El legislador Darren Soto advirtió ante el Congreso sobre el impacto negativo que la interferencia de señales extranjeras produce en las emisoras locales, resaltando particularmente la propagación de mensajes comunistas y el daño económico que sufren comunidades vulnerables. La medida surge frente a la creciente preocupación por la transmisión de propaganda proveniente de la radio oficial cubana, que afecta directamente la señal de estaciones AM en el centro de Florida. Según informó EFE, Soto formalizó esta semana la presentación de una iniciativa legislativa en Estados Unidos con el objetivo de contrarrestar este fenómeno, que él considera perjudicial tanto para la estabilidad económica de los medios locales como para la integridad informativa de los residentes afectados.
El proyecto, denominado Ley para Detener la Radio Comunista (“Stop Communist Radio Act”), propone que la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC, por sus siglas en inglés) ponga en marcha un programa de subvenciones destinado a auxiliar a aquellas emisoras estadounidenses que enfrenten interferencias “perjudiciales” de señales procedentes de países como Cuba, Rusia y Corea del Norte, según consignó EFE. La preocupación del legislador demócrata se centra especialmente en las emisoras ubicadas en Florida y Alaska, estados donde estaciones de pequeño tamaño y con recursos limitados tienen más dificultades para afrontar las consecuencias técnicas y financieras de este tipo de interferencia.
Durante su declaración ante el Congreso, Soto puntualizó que “en este momento, una emisora de radio local del centro de Florida ve cómo su señal es regularmente interferida por la radio estatal cubana, que durante horas cada noche difunde propaganda comunista perjudicial a los floridanos”. De acuerdo con la información publicada por EFE, este tipo de transmisiones suele tener lugar durante las horas nocturnas, lo que amplifica su alcance sobre la audiencia local y compromete la estabilidad de las frecuencias radiofónicas regionales.
El congresista también destacó la vulnerabilidad económica de las estaciones afectadas, señalando que “muchas pequeñas estaciones de radio AM en Florida y Alaska no cuentan con los recursos financieros necesarios para bloquear estas señales”, citó EFE. Esta situación repercute sobre el suministro de información relevante para las comunidades, particularmente en aquellas zonas donde la radio representa uno de los principales canales de comunicación local y acceso a noticias de interés público.
El medio EFE detalló que la propuesta legislativa de Soto cuenta con el respaldo de diversas voces preocupadas por la seguridad nacional y la protección del espacio radioeléctrico estadounidense ante la influencia de potencias extranjeras que emplean la radio como herramienta para la difusión de su propaganda. La obtención de fondos federales a través del programa sugerido sería clave para que estas estaciones mejoren su infraestructura tecnológica y puedan implementar soluciones que mitiguen la interferencia sin comprometer la emisión de contenidos locales.
De acuerdo con EFE, el fenómeno de interferencia proveniente de emisoras estatales extranjeras se ha reportado de manera constante, agravando la vulnerabilidad de medios que operan ya con presupuestos ajustados y, en ocasiones, sin acceso inmediato a tecnología avanzada para proteger la integridad de sus señales. El endurecimiento de la competencia en el espectro radioeléctrico, sumado al desafío de la propaganda extranjera, figura como uno de los objetivos centrales del proyecto presentado por Soto, que busca una respuesta coordinada y sostenida desde las autoridades federales.
La importancia del tema se incrementa ante el hecho de que la interferencia de señales no solo obstaculiza las operaciones técnicas de las emisoras afectadas, sino que expone a las comunidades locales a contenidos menos controlados por las entidades regulatorias estadounidenses. Soto recalcó ante el Congreso que esta situación exige una respuesta inmediata, ya que afecta tanto a la libertad de prensa como a la protección de los intereses comunitarios en Florida y otros estados impactados.
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