La ONU critica la opacidad de los decretos de Maduro sobre el estado de conmoción externa en Venezuela

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos manifestó inquietud ante la falta de transparencia en los decretos presidenciales relacionados con el estado de conmoción externa en Venezuela, subrayando que, hasta la fecha, el contenido de estas medidas no ha sido publicado oficialmente, lo que impide “cualquier revisión acerca de su correspondencia con el Derecho Internacional y blinda al Ejecutivo venezolano ante la fiscalización internacional”. Según detalló Europa Press, esta situación contribuye a fortalecer un clima institucional marcado por el secretismo y la falta de control internacional sobre las acciones del gobierno venezolano.

De acuerdo con la información publicada por Europa Press, la oficina dirigida por Volker Turk advirtió que la utilización de aplicaciones móviles oficiales para promover denuncias entre familiares y allegados se ha convertido en uno de los mecanismos más representativos del ambiente de miedo y autocensura dentro del país. El organismo observó que estas plataformas digitales, impulsadas por el Estado, no solo incentivan la desconfianza a nivel social, sino que además perturban la vida cotidiana, afectando los vínculos personales y generando un contexto de autocensura en el ámbito social y familiar.

Europa Press reseñó que, en paralelo al uso de la tecnología para incentivar delaciones, el gobierno venezolano ha recurrido a la detención de familiares de personas asociadas con la oposición. En algunos casos, la desaparición de allegados ha sido calificada por la ONU como parte de una estrategia represiva orientada a infundir temor y desalentar el disenso. Estas prácticas, según el Alto Comisionado, consolidan un ambiente restrictivo que afecta de manera directa a la población venezolana, dificultando la labor tanto de observadores como de organizaciones internacionales encargadas de monitorear el cumplimiento de los derechos fundamentales en el país.

La misma fuente explicó que el estado de conmoción externa, previsto en el artículo 338 de la Constitución venezolana, otorga amplias facultades al Ejecutivo para adoptar medidas excepcionales, como la movilización de fuerzas armadas, la restricción de libertades civiles y el control sobre los medios de comunicación. El argumento principal para justificar su implementación ha estado vinculado a supuestas amenazas extranjeras, en particular a actividades militares estadounidenses en el Caribe.

Frente a las críticas internacionales, las autoridades venezolanas han respondido justificando la adopción de estas políticas por la presencia de operaciones exteriores dirigidas al combate del narcotráfico, según informó Europa Press. Sin embargo, el Alto Comisionado para los Derechos Humanos remarcó, según consignó el mismo medio, que la intensificación de la confrontación política repercute negativamente en la población general y no únicamente en los sectores en pugna. Volker Turk expresó que “la historia ha demostrado, una y otra vez, que cuando la confrontación se intensifica, a menudo son las personas comunes quienes quedan atrapadas en el fuego cruzado. No los criminales ni quienes ostentan el poder, sino la gente común”, según citó Europa Press.

La oficina de Naciones Unidas también visibilizó denuncias sobre reclutamiento forzoso en Venezuela, identificando situaciones en las que tanto adolescentes como adultos mayores habrían recibido presión para integrarse en actividades militares. De acuerdo con Europa Press, estas acciones refuerzan la percepción de una sociedad sometida a crecientes niveles de militarización y restringen los espacios de libertad de expresión y opinión, afectando a medios de comunicación, organizaciones sociales, grupos humanitarios, opositores y defensores de derechos humanos.

El informe del Alto Comisionado incluyó detalles sobre la represión directa contra la disidencia política. Desde julio, la ONU contabilizó al menos diecisiete detenidos entre los familiares de opositores, en su mayoría mujeres, menores de edad y personas de edad avanzada. Europa Press reportó que, de ese total, doce permanecen en condición de desaparecidas, situaciones que la ONU tipificó como posibles prácticas de desaparición forzada. Además, la oficina de Turk identificó un crecimiento de la violencia social y el avance de la militarización del espacio cívico como consecuencias adicionales de la promoción estatal de denuncias mediante herramientas digitales.

El cerco represivo incluye también a representantes sindicales. Europa Press destacó la detención de referentes laborales como José Elías Torres, secretario general encargado de la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV), un hecho interpretado por el Alto Comisionado como señal de advertencia para el conjunto del movimiento sindical nacional. Organizaciones obreras han denunciado la persecución y el hostigamiento ejercidos sobre sus miembros, profundizando la sensación de inseguridad en amplios sectores de la sociedad.

En cuanto a las condiciones carcelarias, el Alto Comisionado expresó preocupación por la situación que viven personas privadas de libertad en centros tales como Helicoide, Rodeo I y Fuerte Guaicaipuro, donde se reportaron falta de contacto con familiares y abogados, así como escasez de alimentos y medicinas, según consignó Europa Press. El contexto preelectoral agudizó este panorama, con reporte de muertes bajo custodia y traslados de detenidos a lugares desconocidos. Europa Press indicó que la ONU ha documentado al menos cinco muertes de personas detenidas en el marco del proceso electoral, incluyendo la del opositor Alfredo Díaz. En respuesta, Volker Turk exigió la realización de investigaciones independientes sobre estos hechos.

El funcionario de Naciones Unidas también reclamó la liberación inmediata de quienes son calificados como detenidos arbitrarios, mencionando a Rocío San Miguel, Javier Tarazona, Carlos Julio Rojas, Eduardo Torres, Kennedy Tejeda y cuatro adolescentes cuyos casos permanecen bajo seguimiento internacional. Además, Turk manifestó inquietud ante los intentos del Ejecutivo de privar de nacionalidad venezolana a dirigentes opositores, lo cual fue consignado por Europa Press como un factor que incrementó las preocupaciones globales sobre los derechos civiles en Venezuela.

El asesinato de líderes indígenas, como Virgilio Trujillo, Joaquín Hernández y Cesáreo Panapera, ocupó un lugar destacado en los informes de la ONU. Europa Press enfatizó el grado de vulnerabilidad de las poblaciones originarias ante el aumento de la represión, circunstancia que ha potenciado el interés y la intervención de organismos internacionales enfocados en la protección de derechos humanos.

El desplazamiento masivo de venezolanos también motivó un llamado por parte del Alto Comisionado para que los países receptores mantengan y refuercen los mecanismos de protección internacional destinados a migrantes, refugiados y solicitantes de asilo. Según Europa Press, la ONU instó a los gobiernos a coordinarse para garantizar la protección y asistencia de quienes abandonan Venezuela ante las dificultades jurídicas y humanitarias que enfrentan.

Europa Press reportó avances recientes, como la liberación de al menos cincuenta y una personas y la realización de visitas consulares a veintitrés extranjeros detenidos, hechos reconocidos por el Alto Comisionado en su informe más reciente. Aun así, Volker Turk insistió en la necesidad de asegurar el respeto a la integridad física y los derechos fundamentales de todos los privados de libertad, al tiempo que reiteró la importancia de que existan investigaciones independientes sobre los casos de detención y denuncia documentados.

La situación descrita por el Alto Comisionado y sus repetidos llamados a la coordinación entre organismos internacionales, a la protección de los derechos fundamentales y a la investigación independiente de los casos documentados, según remarca Europa Press, mantienen el foco del escrutinio internacional sobre el acceso a la justicia, las garantías civiles y políticas y el estado de los derechos humanos en Venezuela.