Francisco Martín, delegado del Gobierno en Madrid, expresó que durante los meses donde permaneció vinculado al proceso judicial relacionado con el caso Begoña Gómez experimentó una intensa presión y lo describió como una etapa de “verdadero sufrimiento”, de acuerdo con declaraciones recogidas por la prensa tras darse a conocer su desimputación. Según reportó la agencia Europa Press, Martín insistió en que no existían pruebas en su contra ni de los otros cargos investigados y subrayó que la situación a la que se enfrentaron representa una muestra de “violencia política”.
El delegado del Gobierno mostró alivio una vez que se confirmó el archivo de la causa en su contra. El jueves, el juez Juan Carlos Peinado decidió archivar el caso en relación a Martín, cumpliendo con lo ordenado por la Audiencia Provincial de Madrid, que previamente había instruido la retirada de su condición de investigado. Según explicó el medio Europa Press, la Audiencia Provincial consideró que la imputación se había realizado sobre “meras suposiciones”.
A pesar de este nuevo escenario, Martín reclamó públicamente responsabilidad y reparación para el resto de personas que continúan encausadas, recordando que aún quedan implicados en la investigación que siguen afrontando presiones. El funcionario defendió la honestidad de los afectados y remarcó que “ojalá pueda haber una reparación” para ellos, porque “se les ha tratado de forma injustificable y sin duda merecen disculpas”, según recogió Europa Press.
En sus intervenciones ante los medios desde la Delegación del Gobierno, Martín reiteró que desde el inicio advirtió que “nunca había nada” y reafirmó su convicción de que “todo va a terminar en nada”. Destacó que el proceso “ha terminado” para él, pero no así para otros investigados, quienes, a su juicio, siguen sometidos a un trato injusto por parte de la opinión pública y las instituciones, como refirió Europa Press.
El caso conocido como Begoña Gómez ha generado un pronunciado debate público y mediático por las causas judiciales que involucran a diversos responsables políticos y figuras públicas. En el contexto de la decisión judicial, la Audiencia Provincial de Madrid se apoyó en la carencia de fundamentos sólidos para mantener la investigación contra el delegado del Gobierno, tildando la imputación de infundada.
Martín elaboró sobre las consecuencias personales del caso, puntualizando que aun cuando era consciente de su inocencia, no dejó de experimentar “ruido” y presión, los cuales, en sus palabras, constituyeron una forma de violencia política importante. Europa Press reportó que el delegado desea que tanto la sociedad como las instituciones reconozcan los daños y ofrezcan disculpas a todos los afectados que permanecen bajo investigación, enfatizando que merecen ser tratados de forma justa, tras considerar que las acusaciones han tenido un impacto significativo en sus vidas y reputaciones.
El desarrollo de este caso ha centrado la atención en el funcionamiento del sistema judicial y en el papel de las acusaciones en procesos de alta exposición política, donde, según recogió Europa Press, voces como la de Francisco Martín plantean la necesidad de revisar los mecanismos de protección de los derechos e integridad de los implicados hasta la resolución completa de los procedimientos.
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