Los plazos legislativos han condicionado el avance de la solicitud registrada por el Partido Popular (PP) para que el presidente Pedro Sánchez rinda cuentas en el Congreso sobre supuestos casos de corrupción en su gobierno y en su partido, ya que la Junta de Portavoces no prevé reunirse hasta finales de enero, según informaron fuentes parlamentarias. Esta circunstancia mantendrá en suspenso cualquier debate sobre el tema hasta, al menos, la tercera o cuarta semana de ese mes, lo que dilataría cualquier comparecencia solicitada hasta los primeros meses de 2025.
Tal como reportó el medio, la Mesa del Congreso admitió a trámite el requerimiento que el grupo parlamentario del PP ingresó el viernes anterior. Esta iniciativa exige que el jefe del Ejecutivo acuda a una sesión plenaria para dar explicaciones sobre lo que el partido de oposición denomina “escalada de casos de corrupción que afectan a su partido y a su Gobierno”, haciendo énfasis en la “creciente alarma social generada por las últimas detenciones y registros en ministerios, empresas públicas y organismos del Estado”. De acuerdo con la información proporcionada, la calificación de la petición por parte de la Mesa supone únicamente su traslado a la Junta de Portavoces, órgano que tiene la atribución de debatir el asunto y, en su caso, fijar la fecha del eventual pleno.
Según detalló el medio, la estrategia del PP incluyó la remisión de una carta a la presidenta de la Cámara, Francina Armengol, solicitando que tras la reunión de la Mesa de este martes, se convocara una Junta de Portavoces de carácter urgente. El objetivo de esta petición era acelerar la tramitación y que la Mesa tomara decisiones inmediatas sobre su solicitud. A pesar de ello, fuentes parlamentarias indicaron que la presidenta no consideró necesario convocar con esa urgencia y ratificó el calendario previsto, por lo que no se espera que la Junta se reúna antes de finalizar enero.
La documentación oficial presentada por el PP subraya su interés en que el presidente Sánchez aborde de forma directa las sospechas e investigaciones que han llevado a detenciones y registros dentro del ámbito del Gobierno y del Partido Socialista (PSOE), según consignó la fuente original. Desde el punto de vista parlamentario, la admisión a trámite valida la posibilidad de que el asunto se trate, aunque supedita cualquier avance a la decisión posterior de la Junta de Portavoces, la cual determina el orden y prioridad de los debates y comparecencias en el Congreso.
Tal como describen las fuentes consultadas por el medio, la mayoría de los grupos ya no prevén sesiones plenarias ni reuniones relevantes antes de la vuelta de la actividad ordinaria en el Congreso, que se espera para finales de enero. El calendario legislativo habitual y la ausencia de sesiones extraordinarias impedirán que cualquier comparecencia del presidente por este motivo se materialice antes de las fechas mencionadas.
La cronología establecida por los órganos directivos de la Cámara provoca que la exigencia de explicaciones por parte del presidente Sánchez sobre los escándalos que señala el PP solo podrá discutirse a partir del año nuevo, y solo si la Junta de Portavoces acuerda introducir esta comparecencia en la agenda parlamentaria. Los motivos expuestos por el PP en su petición sostienen que la reciente secuencia de actuaciones judiciales y policiales en distintas sedes administrativas ha generado un clima de inquietud ciudadana, argumento que el grupo opositor considera suficiente para pedir una rendición de cuentas urgente en el pleno del Congreso, según consignó el medio.
El desarrollo de este trámite continúa bajo el proceso reglamentario habitual en las Cortes, con plazos sujetos al calendario político y a la conformidad de las mayorías del órgano que fija el orden del día de los plenos. La Mesa ha optado por ceñirse al cauce ordinario en la conducción de la petición del principal partido de la oposición, traslado que retrasa cualquier solución hasta que se reinicien los debates legislativos tras el receso de invierno.
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