Bucarest, 15 dic (EFE).- El Gobierno de gran coalición de Rumanía superó ese lunes la quinta moción de censura lanzada por la oposición ultranacionalista desde que asumió el poder el pasado junio.
La moción obtuvo 139 votos a favor de diputados y senadores, 94 menos de los necesarios para prosperar.
Respaldada por el ultranacionalista AUR, segundo partido en el Parlamento, la moción acusaba al Ejecutivo de haber fracasado en la gestión de las finanzas públicas, la salud, la educación y la administración, y lo responsabilizaba de la elevada inflación, la caída del poder adquisitivo, el aumento de impuestos y el endeudamiento.
El primer ministro, el conservador Ilie Bolojan, denunció por su parte que AUR no comprende el contexto económico, social y geopolítico que atraviesa el país, marcado por un elevado déficit que en 2024 llegó al 9,3 %, el más alto en la Unión Europea (UE).
Bolojan, que dirige un Gobierno formado por el socialdemócrata PSD, el conservador PNL, el liberal USR y el UDMR de la minoría húngara, afirmó que ya se ha empezado a sanear las finanzas y prometió que en 2026 no habrá más subidas de impuestos.
"Nos centraremos en recaudarlos correctamente, combatiendo la evasión fiscal, atrayendo fondos europeos para inversiones continuas y restableciendo la economía sobre bases más sólidas", prometió.
El Gobierno aprobó el pasado verano un duro paquete de austeridad para reducir el déficit, que incluye subidas de impuestos, congelación de salarios en el sector público y reducción de la inversión pública.
El Fondo Monetario Internacional prevé que el déficit bajará en 2026 hasta alrededor del 6 %, mientras que la inflación podría acercarse al 8%.
El Gobierno afronta desde hace días múltiples protestas tras emitirse un documental de investigación en el que varios fiscales y jueces afirman que el Tribunal de Apelación de Bucarest cambia y nombra a los jueces para favorecer a acusados de corrupción.
El presidente del país, Nicusor Dan, y el ministro de Justicia, Radu Marinescu, han anunciado que se va a crear un grupo de trabajo para tratar los problemas en el sistema judicial. EFE
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