El crecimiento de la tensión institucional se manifestó cuando la alcaldesa de Pozuelo de Alarcón comunicó que no fue invitada ni informada sobre la celebración del Día del Migrante en el centro de acogida, de acuerdo con lo consignado por Europa Press. La falta de comunicación directa entre las administraciones central y local ha generado un ambiente de incertidumbre entre las residentes del Centro de Recepción, Atención y Derivación (CREADE) de Pozuelo, compuesto principalmente por mujeres ucranianas y sus hijos, quienes permanecen a la espera de una decisión judicial tras la impugnación del Gobierno contra el cierre de las instalaciones.
Según detalló Europa Press, el Gobierno de España interpuso un recurso contencioso-administrativo para solicitar la suspensión urgente de la orden municipal que exigía el cierre del CREADE. La medida adoptada por el Ejecutivo responde al decreto del Ayuntamiento de Pozuelo que, desde septiembre, obliga a la reubicación de unas 400 personas que entonces se alojaban en el edificio, estableciendo como fecha límite para la clausura el 17 de enero de 2026. El centro aloja a 125 personas actualmente, de acuerdo con el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, compuesto en su mayoría por mujeres bajo protección temporal, niños y niñas, así como personas procedentes de Latinoamérica y Afganistán.
El conflicto entre las administraciones se remonta a la decisión adoptada por las autoridades locales de poner fin a la actividad del CREADE, argumentando una supuesta carencia de los títulos habilitantes necesarios para la continuidad del centro, tal como informó Europa Press. El Ayuntamiento asegura que el ministerio encargado no ha notificado en ningún momento la aplicación de la resolución ni la planificación para el cierre, ni ha detallado medidas para garantizar su cumplimiento, según señala la comunicación de la alcaldesa que Europa Press consultó. Además, sostienen que no han recibido notificación sobre la tramitación de la regularización administrativa ni confirmación de la interposición de recurso judicial en los plazos previstos legalmente.
Fuentes del Ayuntamiento citadas por Europa Press insisten en que el plazo de 15 días concedido para regularizar la situación ya expiró, y que cualquier recurso debía interponerse antes del 17 de noviembre del año pasado, como contempla la normativa. Paloma Tejero, alcaldesa de Pozuelo de Alarcón, reafirmó en declaraciones recogidas por Europa Press su intención de cumplir la resolución municipal utilizando “todas las herramientas y todos los cauces legales” para ejecutar el cierre del centro, y subrayó que cuentan con un mes adicional para su aplicación efectiva.
Por su parte, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones explicó a Europa Press que el CREADE funciona desde el año 2022 tras la cesión de las instalaciones desde Seguridad Social, para dar respuesta a emergencias humanitarias vinculadas a conflictos armados como el de Ucrania. Desde entonces, el centro ha atendido a más de 100.000 personas solicitantes de protección internacional o temporal, según datos ministeriales. Hasta hace pocos meses no existían fricciones entre ambas administraciones, según las fuentes del Ministerio citadas por Europa Press.
El centro se mantiene operativo a pesar del vencimiento de los plazos marcados por el consistorio, lo que, según resalta Europa Press, ha incrementado la judicialización del proceso y la presión sobre las personas alojadas. Las familias, fundamentalmente mujeres y menores, afrontan una situación de notable incertidumbre porque la orden municipal de cierre sigue vigente, aunque no se ha adoptado por completo y su ejecución depende de la decisión judicial pendiente sobre las medidas cautelares solicitadas por el Gobierno central.
El enfrentamiento institucional ha puesto en evidencia las discrepancias sobre la planificación y gestión administrativa del CREADE, además de reflejar las dificultades para la colaboración entre los niveles de la administración en materia de asistencia humanitaria y protección de personas desplazadas. Según subraya Europa Press, el Gobierno central ha defendido enfáticamente el papel esencial del centro, que consideran imprescindible para la atención temporal a personas desplazadas por conflictos internacionales en situación de vulnerabilidad.
Actualmente, la continuidad de la actividad en el centro y el destino de sus residentes están condicionados a lo que resuelva la instancia judicial respecto a la solicitud de suspensión provisional de la orden de cierre. Este procedimiento legal, según publicó Europa Press, mantiene paralizado el cumplimiento de la resolución del Ayuntamiento de Pozuelo y agudiza la incertidumbre de las familias que dependen del CREADE para su estancia y acceso a recursos básicos.
La situación, según recoge Europa Press, expone los retos habituales en la gestión de centros de acogida en episodios de emergencia humanitaria y evidencia las tensiones surgidas entre las competencias atribuidas a los gobiernos municipales y las funciones estatales en la administración de la política migratoria y la provisión de ayudas sociales. La falta de comunicación y coordinación institucional ha marcado la evolución de este caso, aumentando la complejidad para determinar los próximos pasos en la atención a las familias desplazadas y la permanencia del CREADE como recurso humanitario.
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