El coronel Pedro Merino Castro cuenta con una trayectoria que incluye el paso por la Casa Real, la jefatura de la Comandancia de Salamanca y el desempeño de funciones en el Departamento de Seguridad Nacional. Ahora, toma el mando de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, tras la salida de Rafael Yuste al frente de este grupo de investigación para asumir una nueva posición en la Jefatura de Servicios Técnicos, de acuerdo con información de Europa Press.
Según difundió Europa Press, el Ministerio del Interior designó a Pedro Merino Castro como nuevo jefe de la UCO, unidad que tiene a su cargo investigaciones de alto impacto social y político. Esta decisión llega después del reciente ascenso de Rafael Yuste a general de brigada, quien, a partir de ahora, encabezará el Mando de la Jefatura de Servicios Técnicos. Fuentes consultadas por Europa Press en el Instituto Armado detallaron que Merino Castro posee una formación sólida y versatilidad profesional, con énfasis particular en labores de Policía Judicial.
Previo a su nuevo cargo, Merino Castro ya había formado parte de la UCO, además de colaborar con la unidad técnica de la Policía Judicial. En la estructura estatal, también ejerció como vocal asesor en el Departamento de Seguridad Nacional, participando en áreas dedicadas a la coordinación y respuesta ante emergencias y riesgos para los intereses nacionales. Además, se le reconocen responsabilidades en la Casa Real y la comandancia de la provincia de Salamanca, puestos que han ampliado su experiencia al frente de diferentes destinos estratégicos dentro del cuerpo.
Entre los anteriores cometidos de Pedro Merino Castro figura la jefatura de la Sección de Planes y Estudios en el Estado Mayor, un puesto clave en la elaboración de estrategias y operativos de la Guardia Civil, según precisó Europa Press. Esta variedad de cargos ha influido en que fuentes del Instituto Armado resalten la amplitud de conocimientos y la especialización de Merino Castro, especialmente en lo relativo a investigaciones judiciales.
El cambio en la jefatura de la UCO ocurre en un contexto donde la unidad se sitúa en el centro de investigaciones relevantes dentro del panorama nacional. Según publicó Europa Press, la UCO dirige pesquisas de corrupción de resonancia pública, como el denominado ‘caso Koldo’, así como otras investigaciones que involucran a familiares directos del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y que están bajo la supervisión del teniente coronel Antonio Balas como responsable de la sección de Delitos Económicos.
Europa Press también informó que la UCO intervino en la reciente detención de Leire Díez, exmilitante del PSOE, por presuntos fraudes en la adjudicación de contratos públicos. En la misma causa figuran el expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), Vicente Fernández, y Antxon Alonso, vinculado a Santos Cerdán, exsecretario de Organización del PSOE, a través de la empresa Servinabar. Además, la UCO ha llevado adelante investigaciones que concluyeron en condenas como la del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.
El nombramiento de Pedro Merino Castro impulsa la continuidad de la UCO como un bastión en la investigación de delitos complejos, especialmente los vinculados con corrupción y asuntos que exigen coordinación entre organismos estatales. Según informa Europa Press, la herencia recibida de Rafael Yuste —ahora a cargo de la Jefatura de Servicios Técnicos tras su promoción a general de brigada— incluye una unidad eficiente en el manejo de investigaciones que requieren altos niveles de confidencialidad y colaboración judicial.
Tanto en sus anteriores cargos como en su nuevo desafío, Pedro Merino Castro se ha distinguido, según detalló el Instituto Armado a Europa Press, por la diversidad de destinos desempeñados dentro de la Guardia Civil, lo que facilitará la adaptación a la exigente agenda de la UCO. Con una estructura que combina experiencia previa en unidades especializadas y cargos de máxima responsabilidad, el recién instalado jefe se enfrenta al reto de sostener el nivel de operatividad alcanzado en investigaciones dirigidas a la lucha contra la criminalidad organizada y la corrupción en la administración pública.
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