El plazo para la resolución de los recursos de amparo presentados por los exdirigentes catalanes frente al Tribunal Constitucional se prevé para el próximo año, periodo en el que permanecerán vigentes las penas de inhabilitación impuestas por su implicación en el referéndum del 1 de octubre de 2017. Según informó Europa Press, esta decisión mantiene a Oriol Junqueras, exvicepresidente catalán, y a los exconsejeros Jordi Turull, Raül Romeva y Dolors Bassa, sin posibilidad de ejercer cargos públicos hasta que se resuelva su situación jurídica en relación con la malversación atribuida en la causa del 'procés'.
El Pleno del Tribunal Constitucional ha resuelto este martes de forma unánime rechazar la solicitud de los líderes catalanes condenados para suspender de manera cautelar las condenas de inhabilitación mientras se tramitan sus recursos de amparo. Según detalló Europa Press, la decisión se tomó tras retomar un debate que había quedado pendiente desde principios de diciembre, ante el interés del tribunal por alcanzar un acuerdo respaldado por todos sus magistrados antes de responder a los excargos afectados.
El órgano constitucional resolvió esta cuestión a partir de ponencias encargadas a magistrados de diferentes sensibilidades —tanto conservadores como progresistas—, quienes coincidieron en proponer el rechazo a las medidas cautelares. Estos recursos de amparo se iniciaron a raíz del fallo del Tribunal Supremo que excluyó a los condenados de los beneficios de la amnistía por el delito de malversación. Tanto Junqueras como los otros líderes independentistas fueron condenados por malversación y sedición, recibiendo sanciones que incluían hasta trece años de cárcel e inhabilitación para ejercer cargos públicos.
Tras la sentencia, el Gobierno de Pedro Sánchez concedió en 2021 la medida de indulto a las penas de prisión, no así a las de inhabilitación, que siguieron vigentes. El Tribunal Supremo argumentó que la aplicación de la amnistía no correspondía en estos casos debido a la naturaleza de la malversación, fundamentando su decisión en que los fondos públicos gestionados no solo financiaron actividades partidistas, sino que también supusieron un beneficio patrimonial para los condenados, quienes no asumieron el coste de estos recursos de sus propios bienes. Además, consideraron que este uso afectó los intereses económicos de la Unión Europea en tanto que una posible secesión de Cataluña podría disminuir la aportación de España a los ingresos comunitarios, reportó Europa Press.
La Fiscalía del Tribunal Constitucional apoyó la negativa a la suspensión cautelar, argumentando que restituir provisionalmente los derechos de los condenados equivaldría a adelantar la decisión de fondo sobre los recursos, además de no observar la existencia de un “daño irreparable” mientras persista la inhabilitación, según indicó Europa Press. El Ministerio Público se apoyó en la doctrina constitucional vigente, la cual descarta la suspensión de las penas cuando el periodo de cumplimiento supera el tiempo previsto para la conclusión del proceso ante el propio Tribunal Constitucional.
Otro argumento citado procede del abogado general de la Unión Europea, Dean Spielmann. El letrado, en un dictamen divulgado el 13 de noviembre, sostuvo que los tribunales nacionales no pueden verse obligados a levantar las medidas cautelares acordadas en fases anteriores mientras el Tribunal de Justicia de la Unión Europea no se haya pronunciado definitivamente sobre la cuestión, consigna Europa Press. Esta interpretación comunitaria sirvió de referencia adicional, aunque no vinculante, para la decisión adoptada por el Constitucional.
En paralelo, otros dirigentes vinculados al proceso independentista catalán, incluido el expresidente regional Carles Puigdemont y los exconsejeros Antoni Comín y Lluís Puig, presentaron recursos de amparo ante el Tribunal Constitucional contra la resolución del Supremo que rechaza aplicarles la amnistía por malversación. En su caso, solicitaron la retirada temporal de las órdenes nacionales de detención. De acuerdo con las fuentes de Europa Press, las peticiones cautelares en estos casos todavía no han llegado al Pleno del tribunal, pero se espera que también sean rechazadas siguiendo el mismo criterio y argumentación empleados con Junqueras y los anteriores exconsejeros.
Así, según informó Europa Press, el Tribunal Constitucional continuará examinando los recursos de amparo en los próximos meses. Hasta tanto se dicte una resolución definitiva, los exdirigentes catalanes señalados por su participación en el referéndum permanecen sujetos a las restricciones de inhabilitación derivadas de las sentencias originales y ratificadas por el Supremo, que no consideró aplicable la medida de amnistía sobre los delitos vinculados a la gestión de fondos públicos relativos al proceso independentista en Cataluña.
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