El Constitucional de Portugal declara inconstitucionales varias disposiciones de la ley de nacionalidad

El presidente del Tribunal Constitucional de Portugal, José João Abrantes, detalló que la ausencia de criterios objetivos en la normativa que permitía cancelar la nacionalidad en situaciones de rechazo a la comunidad o a los símbolos nacionales impedía a los ciudadanos anticipar las consecuencias de sus actos. Según informó Europa Press, el alto tribunal portugués anuló varias disposiciones clave sobre la adquisición y la pérdida de ciudadanía al considerar que vulneraban derechos fundamentales y carecían de la precisión necesaria para ofrecer seguridad jurídica.

De acuerdo con Europa Press, el pleno del Tribunal Constitucional emitió el fallo el lunes, declarando inconstitucionales varios artículos de la ley de nacionalidad y de recientes modificaciones al Código Penal referentes a la retirada de la ciudadanía. La decisión se produjo por consenso entre los magistrados, existiendo unanimidad en tres de los cuatro apartados impugnados, aunque uno de los puntos generó una opinión disidente. El medio europeo precisó que estas disposiciones habían sido promovidas por el Gobierno conservador de Luís Montenegro y contaron con el apoyo parlamentario de fuerzas como el partido Chega y agrupaciones liberales.

Entre los preceptos anulados figura la restricción automática para acceder a la ciudadanía portuguesa a personas condenadas por delitos cuyo castigo contemple al menos dos años de prisión. Según publicó Europa Press, Abrantes explicó que la redacción de la norma impedía realizar un examen individual sobre el efecto que una condena penal podría tener en la integración del solicitante en la sociedad portuguesa, suprimiendo toda valoración casuística acerca de la reinserción o la participación social del interesado.

Otra cláusula considerada inconstitucional afectaba a aquellos que hubieran obtenido la nacionalidad de buena fe pero después se vieran implicados en un caso calificado como fraude evidente. El Tribunal Constitucional observó, según publicó Europa Press, que la falta de parámetros precisos para diferenciar entre conductas fraudulentas cometidas durante el proceso de solicitud y las detectadas tras la concesión de la nacionalidad hacía inviable que los afectados pudieran anticipar cómo la ley podría aplicarse en sus casos.

Europa Press relató que también se examinó una modificación referente a las solicitudes de nacionalidad aún no resueltas. La disposición impugnada determinaba que los requisitos para acceder a la ciudadanía debían cumplirse en la fecha de presentación de la solicitud, no en el momento de resolución, lo cual contradecía el criterio legal previo. Los magistrados recordaron, según reportó Europa Press, que el Tribunal Supremo ya había invalidado previamente este mecanismo, por considerarlo contrario al principio de protección de la confianza legítima, elemento clave en el Estado de derecho portugués.

El fallo también señala que cambios recientes en el procedimiento de retirada de la nacionalidad a raíz de actitudes calificadas como rechazo a la comunidad o a símbolos nacionales no se sustentaban en criterios legales claros. Durante la lectura de la sentencia, reproducida por Europa Press, se advirtió que la ambigüedad de estas normas impedía construir un marco de protección jurídica objetivo, arrojando un grado significativo de incertidumbre para las personas potencialmente afectadas.

En cuanto a las modificaciones del Código Penal vinculadas a la revocación de la ciudadanía, el Tribunal Constitucional concluyó que estas chocaban con los principios de igualdad y proporcionalidad, detalló Europa Press. La decisión del alto tribunal portugués remarca que los cambios promovidos por el Ejecutivo y el Parlamento ponían en entredicho las garantías mínimas requeridas para la protección de los ciudadanos frente al poder estatal.

Europa Press informó que la tramitación parlamentaria de esta reforma obtuvo el respaldo de 157 diputados y fue rechazada por 64, superando la mayoría cualificada de dos tercios necesaria para modificar leyes fundamentales. No obstante, pese a la sentencia de inconstitucionalidad, el proceso legislativo podría continuar, ya que la anulación afecta únicamente a disposiciones concretas y no a la totalidad del marco legal sobre la nacionalidad.

La revisión de estos artículos fue solicitada por el Partido Socialista, principal fuerza de oposición parlamentaria en Portugal, quien cuestionó tanto la falta de determinación jurídica como los posibles efectos discriminatorios de las reformas. Europa Press indicó que estos cambios introducidos por el bloque conservador reflejan tensiones políticas acerca del acceso, la integración y las condiciones para la pérdida de la ciudadanía en el país.