La heterogeneidad de criterios entre comunidades autónomas respecto al derecho de las familias a disponer del cuerpo de sus bebés sin vida ha sido uno de los principales motivos que llevó a la Federación Española de Duelo Perinatal (FEDUP) a comparecer ante la Comisión de Igualdad del Senado, según detalló el medio que cubrió la intervención. Durante la sesión realizada este miércoles, la entidad presentó un paquete de propuestas que buscan establecer un marco legal y social común en todo el país para garantizar un trato digno y homogéneo a las personas afectadas por la muerte gestacional o perinatal.
FEDUP solicitó la creación de registros oficiales y simbólicos de carácter nacional para los bebés nacidos sin vida, así como un registro específico de pérdidas gestacionales anteriores a las 22 semanas. De acuerdo con el medio, la federación planteó que esta medida, de inscripción voluntaria y alcance estadístico, permitiría visibilizar la magnitud de un fenómeno que permanece en gran parte oculto ante la sociedad y las instituciones. Además, en palabras de la presidenta Montse Robles, la ausencia de datos oficiales hace que muchas familias se enfrenten en solitario a una realidad que no recibe suficiente reconocimiento ni protección institucional.
La comparecencia incluyó la exposición de demandas orientadas a asegurar derechos básicos vinculados con la memoria, el acompañamiento y la protección social en los procesos de duelo perinatal. FEDUP reclamó la implantación de bajas médicas automáticas ajustadas proporcionalmente al trimestre de gestación en el que se produzca la pérdida, medida que actualmente depende de la legislación autonómica y que, según el medio, genera desigualdades en el acceso al permiso laboral. Además, la federación propuso que tanto la persona gestante como el progenitor no gestante sean reconocidos como titulares de este derecho, al considerar que el impacto emocional y familiar exige una respuesta que abarque a ambos integrantes de la unidad parental.
Según expuso la organización, estas medidas buscan corregir la insuficiencia del marco normativo vigente, el cual deja desprotegidas a muchas familias y genera diferencias basadas en circunstancias como la edad gestacional o el lugar de residencia. FEDUP solicitó de manera expresa un reconocimiento oficial de la violencia obstétrica, proponiendo su incorporación en los currículums académicos y la formación obligatoria para el personal sanitario en derechos sexuales y reproductivos, tal como publicó el medio. La federación defendió que un mayor conocimiento y sensibilización por parte de los profesionales puede mejorar la atención brindada en casos de duelo perinatal y prevenir prácticas consideradas lesivas.
En la esfera económica y social, FEDUP planteó la necesidad de facilitar los procesos de despedida mediante la habilitación de espacios gratuitos en cementerios, la aplicación de tarifas funerarias ajustadas a cada caso y la reducción del IVA en los servicios funerarios relacionados con la muerte perinatal. Según reportó el medio, la federación considera que estos apoyos pueden ayudar a mitigar el impacto económico añadido a la vivencia de la pérdida.
Durante la intervención en la Cámara Alta, la vocal de FEDUP María González señaló la importancia histórica de que la Comisión de Igualdad impulse un reconocimiento oficial y estatal del duelo compartido, tanto para la persona gestante como para el resto de la familia: “El duelo es compartido y debe ser reconocido como un derecho, tanto para la madre gestante como para el progenitor no gestante”. El medio indicó que la federación insistió en la universalidad de los derechos reclamados, solicitando que no existan restricciones por razón de situación laboral, residencia o criterios administrativos como la edad fetal.
Las propuestas de FEDUP tienen como finalidad que se desarrollen políticas públicas y protocolos oficiales que favorezcan el acompañamiento y el respeto a las personas que atraviesan estos procesos. Según consignó el medio, para la federación estos cambios son clave para romper el silencio social y administrativo que sigue rodeando la muerte gestacional y perinatal en España, y confían en que la visibilización lograda ante el Senado derive en un avance real en materia legislativa y social para proteger a las familias que afrontan estas pérdidas.
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