Bruselas impulsa más financiación y construcción de vivienda, pero descarta topes al alquiler y un fondo común

La propuesta de la Comisión Europea incluye como novedad la introducción de una categoría específica de “vivienda asequible”, pensada para atender las necesidades de las clases medias y de trabajadores considerados esenciales. Según consignó el medio original, con esta medida Bruselas busca simplificar el acceso a financiación y eliminar trabas relacionadas con las ayudas de Estado, ampliando así el espectro de personas que pueden acceder a soluciones habitacionales ante la actual crisis inmobiliaria en la Unión Europea.

El plan presentado por la Comisión Europea responde a una coyuntura en la que el precio de la vivienda ha aumentado más de un 60% en la última década, de acuerdo con cifras de Eurostat recopiladas en el informe oficial y citadas por el medio. El alza registrada supera ampliamente el incremento de los ingresos familiares en ese mismo periodo, afectando tanto a los colectivos tradicionalmente más vulnerables como a sectores medios, jóvenes, estudiantes y profesionales fundamentales para el desempeño de las ciudades europeas. Además, el coste del alquiler experimentó un crecimiento del 20% durante esos diez años.

Tal como informó el medio, la nueva estrategia, cuyo lanzamiento se realizó este martes desde Bruselas, articula una serie de acciones: aumentar la inversión pública y privada en la construcción de viviendas, simplificar trámites administrativos para acelerar la puesta en marcha de proyectos inmobiliarios, y armonizar las normativas técnicas que rigen en los países miembro. Estas directrices persiguen enfrentarse tanto al déficit de viviendas como a los desequilibrios económicos y sociales que genera la escasez en varias regiones del bloque.

Entre los principales objetivos fijados por la Comisión Europea está la construcción, cada año, de 650.000 viviendas adicionales a las 1,6 millones que ya se edifican anualmente en el conjunto de la UE. El medio explicó que esta meta se considera fundamental para responder a la demanda acumulada y frenar el impacto social y económico de la crisis habitacional. Los datos recabados también muestran que más de un millón de personas carecen de hogar, incluídos cerca de 400.000 menores, según cifras oficiales presentadas en el informe.

El informe subraya la relación directa entre la crisis inmobiliaria y problemas de cohesión social, competitividad económica y retos demográficos para la Unión Europea. El medio detalló que buena parte del deterioro en el acceso a la vivienda se atribuye tanto al encarecimiento de la compra como del alquiler, fenómeno que ha repercutido en la movilidad laboral y en la capacidad de los Estados miembro para atraer y retener profesionales en sectores clave, incluyendo la sanidad, la educación y los servicios esenciales.

Desde la perspectiva de la financiación, la Comisión Europea propone que los gobiernos nacionales aumenten el porcentaje de fondos de cohesión destinados a vivienda asequible, así como movilizar hasta 10.000 millones de euros adicionales durante los próximos dos años a través de la revisión intermedia de estos recursos, según explicó el medio original. Este esfuerzo financiero pretende reforzar la capacidad de los Estados miembro para poner en marcha promociones de vivienda protegida y facilitar el acceso a quienes más lo necesitan.

En relación a las recomendaciones técnicas, la estrategia europea plantea el desarrollo de una política específica para el sector de la construcción. La Comisión apuesta por incentivar la edificación de viviendas modulares y prefabricadas, tecnologías que permiten abaratar costes y recortar plazos. Según la información difundida, el uso de estas tipologías ofrece ventajas notables para las promociones de carácter social o asequible, constituyéndose en un instrumento útil para los gobiernos nacionales y locales que enfrentan urgencias habitacionales.

En cuanto al mercado del alquiler, la Comisión Europea descarta la introducción de topes de precios o la creación de un fondo común europeo, demandas que habían planteado algunos gobiernos, entre ellos España. Según reportó el medio, el organismo comunitario opta por fortalecer el marco regulatorio actual y brindar más herramientas para que las administraciones nacionales reaccionen ante situaciones de presión en el mercado, especialmente por la extensión de los alquileres de corta duración en zonas urbanas y destinos turísticos.

Bruselas reconoce que la proliferación de este tipo de alquileres ha provocado una reducción del parque disponible para los residentes locales en determinados núcleos urbanos. No obstante, la Comisión rechaza adoptar restricciones o prohibiciones a nivel continental. En cambio, destaca la aprobación de un reglamento en 2024, cuya entrada en vigor está prevista para 2026, que busca mejorar la transparencia en el sector y facilitar la colaboración e intercambio de datos entre plataformas digitales y autoridades públicas.

El organismo comunitario también anunció su intención de presentar una próxima iniciativa legislativa para regular el modo en que los gobiernos locales pueden aplicar medidas puntuales en situaciones de escasez extrema de vivienda. El objetivo sería dotar a las autoridades de fórmulas legales para afrontar contextos de elevada demanda o condiciones habitacionales especialmente precarias.

En el plano administrativo, el plan de la Comisión Europea hace énfasis en la necesidad de modernizar los trámites de planificación urbana y concesión de licencias. Según el medio, se propone avanzar hacia sistemas automatizados que permitan reducir la burocracia y establecer estándares constructivos comunes a nivel europeo, lo que podría ayudar a reducir el coste de la edificación y el tiempo en que las nuevas viviendas llegan al mercado.

Esta batería de medidas responde, según publica el medio, a la intención de Bruselas de ofrecer instrumentos flexibles que los Estados miembro puedan adaptar a las particularidades de cada país y región. En conjunto, la estrategia persigue aumentar la oferta de vivienda, dinamizar la inversión, optimizar los procesos constructivos y fortalecer la capacidad de actuación local cuando las circunstancias lo exijan, con el objetivo de revertir los desequilibrios actuales en el acceso a la vivienda en la Unión Europea.