La Justicia rusa ilegaliza el grupo Pussy Riot por "extremista"

Algunos miembros destacados del grupo Pussy Riot, como Nadezhda Tolokónnikova, Maria Aliójina y Ekaterina Samutsevich, se han visto envueltas en procesos judiciales desde 2012, cuando una protesta en la Catedral de Cristo Salvador de Moscú les llevó a ser condenadas por vandalismo motivado por odio religioso, según detalló la agencia de noticias rusa Interfax. Este episodio marcó un punto de inflexión en la relación entre el colectivo y las autoridades del país, una confrontación que se ha intensificado a lo largo de la última década hasta desembocar en una decisión judicial que ilegaliza completamente al grupo.

Según reportó Interfax, un tribunal de Moscú declaró al grupo punk Pussy Riot como organización “extremista”, en respuesta a una demanda presentada por la Fiscalía. Esta acusación sostiene que las actividades desarrolladas por la banda desde 2011, tanto dentro como fuera de Rusia, constituyen “una amenaza para la seguridad del Estado”. Durante la audiencia —celebrada a puerta cerrada—, el juez respaldó de forma explícita los argumentos presentados por la Vicefiscalía General de la Federación Rusa, oficializando la prohibición de la agrupación.

De acuerdo con la información publicada por Interfax, la mayoría de los miembros de Pussy Riot residen actualmente fuera del territorio ruso. Estos integrantes afrontan varios procedimientos judiciales en su país de origen, los cuales están vinculados a la presunta difusión de desinformación y a acciones calificadas como ataques contra las Fuerzas Armadas, en un contexto marcado por la guerra en Ucrania. El medio ruso subraya que las recientes causas penales abiertas responden a acusaciones de desinformación, señalando una línea de acción judicial que ha cobrado fuerza a partir del conflicto.

Pussy Riot cobró notoriedad internacional en 2012, poco después de haberse formado, debido a la llamada “oración punk” que realizaron en la catedral moscovita, en protesta por la reelección del presidente Vladimir Putin previo a las elecciones de ese año. Este acto motivó la detención de Tolokónnikova, Aliójina y Samutsevich, quienes en agosto fueron halladas culpables y sentenciadas a dos años de prisión. Mientras que la sentencia de Samutsevich fue suspendida tras una apelación, las otras dos integrantes obtuvieron la amnistía en 2013.

En documentos oficiales citados por Interfax, se argumenta que las acciones y declaraciones públicas de Pussy Riot se interpretan como ataques contra instituciones estatales, en especial el Ejército, y como vehículos de supuesta desinformación durante la guerra en Ucrania. Estos elementos han sido considerados al fundamentar la petición de ilegalización. El material aportado por la Fiscalía contempla tanto actuaciones dentro de Rusia como manifestaciones realizadas en el extranjero, algunas de las cuales han recibido cobertura mediática internacional y generaron pronunciamientos de organismos defensores de derechos humanos.

La determinación del tribunal moscovita refuerza la persecución judicial y administrativa que las autoridades rusas mantienen contra movimientos opositores y colectivos críticos con el gobierno. Interfax recuerda que la figura de organización extremista implica severas restricciones para cualquier tipo de actividad pública, social, financiera o mediática relacionada con Pussy Riot en territorio ruso. Esta clasificación, según el marco legal vigente, puede derivar en nuevas acciones legales para quienes colaboren o financien al grupo desde dentro o fuera del país.

El caso de Pussy Riot se inserta en una estrategia estatal que pone en el punto de mira a personas y organizaciones a las que se atribuyen comportamientos contrarios a la seguridad nacional o a la cohesión social promovida desde el Kremlin. El historial del grupo, caracterizado por acciones de protesta política y rechazo frontal a la administración de Vladimir Putin, ha estado acompañado de numerosos incidentes, detenciones y sanciones desde su aparición en la esfera pública.

El medio Interfax agrega que, tras la decisión judicial, no se ha hecho pública ninguna reacción inmediata por parte de las integrantes de la banda ni de sus representantes legales. Tampoco se conocen detalles sobre los eventuales recursos que podrían presentarse contra el fallo. La noticia se produce en un contexto en el que las autoridades rusas amplían el uso de la legislación sobre extremismo y desinformación para neutralizar voces críticas y limitar la influencia de actores con proyección internacional.

La ilegalización de Pussy Riot ocurre en un periodo de creciente presión sobre grupos disidentes y organizaciones consideradas contrarias al poder. El antecedente de la sentencia impuesta por la protesta en la catedral pasó a ser el primer caso relevante de la campaña oficialista contra el colectivo, que después adquirió un papel simbólico en la denuncia de las políticas rusas tanto dentro como fuera del país. Desde entonces, la presencia de las integrantes en el extranjero ha resultado en nuevas iniciativas judiciales y en acusaciones alineadas con los intereses de la Fiscalía y las Fuerzas Armadas, según documentó el medio ruso.