La familia de Jimmy Lai, el empresario de prensa de Hong Kong, ha reportado problemas cardíacos y un marcado deterioro físico que atribuyen a varios años de encierro en condiciones de aislamiento. Este deterioro, sumado a la diabetes que padece el activista, aumenta las preocupaciones internacionales sobre su situación. Según publicaciones de distintos medios, Lai permanece privado de libertad desde diciembre de 2020, tras su arresto en virtud de la ley de seguridad nacional impulsada desde Pekín, mientras organizaciones defensoras de derechos humanos y la Unión Europea reiteran acusaciones respecto a presuntas irregularidades en el proceso. El lunes, la Justicia de Hong Kong declaró culpable a Lai por sedición y conspiración contra las autoridades, con lo que enfrenta la posibilidad de cadena perpetua, de acuerdo con la información publicada por HKFP.
De acuerdo con HKFP, el veredicto judicial también se extendió al diario fundado por Lai, Apple Daily, que fue obligado a cerrar operaciones en junio de 2021. Después de dos años de juicio, las autoridades judiciales concluyeron que Lai y su medio de comunicación facilitaron la presunta injerencia de gobiernos extranjeros y ejercieron presión para imponer sanciones contra el Ejecutivo de China continental y Hong Kong. Según los jueces que integraron el tribunal, las declaraciones de defensa ofrecidas por Lai carecieron de credibilidad y resultaron evasivas. Uno de los magistrados comparó la actitud del acusado con la de un “estadounidense que instaba a Rusia a derrocar al Gobierno de Estados Unidos”, cita consignada en el portal de noticias HKFP.
El caso de Jimmy Lai se ha convertido en un emblema del conflicto entre la política de seguridad aplicada localmente y las demandas de la sociedad civil en la excolonia británica. Desde su detención hace cinco años, Lai ha enfrentado otros procesos judiciales: en abril de 2021, fue condenado a cinco años y nueve meses de prisión por fraude y por participar en una manifestación no autorizada. El proceso sumó penas para otros representantes de la oposición política, según consignó HKFP. El activismo de Lai lo ha situado en el centro del debate social sobre la libertad de prensa y la persecución a voces críticas, escenario que se intensificó tras las protestas masivas que sacudieron Hong Kong en 2019. Aquellas manifestaciones —las más multitudinarias desde la transferencia de soberanía de Reino Unido a China en 1997— impulsaron la promulgación de la ley de seguridad nacional bajo el argumento de combatir la sedición y la injerencia extranjera.
Tras hacerse pública la sentencia, la Unión Europea reiteró su preocupación por un retroceso democrático en Hong Kong. Según declaró la portavoz de Exteriores comunitaria, Anitta Hipper, la región vive una “erosión de la democracia” y una persecución sistemática de voces opositoras. Hipper recordó que los cargos contra Jimmy Lai conllevan la posibilidad de cadena perpetua y defendió el valor de una “prensa libre e independiente”, en alusión a Apple Daily. La vocera sostuvo que la UE continúa instando a China y la administración de Hong Kong a cumplir sus compromisos legales para proteger derechos y libertades fundamentales, tal como reafirmó ante medios internacionales.
El fallo judicial movilizó a entidades de defensa de los derechos humanos. Human Rights Watch denunció lo que describe como un cambio radical en la política de Hong Kong hacia la prensa. Elaine Pearson, directora del programa para Asia de la organización, calificó el juicio contra Lai como una respuesta del gobierno para “silenciar a todo el que se atreva a criticar al Partido Comunista” de China. De acuerdo con Human Rights Watch, el proceso presentado contra el activista mostró graves irregularidades: la designación directa del panel de jueces por parte del gobierno local, la extensa prisión provisional de Lai antes de que iniciara el juicio y el impedimento al acceso de abogados de elección del acusado. También informaron sobre la negativa a conceder servicios consulares británicos, a pesar de la nacionalidad británica de Jimmy Lai.
Organizaciones y familiares también mostraron alarma acerca del trato carcelario dispensado a Lai durante su detención antes y después del juicio. Human Rights Watch especificó que el aislamiento prolongado constituye una forma de tortura según los estándares internacionales y recordó la avanzada edad de Lai y su estado de salud, que incluye diabetes. Los familiares, citados en reportes, afirmaron que el empresario muestra señales físicas de decaimiento y sufren la falta de acceso a condiciones adecuadas tras cinco años de privación de libertad.
El cierre de Apple Daily supuso el fin de uno de los mayores periódicos críticos con el gobierno chino y local en la región. Según consignaron diversas fuentes, la presión sobre el diario incluyó allanamientos policiales, congelamiento de activos y la detención de varios directivos. Desde la clausura del Apple Daily, periodistas y trabajadores de prensa han reportado un clima restrictivo, marcado por el temor a procesos similares y la disminución del espacio cívico y mediático en la ciudad.
Algunos observadores, citados por HKFP, resaltaron que desde la entrada en vigor de la ley de seguridad nacional en Hong Kong se ha intensificado la disminución de libertades políticas y civiles, como también la vigilancia a los medios de comunicación y la criminalización de la protesta social. A partir de la transferencia de soberanía en 1997, el acuerdo conocido como “un país, dos sistemas” implicaba mantener un régimen autónomo para Hong Kong con garantías de libertades civiles y políticas, puntos que, según organizaciones internacionales, se han visto reducidos significativamente desde 2020 por la aplicación de la nueva legislación.
El proceso contra Lai se enmarca en ese contexto. Sus abogados y defensores denuncian que no tuvo acceso a una defensa adecuada, mientras las cancillerías europeas y estadounidenses han emitido comunicados reiterando el carácter fundamental de las libertades individuales en Hong Kong. Human Rights Watch recordó que la negativa a prestar asistencia consular a Lai representa una violación de los compromisos internacionales. Por su parte, las autoridades judiciales justificaron la decisión señalando pruebas de colaboración entre Lai y actores extranjeros para, supuestamente, promover sanciones contra los gobiernos de Pekín y Hong Kong.
El impacto de la sentencia se refleja en llamados internacionales a revisar la aplicación de leyes de seguridad en la región y a garantizar la protección de los derechos humanos y el funcionamiento de una prensa crítica. Tanto la Unión Europea como diversas ONG reiteraron la vigencia de llamados para la liberación de Jimmy Lai, mientras el caso sigue siendo observado como un indicador de la evolución de derechos civiles en Hong Kong.
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