Miles de personas protestan en Hungría tras un escándalo de abusos en centros de menores

La intervención gubernamental en el centro juvenil de la calle Szolo, incluida la destitución de su director tras la filtración de videos donde se observan agresiones físicas y humillaciones a jóvenes bajo custodia estatal, ha reavivado el debate público sobre la protección de menores en Hungría, según reportó Nepszava. La magnitud de la crisis derivada de estos registros gráficos, que alcanzó repercusión nacional, desencadenó una ola de manifestaciones multitudinarias en Budapest y en otras ciudades, así como un llamado generalizado tanto a reformas inmediatas del marco legal como a la reestructuración del sistema nacional de tutela infantil.

Durante las manifestaciones organizadas a raíz del escándalo, portavoces y participantes recalcaron que el caso Szolo no constituía una excepción aislada, sino que reflejaba deficiencias estructurales en instituciones estatales de varias ciudades, entre ellas Bicske, Rákospalota, Szolnok y Tiszadob. De acuerdo con Nepszava, estos episodios impulsaron a los manifestantes a exigir sanciones para los responsables, así como la ejecución de auditorías independientes y la transformación estructural del sistema nacional de protección a menores. Tanto los organizadores como los asistentes a las protestas señalaron la importancia de elaborar protocolos de intervención estrictos y de fortalecer los mecanismos de transparencia en la administración de estos centros.

Las demandas sociales no se centraron exclusivamente en una mayor supervisión sino también en el reclamo de responsabilidades políticas y administrativas, incluidas solicitudes explícitas de renuncia para altos funcionarios implicados en la gestión de instituciones juveniles. Según publicó Nepszava, las protestas subrayaron la necesidad de instaurar instancias de supervisión tanto interna como externa y de actualizar los marcos legales para asegurar el bienestar físico y mental de los menores bajo tutela del Estado. Asimismo, las consignas dirigidas al Ejecutivo incluyeron solicitudes de creación de garantías efectivas para resguardar la seguridad de los menores y el acceso a mecanismos de denuncia con protección para las víctimas.

Ante el creciente descontento social, el gobierno húngaro reaccionó retirando del cargo al máximo responsable del centro de la calle Szolo y declarando la intervención estatal de la institución. Sin embargo, Nepszava indicó que dicha medida no apaciguó las manifestaciones ni redujo la presión sobre las autoridades para implementar reformas de fondo en el sistema de protección infantil. Diversos colectivos y figuras públicas reclamaron la integración urgente de controles externos capaces de prevenir nuevos casos de abuso y de corregir las deficiencias históricas detectadas en la gestión estatal de estos centros.

El debate político tomó un nuevo giro cuando el líder opositor Péter Magyar, representando al partido Tisza, aportó nuevas denuncias relativas a la invisibilidad y vulnerabilidad que enfrentan los menores institucionalizados en el país. Nepszava detalló que Magyar manifestó la urgencia de actualizar las normas existentes e incluir la defensa de derechos específicos para jóvenes en situaciones de tutela estatal dentro de las políticas públicas y plataformas electorales. Entre sus planteamientos figuró la exigencia de controles rigurosos y protocolos que garanticen la rendición de cuentas en caso de irregularidades.

La respuesta inicial del gobierno, representada por las declaraciones del portavoz Gergely Gulyas, intentó restar gravedad a los hechos, describiendo el centro Szolo como un establecimiento de detención para jóvenes implicados en delitos y sin diferenciar entre menores y adultos jóvenes, relató Nepszava. Parte de la opinión pública interpretó estas afirmaciones como un intento de desviar la atención de la responsabilidad estatal sobre los internos. Ante la continuidad de la presión ciudadana, el primer ministro Viktor Orbán modificó la postura gubernamental, al declarar: “Aquí no hay lugar para la discusión. Ni siquiera un joven delincuente puede ser tratado como este guardia de la prisión trató al preso. Esto es inaceptable, no hay ninguna historia”, según reproduce Nepszava. Esta declaración oficial reflejó un cambio de tono y amplificó las peticiones urgentes de reforma en la legislación y la política de protección juvenil.

La cobertura de Nepszava recogió que, paralelamente, se activaron debates parlamentarios y se impulsaron propuestas de ley destinadas a implementar auditorías externas, fortalecer los protocolos de intervención y proteger tanto física como emocionalmente a los internos de los centros estatales. Políticos y organizaciones civiles promovieron modificaciones al marco legislativo con la intención de evitar la repetición de hechos similares a los acontecidos en la calle Szolo y de abordar la supervisión de otras instituciones señaladas por los manifestantes.

El caso Szolo provocó que el Parlamento y la sociedad civil mantuvieran el foco en la mejora de la transparencia institucional y en el establecimiento de mecanismos de control independientes, reportó Nepszava. Las prioridades incluyeron la garantía de derechos de los menores, la promoción de la justicia para las víctimas y la remoción de obstáculos históricos en los sistemas de denuncia y seguimiento de posibles abusos. A raíz del incremento en la presión social y la cobertura intensiva en medios, los temas vinculados con la protección infantil pasaron al primer plano de la agenda nacional.

El seguimiento sobre los centros estatales responsables de la tutela de menores se mantiene intenso, documentó Nepszava, y el funcionamiento de estas instituciones permanece bajo examen tanto por parte de organizaciones civiles como del propio Poder Legislativo. La discusión pública continúa abierta en torno a la necesidad de actualizar reglamentos, perfeccionar procedimientos administrativos y asegurar que la vigilancia externa opere como salvaguarda de los derechos e integridad de los jóvenes alojados en centros estatales.