Airbnb recurrirá la multa de 64 millones de Consumo: "Es contraria al marco legal español y europeo"

Airbnb alega que la exoneración de responsabilidad sobre los datos de registro de los alojamientos turísticos ya fue ratificada por sentencias del Tribunal Supremo y del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea, que delimitaron la función de la plataforma como prestadora de servicios digitales y no como agente inmobiliario. A la luz de este precedente, la empresa rechaza la sanción de 64.055.311 euros impuesta por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, calificándola como incompatible con el marco jurídico tanto nacional como europeo y subrayando su decisión de recurrir la multa ante la justicia, según informó Europa Press.

En un comunicado público citado por Europa Press, la compañía señala que la obligación de exigir y mostrar el número de registro en los anuncios de alquiler se incorporó tras la reciente entrada en vigor de la normativa sobre alquileres de corta duración el 1 de julio, mucho después de que se iniciase el proceso sancionador en 2024. Airbnb recalca que “no era aplicable cuando se inició esta contienda en 2024, un año antes de la entrada en vigor de las mencionadas obligaciones a plataformas”, limitando así la base de la sanción administrativa.

El importe de la sanción se encuentra entre las más elevadas impuestas por organismos de defensa del consumidor en España, superada únicamente por la multa de 108 millones de euros que recibió Ryanair, según detalló el ministro del ramo, Pablo Bustinduy, en declaraciones recogidas por Europa Press. Bustinduy recordó que la resolución administrativa es definitiva, por lo que, aunque Airbnb recurra, la empresa se verá obligada a pagar mientras el procedimiento judicial sigue su curso.

La resolución surge tras una investigación sobre 65.122 anuncios en la plataforma, de los cuales el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 detectó prácticas comerciales consideradas desleales hacia consumidores y usuarios. Entre las infracciones identificadas y reportadas por Europa Press, figuran la publicación de viviendas turísticas carentes de licencia, el uso de registros falsos o incorrectos, y la omisión de información clara respecto a la naturaleza jurídica de los anfitriones, hechos interpretados como publicidad engañosa.

La sanción de más de 64 millones de euros responde, según Consumo, a seis veces el beneficio ilícito calculado como resultado directo de estas prácticas, las cuales se sostuvieron incluso después de que la compañía recibiese el apercibimiento oficial del Ministerio. En ese intervalo, Consumo había exigido la retirada de los anuncios irregulares, resolución que fue posteriormente avalada por autos del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, según consignó Europa Press.

Además, Airbnb sostiene que la normativa europea exime a las plataformas digitales de la obligación de supervisión activa sobre los contenidos que publican sus usuarios. Cita la decisión del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea, emitida en diciembre de 2019, que especificó que las funciones de la empresa encajan dentro de los “servicios de la sociedad de la información” y no como intermediaria inmobiliaria obligada a verificar los datos de los anuncios.

La plataforma también referencia la decisión del Tribunal Supremo español de enero de 2022, que consolidó este criterio y estableció que la veracidad y completitud de los datos, incluidos los números de registro turístico, recae exclusivamente sobre los proveedores de servicios turísticos finales, no sobre la plataforma donde se publicitan. Airbnb afirma que estos fallos judiciales determinan su actuación y limitan el alcance de las exigencias normativas en España para el sector de los alquileres de corta duración.

Desde la entrada en vigor de la mencionada normativa, la plataforma afirma que ha colaborado con el Ministerio de Vivienda para asegurar el cumplimiento de los nuevos requisitos. Más de 70.000 anuncios se han adaptado incorporando su número de registro, manteniéndose disponibles para los usuarios. De acuerdo con el comunicado de la empresa, este proceso de actualización representa una voluntad de alineamiento con las autoridades y un esfuerzo para adaptarse a las regulaciones adoptadas por las comunidades autónomas.

El conflicto entre Airbnb y las autoridades de consumo está inscrito en el contexto de la regulación creciente de los alquileres turísticos en España, impulsada por la demanda de mayor transparencia y control para combatir la oferta ilegal y proteger los derechos de los consumidores. Las comunidades autónomas han venido exigiendo que los anuncios especifiquen de manera clara el número de registro, como mecanismo para supervisar la actividad económica y asegurar el cumplimiento de las normas tributarias y urbanísticas.

Con su recurso judicial, la compañía busca revertir la resolución administrativa y sostiene que aplica únicamente la condición de intermediario tecnológico, según el marco normativo europeo. La batalla legal abierta marcará el desarrollo futuro de la regulación sobre plataformas digitales en el ámbito turístico español, sector en el que confluyen intereses empresariales, competencias territoriales y la protección de los derechos de los consumidores, según los datos publicados por Europa Press.