Abogado General de la UE considera que tribunales nacionales deben poder anular sanciones deportivas ilegales

La sanción impuesta a los exdirectivos de la Juventus, Andrea Agnelli y Maurizio Arrivabene, que consistió en dos años de prohibición para desempeñar actividades relacionadas con el fútbol profesional en Italia y fue posteriormente extendida por la FIFA al ámbito internacional, reavivó el debate en torno a la protección judicial ante castigos deportivos en la Unión Europea. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) informó que el Abogado General, Dean Spielmann, emitió una opinión en la que defiende que la normativa comunitaria exige que los tribunales nacionales tengan la facultad de revocar sanciones deportivas que resulten contrarias a derecho.

Tal como detalló el TJUE, el pronunciamiento de Spielmann tuvo lugar como respuesta a una consulta formal realizada por el Tribunal Regional de lo Contencioso-Administrativo del Lacio, que se enfrentó con las restricciones de la legislación italiana. Bajo este marco normativo, los jueces administrativos italianos solo pueden conceder indemnizaciones si detectan irregularidades en procedimientos disciplinarios, pero les está vetada la posibilidad de suspender o anular las sanciones impuestas en el ámbito deportivo. Esta limitación ha generado controversia sobre la correspondencia de la ley italiana con los principios europeos de tutela judicial efectiva.

El caso que originó la consulta se gestó después de que, tras una absolución inicial, la Fiscalía italiana aportó nuevos elementos que motivaron la reapertura del expediente disciplinario de la Juventus, junto con la intervención posterior del Comité de Garantías del Deporte del Comité Olímpico Italiano (CONI), que terminó por confirmar la sanción. El medio judicial europeo relató que esto llevó al Tribunal Administrativo del Lacio a elevar al TJUE preguntas sobre si las normas italianas, al impedir la revisión y la suspensión de castigos deportivos ilegales, vulneran el Derecho de la Unión, especialmente en lo que se refiere a la libre circulación y al mantenimiento de la competencia en la esfera del deporte.

En su valoración, Dean Spielmann sugirió que las reglas de libre circulación no se oponen a la imposición de sanciones disciplinarias, siempre que estas se apliquen con criterios basados en objetivos claros, fundamentos proporcionales y mecanismos equitativos, y que busquen preservar la integridad de las competiciones deportivas. El TJUE publicó que Spielmann también rechazó que las sanciones disciplinarias impuestas individualmente a directivos de clubes deportivos distorsionen la competencia o supongan un abuso de posición dominante, al no existir indicios de efectos adversos en el mercado derivados de este tipo de medidas.

A pesar de validar la autonomía parcial del régimen jurídico deportivo de cada país, el Abogado General subrayó que esta independencia no puede justificar restricciones contra derechos fundamentales, ni menoscabar garantías procesales que la legislación comunitaria reconoce a los afectados. El TJUE señaló que, según el dictamen de Spielmann, la clave del conflicto reside únicamente en la imposibilidad de los tribunales nacionales de revocar sanciones deportivas ilegales, lo que resulta incompatible con el Derecho de la Unión. El comunicado recogió la afirmación de Spielmann según la cual “los tribunales competentes deben poder anular esas sanciones y, en su caso, conceder medidas cautelares que garanticen la eficacia de la futura resolución judicial”.

La opinión jurídica sostiene que la tutela efectiva solo se materializa si las cortes nacionales pueden intervenir no solo concediendo compensaciones económicas, sino también anulando o suspendiendo actos disciplinarios ilícitos. El TJUE explicó que, en el contexto italiano, el único control con carácter judicial proviene precisamente del tribunal administrativo, ya que los organismos deportivos carecen del mismo rango jurisdiccional a los ojos de la normativa europea. En caso de que alguna instancia de justicia deportiva pudiera ser reconocida como tribunal con potestad jurisdiccional conforme al Derecho de la UE, la ley italiana sí cumpliría con las exigencias comunitarias. Esta precisión fue recogida por la fuente comunitaria para destacar la importancia del encuadre institucional en la protección de derechos fundamentales.

El TJUE remarcó que la postura de Dean Spielmann constituye una propuesta y carece de efectos vinculantes para el tribunal, aunque su dictamen servirá para orientar la futura sentencia y establecer parámetros interpretativos sobre cómo los estados miembros deben compatibilizar la justicia deportiva con el derecho de acceso a los tribunales y el principio de tutela judicial efectiva. Las conclusiones presentadas contribuirán a delimitar el margen de autonomía de los sistemas jurídicos deportivos nacionales respecto al ordenamiento comunitario, especialmente en lo relativo al alcance de los recursos judiciales contra castigos disciplinarios.