El contrato validado por la Cámara de Diputados de Bolivia libera una proporción del financiamiento internacional para que el país recupere su ejercicio pleno de voto y voz en la asamblea general de la Corporación Andina de Fomento (CAF). Según lo detallado por el medio, esta medida acompaña la aprobación de un préstamo de 550 millones de dólares (468 millones de euros), de los cuales la mayor parte estará destinada a saldar pasivos acumulados en administraciones anteriores y asegurar la liquidez del Estado. El acuerdo, que todavía requiere la revisión y aprobación del Senado antes de su entrada en vigor, busca estabilizar la situación financiera del país liderado por el gobierno de Luis Arce y la gestión administrativa encabezada por Rodrigo Paz.
La medida legislativa aprobada asigna específicamente el 78% del monto total del préstamo —es decir, 429 millones de dólares (365 millones de euros)— al pago de la deuda flotante, que incluye compromisos impagos de gobiernos subnacionales como gobernaciones y municipios. De acuerdo con el proyecto presentado a la Cámara de Diputados y consignado por el medio, el objetivo principal del crédito es regularizar obligaciones pendientes y dotar de respaldo financiero al gobierno nacional.
El resto de los fondos obtenidos a través de este préstamo internacional contempla usos focalizados. Un equivalente a 22% del préstamo, es decir, aproximadamente 121 millones de dólares (103 millones de euros), estará disponible para impulsar el desarrollo de infraestructura pública y cubrir costos administrativos inherentes al financiamiento. Según el desglose citado por el medio, 57 millones de dólares (48 millones de euros) alimentarán proyectos de obras públicas y mantenimiento de infraestructura, mientras que 3,7 millones de dólares (3,1 millones de euros) se asignarán a comisiones financieras, evaluaciones técnicas y otros gastos vinculados al proceso de obtención del crédito.
Parte de este acuerdo implica un aporte de capital a la CAF, el cual servirá para que Bolivia recupere la condición de miembro pleno, permitiéndole ejercer derechos de participación institucional en la asamblea general del organismo multilateral. Esta situación corresponde a un restablecimiento tras periodos con restricciones, detalló la fuente. La CAF, desde inicios de noviembre, efectuó el anuncio de un programa ampliado de apoyo a Bolivia, calculado en 3.100 millones de dólares (2.687 millones de euros) distribuidos entre 2025 y 2030, de acuerdo con lo publicado en el medio.
El nuevo préstamo se integra dentro de una flexibilización en el acceso al crédito que la CAF ha promovido para países como Bolivia, en función de fortalecer su capacidad para afrontar obligaciones fiscales y avanzar en la agenda de inversión pública, según reportó el medio. El instrumento financiero aprobado establece un plazo de devolución de 12 años y estipula un período de gracia de 36 meses tras la puesta en marcha legal del contrato.
La administración gubernamental atribuye la urgencia de este endeudamiento a la acumulación de pasivos transferidos desde gestiones pasadas. El gobierno argumenta que la prioridad del préstamo reside en la depuración de deudas pendientes con entidades regionales y locales, acción que permitiría sanear las cuentas públicas y generar una base de liquidez adecuada para nuevas políticas económicas, de acuerdo con lo informado por el medio.
La porción de recursos dirigida a infraestructura pública servirá para crear y mejorar bienes públicos, lo que incluye tanto nuevos proyectos como actividades de mantenimiento. Los fondos destinados a cubrir condiciones relacionadas con el financiamiento se usarán para el pago de comisiones administrativas y la realización de las auditorías y evaluaciones técnicas requeridas durante la vigencia del préstamo, según consignó la fuente.
El documento remitido al Senado enfatiza la relevancia de reintegrar plenamente a Bolivia como miembro activo de la CAF, restableciendo derechos que permanecían limitados mientras no se completaba el aporte de capital correspondiente. Esto facilitará, según lo analizado por el medio, no solo acceder a los beneficios crediticios y de cooperación de la entidad, sino también influir en la toma de decisiones futuras que impliquen a la región sudamericana.
La aprobación legislativa en la Cámara de Diputados marca un avance en el cumplimiento de la estrategia financiera delineada por el gobierno, cuya implementación queda ahora sujeta al análisis y la sanción definitiva del Senado. Una vez sancionada, la iniciativa abrirá la puerta al desembolso de los recursos prometidos por la CAF, permitiendo al Estado boliviano atender obligaciones urgentes y avanzar en el programa de desarrollo nacional, expuso el medio. Este proceso, enmarcado en el acuerdo con la CAF, articula la gestión de pasivos, la inversión en infraestructura y la recuperación de capacidades institucionales en la esfera internacional.
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