El Congreso de Costa Rica rechaza por tres votos levantar la inmunidad al presidente Chaves

El reciente intento por retirar la inmunidad al presidente Rodrigo Chaves en Costa Rica no logró la mayoría calificada necesaria en la Asamblea Legislativa, lo que mantiene en suspenso la posibilidad de investigación judicial respecto a las acusaciones de “beligerancia política” que enfrenta el mandatario. De acuerdo con El País, la votación en el Parlamento concluyó con 35 diputados a favor y 21 en contra de la moción de supresión del fuero presidencial, resultado insuficiente frente a la exigencia de 38 votos que demanda la Constitución. Luego de extensos debates y negociaciones entre distintas bancadas, la protección legal del presidente permanece vigente, en un contexto marcado por la cercanía de los comicios nacionales y una tensiones evidentes entre poderes del Estado.

Según detalló El País, la moción fue originada a partir de una solicitud del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), sustentada en acusaciones que señalaban al presidente Chaves por su supuesta “beligerancia política”. Este término, utilizado en la legislación costarricense, se refiere a conductas que contravienen la exigencia de neutralidad e imparcialidad de los funcionarios públicos y puede derivar en sanciones como la destitución o suspensión del cargo, en caso de comprobarse responsabilidad. La controversia adquirió mayor visibilidad cuando el presidente criticó públicamente la restricción impuesta por el TSE sobre la difusión de campañas institucionales durante el periodo electoral, calificando dicha regla como una “ley mordaza”.

La postura del bloque oficialista, conformado por el Partido Progreso Social Democrático y el Partido Nueva República, fue decisiva para impedir que la propuesta avanzara. El respaldo de estos grupos resultó clave en la obtención del número de votos necesario para frustrar el levantamiento del fuero, reportó el medio El País. Mientras tanto, los diputados opositores manifestaron su descontento ante la incapacidad de someter al presidente a una indagación formal, considerando que la existencia de la inmunidad obstaculiza la fiscalización de las actuaciones del Ejecutivo, especialmente en un periodo electoral.

En reacción a los señalamientos presidenciales, la presidenta del TSE, Eugenia Zamora, respondió enfatizando las posibles consecuencias negativas sobre el proceso democrático. Según recoge El País, Zamora subrayó que los cuestionamientos al tribunal afectan la credibilidad institucional y amenazan el desenvolvimiento de los comicios. “Cuando usted, faltando a la verdad, acusa un sesgo partidario en mis actuaciones y en las de mis compañeras y compañeros del Tribunal (...), está atacando la credibilidad de la institución que dirigimos, del proceso electoral que se avecina y del resultado de este que certificaremos”, afirmó la funcionaria. Asimismo, advirtió que este tipo de declaraciones puede debilitar la estabilidad política y aumentar las tensiones sociales cuando la sociedad costarricense se prepara para elegir nuevo gobierno.

El País recordó que este no ha sido el único intento de someter la inmunidad del presidente Chaves a votación. En septiembre pasado, legisladores de la oposición promovieron una moción similar vinculada a presuntas irregularidades en el manejo de fondos del Banco Centroamericano de Integración Económica. Tampoco en esa ocasión se consiguió la mayoría requerida. Esta dinámica ilustra el predominio de alianzas clave dentro del Parlamento que, con su correlación de fuerzas, han permitido al bloque oficialista retener el control en votaciones decisivas para la figura presidencial.

Por su parte, Rodrigo Arias, presidente de la Asamblea Legislativa, expuso que la iniciativa de remoción del fuero carecía de pruebas suficientemente sólidas, una condición indispensable para proceder según las garantías jurídicas previstas. De acuerdo con El País, tanto Arias como otros legisladores afines al Ejecutivo consideran que el elevado umbral constitucional protege no solo la investidura presidencial, sino los equilibrios esenciales del sistema institucional costarricense.

La legislación vigente en Costa Rica contempla el levantamiento de la inmunidad presidencial solo bajo circunstancias controvertidas y demanda una mayoría calificada —dos tercios del plenario parlamentario— para proceder. Mientras no se logre esa mayoría, cualquier investigación promovida por instancias como el TSE queda bloqueada, subrayó El País. Esto prolonga la controversia sobre la eficacia de los mecanismos de control entre poderes y el alcance de las protecciones conferidas al mandatario por la Constitución.

Según el mismo medio, la resolución reavivó debates sociales respecto al grado de autonomía que deben presentar las instituciones encargadas de supervisar al Ejecutivo y la transparencia en los procesos electorales. Sectores críticos sostienen que la negativa a levantar el fuero alimenta la percepción de polarización y pone a prueba la reputación de independencia atribuida a cuerpos como el TSE. El pronunciamiento de Eugenia Zamora, al relacionar la crítica pública a los órganos electorales con el posible deterioro de la convivencia y la paz social, añadió un nuevo matiz a las discusiones y movilizó cuestionamientos sobre los límites de la crítica política en democracia, tal como destacó El País.

El mantenimiento de la inmunidad presidencial, derivado del reciente voto legislativo, posibilita que las indagaciones sobre supuestas infracciones cometidas por el presidente Chaves permanezcan en pausa indefinida, siempre y cuando el oficialismo y sus aliados eviten que la oposición reúna los respaldos parlamentarios requeridos. Según El País, esta situación ha generado demandas ciudadanas en favor de mayores niveles de transparencia y procedimientos de evaluación más rigurosos ante eventuales faltas en el ejercicio ejecutivo.

La tensión institucional se ve agravada por el contexto electoral, en el que el enfrentamiento discursivo entre el presidente y los órganos de control alimenta los cuestionamientos sobre la robustez de los mecanismos de contrapeso vigentes en el país. De acuerdo con información publicada por El País, los sectores opositores y parte de la sociedad civil subrayan la necesidad de fortalecer los sistemas de fiscalización parlamentaria antes del inicio de la jornada electoral, reclamando acciones que garanticen la legitimidad de los resultados y el respeto por las normas democráticas.

El episodio refleja la importancia de las mayorías y alianzas legislativas en la protección o eventual investigación de la figura presidencial. La resolución del Parlamento de Costa Rica ha dejado en evidencia el papel central que desempeñan las fuerzas políticas en la definición de los límites al poder Ejecutivo y ha motivado nuevas discusiones sobre el futuro de la relación entre Gobierno y órganos independientes, como recogió El País en sus reportes. El desarrollo de los acontecimientos quedará condicionado por el devenir de las relaciones entre partidos y el escenario político de cara a las próximas elecciones.