europa Press puntualizó que, una vez aceptados estos recursos y después de consultar a todas las partes, el titular del Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid decidió el sobreseimiento libre para Aguirre, siguiendo la directriz de la Audiencia Provincial.

Actualmente, el juez Peinado sigue investigando los presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios en el sector privado, apropiación indebida, intrusismo y malversación, siendo Begoña Gómez la única persona imputada por los cinco delitos. Francisco Martín Aguirre había estado implicado exclusivamente por el cargo de malversación tras la contratación y desempeño de Cristina Álvarez como asesora.

La decisión judicial responde a la ausencia total de pruebas que acrediten la implicación de Aguirre en la presunta malversación y ratifica, a juicio de la Audiencia Provincial, la regularidad tanto del procedimiento de contratación como del desempeño funcional de Álvarez. Según publicó Europa Press, el auto subraya la necesidad de fundamentar cualquier procesamiento en hechos objetivos y verificables, descartando actuaciones basadas únicamente en suposiciones o argumentaciones no respaldadas por evidencias.