Venezuela rechaza la "amenaza temeraria" de EEUU y adelanta que denunciará al país ante la ONU

Las preocupaciones del gobierno venezolano se centran en el incremento de la actividad militar estadounidense cerca del litoral nacional, a lo que atribuye la consolidación de una estrategia destinada a restringir la proyección internacional del país. Según consignó Europa Press, Caracas sostiene que la combinación de la presión militar y el endurecimiento de las sanciones representa una interferencia sobre la autonomía operativa y la economía, al punto de condicionar tanto las alianzas externas como la capacidad para gestionar sus recursos energéticos. Sobre esta base, la administración de Nicolás Maduro presentó ante Naciones Unidas una denuncia formal contra Estados Unidos, argumentando que estas políticas vulneran los principios de soberanía y afectan los sectores productivos esenciales de Venezuela.

De acuerdo con la información publicada por Europa Press, uno de los principales ejes de la ofensiva internacional de Caracas radica en la defensa de sus intereses en los mercados energéticos. El Ejecutivo venezolano sostiene que las sanciones estadounidenses, además de restringir la operatividad del sector petrolero, ponen en peligro el equilibrio interno y exterior de la economía nacional. La decisión de llevar la denuncia a la Organización de las Naciones Unidas responde a la intención de posicionar el caso venezolano en el centro del debate sobre la legitimidad y las consecuencias de las restricciones impuestas por Washington en los ámbitos comercial y energético.

Europa Press detalló que la administración venezolana considera que la imposición de prohibiciones específicas sobre buques vinculados a la exportación de crudo ha complicado significativamente las operaciones de transporte marítimo, limitando gravemente la obtención de divisas. Además, los funcionarios oficiales denuncian que las regulaciones estadounidenses se orientan deliberadamente a bloquear la capacidad de Venezuela de acceder al comercio internacional, elevando el nivel de vulnerabilidad de la economía y comprometiendo su estabilidad.

Según explicó el gobierno de Maduro en los foros internacionales, la dependencia de las exportaciones petroleras impacta de manera directa en la entrada de recursos financieros, de modo que cualquier interferencia afecta no solo la economía nacional sino que también influye en el funcionamiento del sistema financiero y comercial a nivel global. Europa Press recoge que el Ejecutivo atribuye a Washington una intervención multidimensional, que incluye acciones económicas, legales y militares con el propósito explícito de influir en la política interna y manejar la dirección de la política exterior venezolana.

Entre los factores que más preocupan a las autoridades de Caracas, se encuentran las calificaciones internacionales que sitúan a la administración como “organización terrorista”, así como declaraciones de figuras políticas estadounidenses. Europa Press cita expresamente al exmandatario Donald Trump, quien declaró: “Estados Unidos mantendrá la presión hasta que Venezuela ceda control de todo el petróleo, las tierras y otros activos que nos robaron anteriormente.” El gobierno venezolano entiende estas afirmaciones como la confirmación de una actitud de apropiación hacia los recursos nacionales, lo que refuerza la motivación para presentar la denuncia internacional.

La vicepresidenta Delcy Rodríguez, en declaraciones consignadas por Europa Press, sostuvo que la presentación ante la ONU constituye un instrumento para frenar intentos de apropiación de bienes y recursos mediante sanciones que, a juicio del Ejecutivo, contravienen los principios fundamentales de la Carta de la ONU. Caracas insiste en que estas medidas no afectan únicamente el entorno económico venezolano, sino que contribuyen a distorsionar el orden jurídico internacional y a alterar el intercambio comercial y financiero global, mediante la utilización de argumentos de seguridad internacional.

Europa Press señala que, desde la perspectiva venezolana, existe una correlación entre la intensificación de las sanciones y la difusión de campañas informativas atribuidas a portavoces oficiales de Estados Unidos. Según este enfoque, el objetivo de tales campañas es moldear la percepción internacional y preparar el terreno para la implementación de sanciones adicionales, bloqueos financieros y eventuales nuevas acciones de aislamiento en los planos diplomático y económico. Las autoridades de Caracas advierten que este tipo de narrativas pueden afectar la percepción global y la estabilidad institucional en otros Estados.

El contexto de enfrentamiento entre ambos países incluye episodios recientes de crisis diplomáticas, la adopción de restricciones comerciales recíprocas y el deterioro del diálogo institucional, condiciones que complican cualquier intento de restablecimiento de la cooperación, según reporta Europa Press. El gobierno venezolano identifica el uso reiterado de acusaciones relacionadas con terrorismo, narcotráfico y tráfico de personas por parte de Estados Unidos como herramientas políticas orientadas a justificar la intensificación de restricciones y sanciones.

Europa Press subraya que la estrategia venezolana va más allá de la denuncia ante Naciones Unidas. Se orienta a obtener respaldo de gobiernos afines, organismos multilaterales y foros regionales con la finalidad de preservar la función estatal y resguardar la estabilidad institucional. A partir de esta dinámica, Caracas busca generar nuevas repercusiones diplomáticas y jurídicas en el escenario global, enfocadas en la protección del patrimonio y la proyección internacional.

El rechazo firme a la intervención extranjera destaca nuevamente como uno de los principios centrales de la política venezolana, tal como difundió el medio europeo. Caracas insiste en el respeto a la autodeterminación y la igualdad de derechos entre los Estados, conceptos anclados en la Carta de Naciones Unidas, y considera prioritario garantizar el acceso pleno a los recursos energéticos y las rutas comerciales internacionales como elementos indispensables para la supervivencia y el desarrollo.

La serie de comunicaciones diplomáticas emitidas por la administración de Maduro posiciona la defensa de la integridad territorial y del modelo institucional en el núcleo de sus reclamos, sumando a esto la protección del sector energético y la preservación de la operatividad comercial. Según Europa Press, la reciente intensificación de las gestiones diplomáticas se ha traducido en el intento de fortalecer alianzas y consolidar mecanismos de cooperación en organismos multilaterales e instancias regionales.

El ejecutivo venezolano focaliza esfuerzos en atraer respaldo político y jurídico que permita enfrentar el impacto de las sanciones. De acuerdo con lo indicado por Europa Press, el gobierno solicita a la comunidad internacional que rechace medidas restrictivas y promueva la defensa de los principios recogidos en la Carta de la ONU. Las autoridades insisten en que el verdadero objetivo de las sanciones es restringir el margen de acción del Estado venezolano, tanto en el plano económico como en el político y diplomático.

El mismo medio señala que el enfoque oficial comprende el uso de todos los canales multilaterales disponibles en búsqueda de apoyos frente a la escalada de presiones externas, además de reforzar las posiciones del país en relación con los derechos estatales y la protección de los activos nacionales. Según los análisis recogidos por Europa Press, el gobierno prioriza tanto la cooperación bilateral como la integración en iniciativas conjuntas dentro de organismos internacionales.

La decisión de ampliar las actuaciones diplomáticas responde también al interés por asegurar la continuidad de las actividades comerciales y energéticas, junto con la preservación de las capacidades institutionales ante nuevas restricciones. Caracas estructura su argumentación alrededor de la defensa de los principios de no intervención y del respeto a la soberanía como normas rectoras de la convivencia internacional. Las autoridades mantienen la exigencia de que cese la aplicación de políticas orientadas a socavar la economía y el sistema estatal del país, mientras insisten en la protección de los sectores estratégicos y en el mantenimiento de canales de exportación de materias primas vitales, especialmente el crudo, considerado la columna vertebral de la economía y soporte del ingreso de recursos al Estado.