La eliminación del requisito de presentar planes obligatorios de transición hacia modelos de negocio sostenibles figura entre los cambios introducidos en la reciente reforma, tal y como comunicó el Parlamento Europeo. Esta disposición pasa a ser voluntaria para las compañías afectadas, en el marco de una revisión normativa que redefine las obligaciones en materia de sostenibilidad para el sector empresarial en la Unión Europea.
De acuerdo con la información detallada por el Parlamento Europeo, las nuevas reglas restringen la obligatoriedad de emitir reportes sobre impacto ambiental y social únicamente a las empresas de mayor tamaño. La medida aplica a compañías que cuenten con más de 1.000 empleados y una facturación anual superior a 450 millones de euros. El texto legal, aprobado en pleno con 428 votos favorables, 218 en contra y 17 abstenciones, responde al objetivo de simplificar procedimientos administrativos y reforzar la competitividad, en especial para las pequeñas y medianas empresas.
Según publicó el medio, las pymes quedan protegidas ante la posibilidad de que grandes clientes les trasladen la responsabilidad de recopilar y entregar informes de sostenibilidad. Solo las grandes firmas, incluyendo tanto empresas originarias de la Unión Europea como aquellas de terceros países que operen en el mercado común, estarán obligadas a identificar, evaluar y prevenir posibles efectos adversos sobre derechos humanos y el entorno, siempre que superen los 5.000 empleados y registren ingresos superiores a 1.500 millones de euros.
El Parlamento Europeo remarcó que, conforme al nuevo marco legislativo, las empresas obligadas a cumplir con los requisitos de sostenibilidad deberán revisar los riesgos potenciales tanto en su actividad directa como en la cadena de suministro. Las grandes corporaciones podrán pedir datos a socios comerciales de menor tamaño únicamente si presentan causas justificadas y si no existen alternativas razonables para acceder a esa información. Esta modificación orienta la regulación para limitar las exigencias dirigidas a pequeñas y medianas empresas, acotando los requisitos de reporte solo a situaciones estrictamente necesarias a fin de evitar la sobrecarga administrativa.
La reforma, según reportó el Parlamento Europeo, aporta también una simplificación considerable en los requisitos de información: los informes sectoriales previamente exigidos en determinados sectores económicos dejarán de ser obligatorios y pasarán a tener carácter optativo. Además, para asesorar a las empresas en la aplicación de las nuevas reglas, la Comisión Europea anunció la próxima habilitación de un portal digital con directrices y modelos estandarizados relacionados con mandatos tanto de la normativa nacional como comunitaria. Este recurso busca facilitar el cumplimiento normativo e impulsar la adaptación al nuevo marco regulatorio.
El texto de la directiva aún debe recibir la aprobación formal del Consejo de la Unión Europea antes de su entrada en vigor, puntualizó el Parlamento Europeo. Una vez en vigor, la directiva establecerá un régimen sancionador que contempla imposición de multas de hasta el 3% del volumen de negocio global de las empresas que incumplan las obligaciones recogidas en la normativa revisada.
La puesta en práctica de la directiva comenzará a partir de julio de 2029, como indicó el Parlamento Europeo. Con este paquete de medidas, la Unión Europea aspira a equilibrar la protección de los derechos humanos y del medio ambiente con una mayor competitividad y reducción de trámites para las pymes. El nuevo esquema normativo redefine el alcance de la diligencia debida y las exigencias en materia de sostenibilidad empresarial, reservando las obligaciones más estrictas a aquellas compañías cuyo tamaño y facturación puedan tener mayores repercusiones.
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