Consumo sanciona con 64 millones de euros a Airbnb por anunciar viviendas sin licencia

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid confirmó la validez de las órdenes ministeriales que obligan a Airbnb a eliminar de inmediato los anuncios de alojamientos turísticos que incumplían la legislación vigente, consolidando el fundamento legal de la resolución del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 contra la plataforma estadounidense. Según detalló el propio Ministerio, la sanción principal asciende a 64.055.311 euros, a raíz de la comprobación de miles de publicaciones irregulares en la web de la compañía, incluidas viviendas sin licencia y otras infracciones respecto a la transparencia y la información a los usuarios.

De acuerdo con la información difundida por el Ministerio bajo la dirección de Pablo Bustinduy y reproducida en los principales medios, la inspección administrativa identificó hasta 65.122 anuncios vinculados a estas prácticas, lo que dio lugar a una de las multas más altas registradas en el ámbito del consumo en España. La resolución obliga a Airbnb a suprimir de su plataforma todos los anuncios ilegales, modificar sus sistemas para ajustarse a la legislación española y publicar en sus canales oficiales tanto la magnitud de la multa como las razones por las que fue sancionada.

La investigación se extendió durante varios meses y documentó que muchas de las publicaciones carecían del número de registro obligatorio que requieren la mayoría de las normativas autonómicas para los alquileres turísticos. Según consignó el Ministerio, otros tantos anuncios presentaban datos registrales inexistentes o incorrectos, y la plataforma tampoco aportaba información verídica sobre la identidad o condición jurídica de los anfitriones responsables de los alquileres. Consumo calificó estas prácticas como publicidad engañosa, dado que dificultan la labor de supervisión de las autoridades y afectan la protección de los consumidores.

El cálculo de la sanción económica se basó en que la cifra representa seis veces el beneficio económico que Airbnb habría obtenido de manera ilícita durante el periodo en el que mantuvo dichos anuncios en la plataforma. Según el informe ministerial citado en el comunicado oficial, la infracción grave se sostuvo desde que la administración dirigió el primer apercibimiento formal a la empresa hasta que esta procedió, finalmente, a retirar los contenidos fraudulentos tras el avance del expediente administrativo.

La resolución no se limita a la multa principal. El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 reportó que el procedimiento incluyó también sanciones accesorias. Entre ellas figura una multa de 10.000 euros por infracción leve relacionada con la omisión de información esencial sobre la identidad jurídica de los ofertantes en la contratación a distancia de viviendas. Otra sanción leve del mismo importe recayó sobre Airbnb por negarse a proporcionar información durante la instrucción del expediente, lo cual fue interpretado por la administración como una obstrucción a la actividad supervisora de las autoridades.

El expediente sancionador añade una infracción grave evaluada en 55.000 euros, resultado del incumplimiento de las medidas provisionales dictadas por el órgano instructor. Estas disposiciones buscaban minimizar potenciales riesgos o perjuicios a los consumidores mientras se tramitaba la resolución definitiva del caso, indican los documentos del Ministerio.

El fallo administrativo consideró desleal la actuación comercial de Airbnb respecto a los usuarios en España, recalcando la importancia de los requisitos de transparencia, veracidad e identificación en el sector del alquiler turístico. De acuerdo con el Ministerio, la obligación de publicar la sanción y sus motivos en los canales oficiales de la compañía tiene como objetivo garantizar la visibilidad de la resolución y promover conductas responsables en el mercado digital.

El contexto en el que se produjo esta actuación forma parte de una estrategia estatal más amplia dirigida a abordar retos crecientes en el acceso a la vivienda. El Departamento encabezado por Pablo Bustinduy subrayó, en declaraciones recogidas en el comunicado ministerial, la preocupación social en torno a la dificultad para acceder a un hogar asequible y el papel que desempeñan determinadas prácticas empresariales en la presión sobre el mercado inmobiliario. “Miles de familias viven al límite a causa de la vivienda, mientras unos pocos se enriquecen con modelos de negocio que expulsan a las personas de sus hogares”, afirmó Bustinduy, agregando: “Ninguna empresa en España, por grande o poderosa que sea, puede estar por encima de la ley”.

Según el Ministerio, esta sanción representa un hito en materia de seguimiento y exigencia legal a las grandes plataformas digitales que actúan como intermediarias en el alquiler turístico en España. La actuación administrativa contra Airbnb coincide con la apertura de otros expedientes similares dirigidos a agencias inmobiliarias y empresas tecnológicas que participan en la gestión de viviendas ofertadas mediante canales digitales, por supuestas prácticas abusivas o contrarias a la normativa vigente.

El expediente que derivó en la sanción a Airbnb ya agotó todas las instancias administrativas, dando paso a la ejecución de las órdenes impuestas. La compañía debe implementar cambios técnicos y operativos para evitar la reincidencia en la gestión y publicación de anuncios que no cumplan con los requisitos legales españoles. El Ministerio remarcó que la medida también persigue reforzar el control y la transparencia informativa en un sector que ha experimentado transformaciones aceleradas debido a la digitalización y la irrupción de plataformas internacionales.

Entre los elementos destacados en la resolución figura el carácter sistemático de las infracciones, cuyo alcance, según Consumo, excedía situaciones puntuales y reflejaba una vulneración continuada de la legislación de consumo. El expediente recogió evidencias documentales sobre anuncios activos en la web que, en lugar de transparentar la información del ofertante y la legalidad del alojamiento, exponían a los usuarios a riesgos y dificultaban la labor de inspección de las autoridades competentes.

La difusión de la sanción y la exigencia de retirar todos los anuncios irregulares forman parte de las herramientas administrativas que el Ministerio emplea para corregir prácticas que considera lesivas para el interés general y para fomentar la confianza en los servicios de alquiler digitalizados. Además, la resolución busca sentar un precedente que refuerce el cumplimiento de las normas en el sector y oriente a otras empresas sobre la necesidad de observancia escrupulosa de los marcos legales establecidos en el ámbito del consumo y la vivienda.