El listado de organizaciones y personas sancionadas por la Unión Europea en Haití incluye, además del expresidente Michel Martelly y dos de sus allegados políticos, a la banda 5 Segond. El grupo, que opera en Puerto Príncipe, figura en la resolución sancionatoria por vinculación a robos, secuestros, violaciones, asesinatos, extorsión, piratería, tráfico de armas, drogas y obstaculización de la asistencia humanitaria. La medida adoptada por el bloque europeo destaca la variedad y gravedad de las acciones atribuidas a esta organización, en el marco de un contexto de inseguridad creciente en el país caribeño. La noticia principal está marcada por la recién aprobada ronda de sanciones dirigida contra altos perfiles políticos de Haití y estructuras criminales a las que Europa responsabiliza por el deterioro institucional y social agravado en los últimos años.
Según informó la Unión Europea este lunes, las sanciones afectan directamente a Michel Martelly, expresidente de Haití, así como a dos figuras políticas aliadas, quienes se consideran responsables de proveer armas y recursos a agrupaciones armadas. El medio consigna que estas acciones facilitaron la promoción de agendas políticas, la protección de intereses económicos y el control territorial. El bloque europeo sostiene que tanto Martelly como un antiguo asesor desempeñaron un papel central en la creación y respaldo de la banda Base 257, pero su apoyo también se extendió a otros grupos influyentes, como Village de Dieu, Ti Bois y Grand Ravine.
La UE detalla que Martelly y sus colaboradores, en su búsqueda de proteger beneficios y ampliar su influencia, ofrecieron respaldo logístico y financiero a estas bandas, dotándolas de capacidad de armamento y asegurando recursos para sus operaciones. Según publicó la Unión Europea, esta red de apoyo político y criminal situó a los sancionados como partícipes en los múltiples abusos cometidos por los grupos armados, lo que contribuyó de manera directa a la desestabilización del país.
Además, la resolución sancionadora incluye a Rony Celestin como otro de los responsables políticos señalados. De acuerdo con la Unión Europea, Celestin está relacionado con episodios de violencia ejecutados por agrupaciones armadas, y se le involucra en el asesinato del periodista Néhémie Joseph. Joseph fue asesinado después de revelar actividades ilegales y casos de corrupción asociados a Celestin, según consignó el organismo europeo. Los informes oficiales exponen que las relaciones entre actores políticos y bandas armadas han derivado en una espiral de violencia, afectando la gobernabilidad y la seguridad de la población haitiana.
El impacto de las bandas armadas en Haití, amplió la UE, no se limita a los delitos mencionados ni a la persecución política, sino que ha penetrado en todos los ámbitos sociales y estatales. Tras el asesinato en 2021 del presidente Jovenel Moise, la violencia se incrementó, afectando gravemente las actividades y las infraestructuras nacionales. Durante 2024, pandillas atacaron el aeropuerto internacional de Puerto Príncipe, provocando su cierre temporal, lo que obstaculizó el regreso al país del primer ministro Ariel Henry, reportó la Unión Europea.
Las consecuencias de estas acciones no solo han exacerbado la inseguridad y el control territorial de los grupos criminales, sino que también han alimentado una crisis humanitaria de gran magnitud. La UE detalló que más de 1,4 millones de personas han sido desplazadas internamente debido a la ola de violencia en la isla. El acceso a la ayuda humanitaria se ha vuelto cada vez más complejo debido a la intervención y bloqueo de grupos armados en las rutas y centros de distribución, lo que agrava el sufrimiento de quienes residen en los territorios afectados.
La Unión Europea, señaló el medio, mantiene sus medidas habituales para este tipo de sanciones: congelación de activos pertenecientes a los individuos señalados y la prohibición de que viajen a cualquier país del bloque. Las autoridades comunitarias argumentan que estas restricciones apuntan a frenar el flujo de apoyo económico y logístico que reciben las bandas a través de aliados políticos y financieros. El objetivo es contrarrestar el círculo vicioso de violencia, corrupción y captura institucional que afecta a Haití.
La escala de la influencia de las bandas armadas, registrada por la Unión Europea, evidencia un entramado donde los intereses políticos, económicos y criminales convergen, bloqueando la recuperación democrática y acentuando la fragilidad del Estado. Los últimos años han dejado un saldo de desplazados, víctimas y uno de los contextos humanitarios más difíciles en la región, mientras actores internacionales buscan medidas para limitar la capacidad de maniobra de las redes que, como reportó la UE, se alimentan de la protección y colaboración de sectores influyentes dentro del propio país.
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