Orbán, sobre la inmovilización de activos rusos por parte de la UE: "Es una declaración de guerra"

La controversia en torno al nuevo mecanismo para la gestión de activos rusos congelados por parte de la Unión Europea se intensificó tras las advertencias del gobierno de Viktor Orbán sobre la falta de una duración definida y límites claros en la medida. Según detalló Europa Press, las autoridades húngaras alertan que esta indefinición incrementa la ambigüedad, situando al bloque europeo ante mayores riesgos de litigios y afectando la coherencia de la política común en materia de sanciones. La noticia principal, según publicó el mismo medio, surge tras la decisión del Consejo Europeo de utilizar aproximadamente 210.000 millones de euros inmovilizados en fondos rusos para facilitar un préstamo de 90.000 millones de euros a Ucrania, hecho que ha abierto divisiones sin precedentes entre los Estados miembro.

De acuerdo con Europa Press, Viktor Orbán, primer ministro de Hungría, calificó el acuerdo de emplear activos rusos bloqueados para sostener financieramente a Ucrania como “una declaración de guerra”, en alusión tanto al volumen de recursos gestionados como al impacto sobre la relación diplomática de la Unión Europea con Moscú. El dirigente húngaro transmitió sus críticas ante líderes como Ursula von der Leyen, Friedrich Merz y Manfred Weber, donde consideró que este modelo ahonda la fragmentación política e institucional dentro del bloque y reduce la capacidad de Europa para llegar a soluciones negociadas en el conflicto con Rusia.

El instrumento adoptado, según declaró Budapest y recogió Europa Press, plantea que la devolución de los activos rusos dependerá de la conclusión del conflicto en Ucrania y el eventual reconocimiento ruso de responsabilidad sobre la destrucción causada en el territorio ucraniano. Durante los dos primeros años, la gestión de los intereses generados recaerá en la firma financiera Euroclear, con sede en Bélgica, lo que impulsará la autonomía presupuestaria de Ucrania en ese período.

Europa Press consignó que, desde la perspectiva húngara, emergen dos áreas críticas de preocupación. Por un lado, consideran que el diseño del mecanismo debilita el principio del consenso total dentro del bloque como condición para aprobar sanciones, ya que por tradición las decisiones en política exterior y de seguridad requerían la unanimidad de los gobiernos. Por otro lado, subrayan que el cambio hacia la toma de decisiones por mayoría cualificada supone una modificación estructural en la gobernanza de la Unión, lo que podría derivar en una menor cohesión para responder a situaciones de crisis y crear un precedente difícil de revertir a futuro.

La controversia, afirma Europa Press, no se limita a Hungría. Eslovaquia expresó de forma oficial y por escrito ciertas reservas respecto del mecanismo, aunque en un tono menos insistente que sus vecinos húngaros. La suma de estas objeciones internas ilustran las crecientes dificultades de la Unión Europea para mantener la unidad cuando se abordan decisiones de alcance y consecuencias extraordinarias, en particular frente a la guerra en Ucrania y la presión europea sobre Rusia mediante sanciones económicas.

El medio Europa Press indicó que el nuevo esquema establece que los fondos congelados podrán destinarse al apoyo financiero de Ucrania mientras continúe el conflicto, incrementando el grado de implicación económica de la Unión con Kyiv y dando un giro significativo en el modo de canalizar ayuda en contextos de conflicto armado. Viktor Orbán advirtió, además, que replicar este tipo de medidas en contextos internacionales distintos podría incrementar la presión política y financiera sobre otros Estados miembro, con efectos sobre la estabilidad interna del bloque.

Según reportó Europa Press, el gobierno húngaro respalda la idea de que la ayuda a Ucrania se base en contribuciones proporcionales a la capacidad económica de cada país de la Unión, como alternativa al mecanismo vigente. Para Budapest, este enfoque distribuiría de manera más equitativa la carga financiera entre los socios, aunque Orbán reconoció que también generaría nuevas tensiones fiscales para los Estados con menos recursos y podría dificultar la flexibilidad de la UE ante eventuales cambios en el escenario bélico o en la gestión de los apoyos.

Europa Press reiteró que Orbán puso énfasis en los riesgos legales que supone el precedente, ya que nunca antes la Unión Europea había recurrido a activos de un país tercero en circunstancias similares. El líder húngaro insistió en que esta práctica reduce la seguridad jurídica, amplía la incertidumbre sobre el futuro de la arquitectura sancionadora comunitaria y agrega elementos de imprevisibilidad a la gestión de activos extranjeros en situaciones de crisis.

Por su parte, el Consejo Europeo sostuvo, según documentó Europa Press, que la utilización de los activos rusos congelados se presenta como indispensable para garantizar el respaldo continuado a Ucrania ante la prolongación del conflicto y la falta de avances en las negociaciones diplomáticas. Esta postura oficial contrasta con las advertencias de Budapest y sus críticas sobre la legitimidad y eficacia del régimen extendido de sanciones, así como las dudas sobre la aplicabilidad futura de un mecanismo que carece de un plazo claramente delimitado y puede ser modificado por mayoría cualificada.

La implementación de este modelo, relató Europa Press, cambia elementos centrales en la estructura institucional de la Unión Europea, especialmente en lo que atañe a la regla de unanimidad en temas de política exterior. La medida sienta un precedente en la gestión y destino de fondos de países no miembros y redefine los alcances del consenso necesario para adoptar decisiones sensibles en tiempos de crisis profundas.

En el análisis de Budapest, la opción de utilizar activos rusos para financiar a Ucrania transmite el mensaje de un endurecimiento de la política comunitaria hacia Rusia, lo que puede restringir la capacidad de la Unión para tejer acuerdos más amplios entre los Estados miembro y responder con eficacia ante nuevas emergencias internacionales. El medio Europa Press recordó que las autoridades húngaras sostienen que el caso, por su diseño, duración indefinida y posibilidad de modificación, marcará el rumbo de futuros debates sobre el uso de activos foráneos durante conflictos y crisis europeas.

El recurso a la mayoría cualificada, que dejó atrás la norma del veto nacional, se convirtió según Budapest en un punto crítico de debate institucional, con implicaciones para la solidez del modelo de gobernanza europeo y la protección jurídica de fondos internacionales en suelo comunitario. Europa Press sintetizó que la decisión del Consejo Europeo, así como los cuestionamientos y reservas expresados por gobiernos como el húngaro y el eslovaco, reflejan el desafío latente de preservar la cohesión y legitimidad de la Unión Europea mientras se enfrenta a crisis complejas que imprimen presiones inéditas sobre su equilibrio político y normativo.