EEUU sanciona a dos jueces del TPI por "esfuerzos" para "investigar, arrestar o procesar" a israelíes

La desestimación de una apelación israelí ante el Tribunal Penal Internacional (TPI), que permitió continuar investigaciones por eventuales crímenes de guerra en la Franja de Gaza, fue uno de los elementos clave que motivó la reciente decisión de Estados Unidos de imponer sanciones a dos magistrados de esa corte, Gocha Lordkipanidze y Erdenebalsuren Damdin. Según informó el medio citado, Washington justificó estas sanciones alegando que ambos jueces participaron de forma determinante en la decisión que avaló indagatorias, arrestos y potenciales procesos legales contra ciudadanos de Israel, a pesar de que ni Estados Unidos ni Israel hayan otorgado su aval a la jurisdicción del tribunal internacional.

De acuerdo con el medio referido, el secretario de Estado Marco Rubio explicó que la medida se enmarca dentro de la orden ejecutiva 14203, denominada “Imposición de Sanciones al TPI”. Rubio afirmó que el gobierno estadounidense no admitirá el ejercicio de atribuciones que considera fuera de lugar por parte del tribunal, ni permitirá que extienda su alcance legal a ciudadanos estadounidenses o aliados como Israel. Señaló además que las acciones recientes del tribunal penal internacional resultan, a su consideración, politizadas y conllevan riesgos, ya que permiten que ciudadanos de países no firmantes del Estatuto de Roma—piedra angular legal del tribunal—queden sujetos a la potestad judicial del TPI. En palabras de Rubio, "Nuestro mensaje al tribunal ha sido claro: Estados Unidos e Israel no son parte del Estatuto de Roma y, por lo tanto, rechazan la jurisdicción del TPI".

El medio añadió que el anuncio de sanciones a los dos jueces se produjo inmediatamente después del fallo, emitido el lunes anterior, donde el TPI desestimó varios recursos israelíes que buscaban frenar la investigación sobre la respuesta militar israelí tras los ataques del 7 de octubre de 2023. Rubio insistió en que la administración estadounidense responderá con consecuencias “significativas y tangibles” a eventuales extralimitaciones legales por parte del TPI.

El Tribunal Penal Internacional replicó a las sanciones manifestando un rechazo contundente. Según reportó la fuente, la corte caracterizó la acción de Washington como una agresión directa a la autonomía e imparcialidad de una institución que opera bajo el mandato de los Estados miembro. En un comunicado, el tribunal recordó la existencia de varias sanciones similares anteriores, que han afectado a un total de nueve funcionarios electos de la corte y de la oficina del fiscal. El organismo advirtió que las presiones políticas sobre quienes integran el tribunal socavan el Estado de derecho a escala internacional: “Estas medidas dirigidas contra jueces y fiscales elegidos por los Estados parte socavan el Estado de derecho. Cuando los actores judiciales se ven amenazados por aplicar la ley, es el propio orden jurídico internacional el que se pone en riesgo”.

Además, el TPI reafirmó su compromiso de actuar en concordancia con el Estatuto de Roma, manteniendo su independencia y la persecución de crímenes internacionales graves. El tribunal expresó su agradecimiento por el respaldo recibido de múltiples Estados membresía, de la sociedad civil y de movimientos pro justicia, declarando que continuará colaborando con todos los sectores implicados para proteger y desempeñar su mandato con plena autonomía.

El enfrentamiento entre el gobierno de Estados Unidos y el TPI tiene antecedentes recientes. En noviembre de 2024, el tribunal emitió órdenes de arresto contra el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu y el entonces ministro de Defensa Yoav Gallant. Se les señaló por su supuesta implicación en crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad, en el contexto de una ofensiva militar en Gaza que, según consignó el medio, habría provocado más de 70.600 muertes en ese territorio palestino. También se solicitaron órdenes de detención para tres líderes de Hamás, muertos desde entonces durante los combates.

Como recuerda el medio, las acciones contra el TPI no son inéditas: durante la administración de Donald Trump, la Casa Blanca firmó la misma orden ejecutiva que autoriza sanciones sobre altos cargos y empleados del tribunal. Según la fuente mencionada, el argumento principal sostenido por Washington es que el tribunal actúa sobre personal estadounidense o de países aliados sin base jurídica suficiente y sin la autorización expresa de los gobiernos afectados.

Entre las penalidades impuestas por las autoridades estadounidenses figuran la congelación de bienes y activos dentro de territorio norteamericano y la prohibición de ingreso a Estados Unidos, tanto para funcionarios y empleados del TPI objeto de sanciones como para sus familiares cercanos. Restricciones adicionales se extienden a cualquier individuo que asista en actividades del tribunal relacionadas con investigación, arresto o enjuiciamiento de ciudadanos protegidos, en ausencia del consentimiento de su Estado de origen.

Estas medidas intensifican el desacuerdo de fondo entre Estados Unidos y la corte internacional acerca del alcance y la legitimidad del TPI en casos que involucran a personas de países ajenos al Estatuto de Roma. El medio subrayó que el tribunal insiste en preservar su objetivo de proteger a las víctimas de crímenes atroces y de asegurar justicia global, aun bajo el contexto de presiones políticas y amenazas a sus funciones institucionales.