El TPI desestima una serie de recursos de Israel contra su investigación sobre Gaza

Uno de los argumentos principales presentados por Israel ante el Tribunal Penal Internacional se centraba en la supuesta existencia de cambios significativos en el contexto del conflicto palestino-israelí desde el 7 de octubre de 2023. Sin embargo, según informó el medio de comunicación, el TPI concluyó que las circunstancias fundamentales del caso permanecen sin variaciones relevantes, por lo que no encontraron justificación para reiniciar ni suspender las pesquisas sobre presuntos crímenes en la Franja de Gaza. Al desestimar estos recursos, la corte mantiene vigentes las investigaciones abiertas por la Fiscalía, reforzando la validez de las órdenes de arresto internacionales emitidas previamente contra altos dirigentes israelíes y líderes del grupo islámico Hamás.

El Tribunal Penal Internacional, según consignó la fuente, rechazó este lunes una serie de apelaciones presentadas por las autoridades israelíes. Los recursos pretendían detener la investigación sobre la actuación de las fuerzas israelíes durante su ofensiva sobre Gaza, alegando la aparición de una “nueva situación” que justificaría la anulación y el reinicio de todo el proceso investigativo. Sin embargo, los magistrados del TPI subrayaron que la investigación sigue refiriéndose al mismo conflicto armado, dentro del mismo territorio y con las mismas partes involucradas, tal como publicó el tribunal en su decisión. De acuerdo con la información del medio, las alegaciones israelíes se apoyaban en el artículo 18 del Estatuto de Roma, normativa que regula el funcionamiento del tribunal y los criterios de admisibilidad para la prosecución de denuncias por crímenes de guerra.

La corte, según reportó la fuente, no apreció elementos sustanciales nuevos en el proceso que obliguen o justifiquen un nuevo periodo de notificación ni reconfiguración del enfoque de la Fiscalía. Indicó que la investigación, que fue abierta formalmente en 2021, continúa englobando posibles delitos cometidos desde el 13 de junio de 2014, manteniéndose vigente y sin una fecha de cierre establecida. Por consiguiente, toda la escalada de violencia posterior al 7 de octubre de 2023 se incorpora dentro del arco temporal ya fijado por la fiscalía internacional en sus pesquisas.

El medio detalló que esta resolución refuerza los argumentos jurídicos de las órdenes de arresto internacional emitidas en noviembre de 2024 por el TPI. Tales órdenes afectan tanto al actual primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, como a Yoav Gallant, quien desempeñaba el cargo de ministro de Defensa durante la ofensiva investigada. Ambos funcionarios están acusados por la Fiscalía de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad, infracciones comprendidas en múltiples episodios del conflicto. Además, según informó la fuente, el tribunal extendió estas órdenes de detención a tres líderes del Movimiento de Resistencia Islámica, Hamás; no obstante, estos dirigentes han fallecido durante acciones militares recientes del Ejército israelí en Gaza.

El TPI recordó que su investigación en Palestina se enmarca en las competencias reconocidas bajo el Estatuto de Roma, principio que faculta al tribunal a intervenir en situaciones donde se alegan, documentan o existen indicios razonables de crímenes graves. En el caso específico de Gaza, la institución internacional ha venido recopilando testimonios, informes periodísticos, documentación de agencias humanitarias y pruebas materiales sobre las acciones bélicas y sus consecuencias sobre la población civil y las infraestructuras palestinas.

Según publicó la fuente, la ofensiva israelí en el enclave palestino ha provocado la muerte de más de 70.000 personas desde el inicio del conflicto intensificado. Las acciones armadas investigadas comprenden ataques aéreos, bombardeos, desplazamientos forzados y bloqueos, conductas que forman parte del expediente examinado por la Fiscalía del tribunal. Tanto Israel como Hamás figuran como partes investigadas por hechos que el TPI califica como crímenes de guerra, en línea con la jurisdicción internacional reconocida desde que Palestina adquirió el estatus de Estado parte en la corte.

A lo largo del procedimiento, según reportó el medio, las autoridades israelíes sostuvieron que las nuevas dinámicas del conflicto modificarían el alcance y la interpretación de las investigaciones actuales. No obstante, la sala de instrucción del tribunal internacional determinó que el marco factual y legal permanece inalterado y, en consecuencia, no es necesario reiniciar la actuación de la Fiscalía ni su proceso de notificación oficial a las partes. Esta postura coincide con las opiniones expuestas por varias organizaciones de derechos humanos y observadores internacionales, quienes han insistido en la continuidad de la rendición de cuentas en el conflicto.

De acuerdo con los antecedentes documentados en la resolución, el TPI considera que las órdenes de arresto vigentes responden tanto a pruebas materiales recopiladas como a criterios legales firmes en relación con violaciones registradas en el contexto de la guerra. La investigación se orienta a determinar la presunta responsabilidad penal individual de quienes ostentaban o ostentan el mando en las fuerzas armadas, el gobierno israelí y las milicias palestinas, conforme al mandato especializado del tribunal.

Israel no reconoce la jurisdicción del TPI, posición reiterada por voceros oficiales a raíz de las órdenes de arresto y la continuidad de la investigación. El gobierno israelí ha manifestado su rechazo a la intervención del tribunal, calificando sus actuaciones como infundadas y cuestionando la competencia misma de la institución para juzgar acontecimientos relacionados con la seguridad y la “legítima defensa” del Estado. Pese a esta postura, la corte ha reiterado, según detalló la fuente, que dispone de mandato legal para actuar ante crímenes de especial gravedad en territorios reconocidos bajo su jurisdicción.

En este contexto, la investigación internacional sobre los presuntos crímenes cometidos en el enclave palestino abre un escenario de posibles arrestos y limitaciones diplomáticas para los funcionarios señalados, mientras sigue el escrutinio internacional sobre las consecuencias humanas de la ofensiva militar. El resultado de la reciente decisión del TPI representa un paso procesal clave en la continuación de las pesquisas, manteniendo abiertas todas las vías legales para el enjuiciamiento internacional de responsables de crímenes contemplados en el derecho penal global.

El caso del Estado de Palestina ante el TPI continúa desarrollándose en paralelo a los procesos locales y regionales de búsqueda de justicia en medio de uno de los conflictos más observados por la comunidad internacional. Las decisiones adoptadas este lunes refuerzan el papel del tribunal como instancia independiente para la persecución de crímenes graves, según el propio marco legal acordado por los países miembros del Estatuto de Roma y las obligaciones derivadas de la ley internacional humanitaria.