Miles de tunecinos marchan en apoyo a Saied coincidiendo con el 15º aniversario de la revolución contra Ben Alí

La detención reciente de Ahmed Nayib Chebbi, líder de la coalición opositora Frente de Salvación Nacional, bajo condena por conspiración contra la seguridad estatal, elevó la inquietud de entidades nacionales e internacionales ante la posibilidad de un regreso a prácticas autoritarias en Túnez. Según publicó Europa Press, organizaciones no gubernamentales internacionales condenaron el encarcelamiento de Chebbi, mientras la tensión social en la capital aumentaba por la convocatoria de marchas multitudinarias coincidiendo con el aniversario número quince de la revolución de 2011.

Miles de personas se congregaron en las calles de Túnez para participar en manifestaciones tanto de respaldo como de crítica hacia la gestión del presidente Kais Saied, informó Europa Press. La jornada, marcada por la conmemoración de la llamada “Revolución de los Jazmines” que impulsó la conocida ‘Primavera Árabe’, presentó dos polos: el apoyo a la figura presidencial por un sector numeroso de la población y las protestas de movimientos y organizaciones que señalan una involución en derechos y libertades individuales.

De acuerdo con Europa Press, el presidente Saied realizó una breve aparición en la avenida Habib Burguiba, donde simpatizantes le recibieron portando banderas nacionales. Posteriormente, Saied se incorporó a una concentración cuyos asistentes reivindicaron la preservación de la soberanía nacional frente a supuestas injerencias externas en los asuntos internos tunecinos.

El ascenso de Kais Saied al poder se produjo en 2019, tras obtener cerca del 73 por ciento de los votos en la segunda vuelta de una elección presidencial que coincidió con el encarcelamiento de su principal rival, Nabil Karui, bajo cargos de corrupción, precisó Europa Press. Saied, docente de derecho constitucional, inició su gobierno alejándose de prácticas protocolarias de sus predecesores y rechazando trasladarse al Palacio Presidencial de Cartago. Las dificultades económicas, agravadas por la pandemia de COVID-19 y los desacuerdos entre el Ejecutivo y un Parlamento dominado por el partido Ennahda, generaron una crisis de gobernabilidad.

En respuesta a la inestabilidad y a las demandas ciudadanas por mejores servicios públicos, Saied suspendió el Parlamento y disolvió el Gobierno en 2021, retirando la inmunidad a los legisladores y procediendo después a la disolución definitiva de la cámara. Grupos opositores, encabezados por Ennahda, han calificado estas acciones de autogolpe con el objetivo de consolidar la autoridad presidencial. Por su parte, el mandatario y sus seguidores han defendido las medidas como necesarias para restaurar el orden, al tiempo que acusan a sus detractores de fomentar la desestabilización, consignó Europa Press.

Desde la imposición de estas medidas, decenas de figuras políticas, abogados, periodistas y activistas experimentaron procesos judiciales y detenciones, hechos que la oposición describe como judicialización política. Algunas de las condenas más destacadas incluyen el caso de Rachid Ghanuchi, presidente de Ennahda y exlíder del Parlamento, sentenciado por corrupción, financiamiento ilegal y apología del terrorismo. Tanto Ghanuchi como su movimiento rechazaron los cargos, catalogando las causas en su contra como parte de “una serie de juicios políticos contra todos los sectores del espectro político y la sociedad civil desde el golpe del 25 de julio de 2021”, según reportó Europa Press.

Amnistía Internacional, mencionada por Europa Press, denunció la utilización de “leyes represivas” y “cargos infundados” para llevar a cabo detenciones arbitrarias contra opositores, periodistas, sindicalistas y defensores de los derechos humanos en Túnez. Esta organización también reprochó a la Unión Europea su presunta complicidad con los abusos cometidos por las autoridades tunecinas contra migrantes.

Distintas entidades, entre ellas la Liga Tunecina de Derechos Humanos, la Asociación de Mujeres Demócratas, el Colegio de Abogados y varios grupos opositores, encabezaron movilizaciones para llamar la atención sobre lo que definen como una reducción progresiva del espacio cívico y una amenaza a las libertades políticas. Las recientes marchas exhibieron una clara fragmentación social: mientras algunos asistentes elogiaron la postura del presidente frente a la defensa de la soberanía, otros insistieron en el retroceso democrático percibido, indicó Europa Press.

El contexto actual en Túnez se interpreta sobre el trasfondo de la revolución iniciada en 2010, tras la autoinmolación de Mohamed Buazizi, un vendedor ambulante afectado por acoso policial. Este episodio desencadenó un movimiento de protesta que, en apenas semanas, logró la salida del entonces presidente Zine el Abidine ben Alí tras veinticuatro años en el poder, recordó Europa Press. Ben Alí, quien asumió el cargo tras la destitución por incapacidad de Habib Burguiba en 1987, partió al exilio en Arabia Saudí y falleció en 2019.

El periodo posterior a la revolución fue considerado un ejemplo para la región, pero la sucesión de gobiernos que no consiguieron estabilizar ni la economía ni el tejido social derivó en un clima de descontento generalizado. El país fue escenario de atentados que afectaron al turismo, y la crisis sanitaria por la COVID-19 tuvo consecuencias graves sobre la vida económica, detalló Europa Press.

Las reformas impulsadas por Saied y el endurecimiento de la política oficial contra la oposición han dado lugar a comparaciones con el nivel de autoritarismo vigente en la era Ben Alí. Europa Press subrayó que la experiencia democrática tunecina se ve condicionada por una baja participación política: en el referéndum constitucional de octubre de 2024, Saied obtuvo más del 90 por ciento de los votos, pero el índice de concurrencia se situó por debajo del 30 por ciento, la cifra más baja desde 2011.

El balance actual indica que Túnez encara graves desafíos en materia de gobernabilidad, estabilidad económica y respeto a los derechos fundamentales, en un entorno marcado por la presión de diversos sectores sociales y políticos, consignó Europa Press. Las divisiones y las dificultades para canalizar el descontento mantienen la incertidumbre sobre la trayectoria futura del país.